El Supremo rechaza el recurso del Govern contra el 25% de castellano en un colegio de Castelldefels

La justicia vuelve a tumbar los planes de la Generalitat de Cataluña de imponer el monolingüismo obligatorio en catalán en las escuelas de la autonomía. Esta vez, en el colegio Frangoal de Castelldefels (Barcelona), después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso del Govern secesionista contra el mínimo de 25% de clases en castellano.

En concreto, el Supremo ha declarado firme la sentencia que anulaba el proyecto lingüístico de la Escola Frangoal, donde se aplicaba la inmersión monolingüe obligatoria en catalán. Y descarta el recurso de la Generalitat, que argumentaba que tal anulación --que protegía el bilingüismo-- dañaba, a su entender, al sistema educativo catalán y a "los intereses generales", según explica Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Matemáticas en castellano

Este colegio concertado de Castelldefels ha sido uno de los que, ya en 2020, recibió la orden judicial de aplicar el modelo de conjunción lingüística consistente en que el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares.

Al igual que en otros casos, la petición de bilingüismo de varias familias ante los tribunales hizo posible el cambio del proyecto lingüístico del centro, de manera que en toda la etapa de primaria se debe impartir la asignatura de matemáticas en castellano, no sólo en los grupos-clase de los niños cuyos padres solicitaron la enseñanza bilingüe. Con el sistema de inmersión, únicamente se puede dar clase en castellano en la de Lengua Castellana.

A pesar de que el propio Supremo ha declarado en sentencia firme que el mínimo 25% de castellano en asignaturas troncales tiene que aplicarse en todas las escuelas de Cataluña, esta orden ha sido burlada e incumplida por la Generalitat, al elaborar dos leyes a posteriori para hacerla inaplicable: una mediante un decreto del Govern, y otra mediante una ley aprobada en el Parlament con los votos a favor del PSC, ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem. Esta nueva legislación mantiene la defensa de la inmersión y en la actualidad se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero continúa vigente debido a la inacción del Gobierno español, tal como reconoció el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista televisiva.