Un instituto 'rompe' una sentencia firme a favor del 25% por el lío normativo del Govern

“Todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen que garantizar el cumplimiento de este nuevo marco normativo y, por tanto, todas las medidas judiciales que se hayan determinado en la aplicación del 25% resultan incompatibles”. Así se dirigió el director del Instituto Valèria Haliné de Castelldefels (Barcelona) a una familia para explicarle que su hijo dejaría de tener el derecho a tener una asignatura en castellano, además de la de Lengua. Ello pese a que lo tenía reconocido por sentencia firme.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó el 25 de febrero de 2020 que el grupo del menor --que cursaba todavía primaria-- debía incluir también el español como lengua vehicular, además del catalán. Una vez finalizó esta etapa, pasó a cursar la ESO en ese instituto --situado en el mismo edificio del anterior-- donde el primer curso se le reconoció sin problema impartir Matemáticas en castellano.

El director actúa de manera unilateral

Pero a raíz de las instrucciones que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, envió a los centros educativos tras la aprobación de las leyes del catalán que acababan con los porcentajes, el director del instituto rompió la sentencia considerando que había un nuevo marco normativo que eliminaba todo lo anterior.

Sin embargo, el responsable del centro "se la está jugando", avisan fuentes conocedoras. Y es que, al haber sentencia firme, la Generalitat no ha pedido al TSJC revocar los autos de medidas cautelares como sí ha hecho en otros casos. Por tanto, las leyes del catalán no cambian nada y el alumno debe seguir teniendo ese derecho también en este curso 2022-23.

¿Qué pasa si un alumno cambia de centro?

Por eso, la familia, que está “indignada”, se ha puesto manos a la obra. Como ha podido saber Crónica Global, presentarán un incidente de ejecución de la sentencia, ya que “el niño tiene derecho a ser escolarizado también en castellano, aun existiendo la nueva normativa”. “No hay nada que justifique la decisión del director”, avisan fuentes jurídicas de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que lamentan que los partidarios de la inmersión lingüística se aprovechen de que “no hay una jurisprudencia clara” sobre si se conserva el 25% a un alumno que ha cambiado de centro.

Un aula vacía en un colegio, cuyos profesores se quejan de que el presupuesto destinado a educación es "insuficiente y decepcionante" / EP

“La Generalitat ha intentado por todos los medios dejar fuera el español de cualquier grupo de clase”, critica la presidenta de la entidad que defiende el bilingüismo en las aulas, Ana Losada. A su vez, avisa de que los políticos independentistas demuestran que, “detrás de estas decisiones, no hay una motivación pedagógica, simplemente la hispanofobia que les lleva a pisotear derechos y a posicionarse en contra de las resoluciones judiciales no respetándolas”.

Las mismas voces consultadas recuerdan que “la sentencia no distingue de centros, sino que reconoce el derecho al estudiante a ser escolarizado en castellano esté donde esté cursando sus estudios en la educación no obligatoria”.

La familia, "impotente"

Ante este caso, la AEB ha vuelto a apelar a los directores de los colegios para que no se salten las leyes: “Deberá explicar cuáles son las razones que le han llevado a inejecutar la sentencia. Es muy grave que haya dejado de cumplir una decisión que es firme”. Este medio se ha puesto en contacto con la escuela, sin éxito, como también lo hizo la madre del alumno: “Le he escrito en reiteradas ocasiones, pero no contesta”.

El 'conseller' de Educación Josep Gonzàlez-Cambray / Kike Rincón - EUROPA PRESS

Junto a la AEB, la familia llevará a cabo todas las acciones que sean necesarias para que el menor “pueda ejercer su derecho a aprender en su idioma materno, aunque sea un mísero 25%”, agrega. “Me siento impotente de ver que los derechos de mi hijo, incluso siendo aprobados por el TSJC, no valen nada por un tema político”, deplora la madre, que critica también al Gobierno de España por “mirar hacia otro lado” mientras pacta con ERC.