El Ayuntamiento de Barcelona se niega a facilitar la documentación económica incluida en los presupuestos en castellano. El gobierno de Ada Colau ha rechazado la petición realizada por Valents. En sus alegaciones, la formación liderada por Eva Parera indicaba que “de cara a poder realizar un estudio y comparación más exhaustivas por parte de los diferentes grupos políticos, solicitamos que la información, además de en catalán, se haga llegar en castellano”.
En su respuesta, el consistorio rechaza la petición porque “la elaboración de la documentación que forma parte del presupuestos se hace de acuerdo con lo que se establece en el artículo 15 de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo, el Estatuto de Autonomía y el resto de normativa aplicable”.
Eva Parera, durante una entrevista en Crónica Global / LENA PRIETO (CG)
El pasado mes de noviembre se presentaron los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2023. “El Ayuntamiento de la ciudad presenta numerosa documentación económica sobre los presupuestos, entre la que se encuentran los balances, las cuentas de ingresos y gastos, el libro verde (resumen detallado de los presupuestos), la memoria y la base de datos del detalle de los ingresos y gastos. Esta documentación se puede encontrar en internet tanto en catalán como en español, pero la documentación que detalla los presupuestos está única y exclusivamente en catalán”, explica Eva Parera, candidata a la alcaldía de Barcelona.
Alegaciones
Por ello, durante el periodo de alegaciones, el partido solicitó que se presentara toda la documentación económica también en español, “con la voluntad de mejorar y ampliar el acceso a la información, así como para facilitar su análisis a un mayor número de personas”.
Parera denuncia que la respuesta del gobierno de Colau y el PSC fue “negativa. Se escudaron en artículos y leyes que lo que hacen es contradecir su actuación. La normativa que según Colau y Collboni les impide presentar los presupuestos en español es ‘el artículo 15 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo, el Estatuto de Autonomía y el resto de normativa aplicable’”.
Lo que dice la ley
La citada ley establece que “la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella”.
En este caso “el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos”. La misma ley añade que “en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente”.
El Estatut
El Estatut, por su parte, establece que "el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede existir discriminación por el uso de cualquiera de las dos lenguas".
Asimismo, añade el texto estatutario, "los ciudadanos tienen derecho a opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, organizaciones y administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a las instituciones, organizaciones y administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, y, en general, a las entidades privadas que dependen de ellas cuando ejercen funciones públicas".
Según Parera, "estos no son los presupuestos de Barcelona, son los presupuestos de Colau, Collboni y los independentistas".