Los funcionarios estallan por las investigaciones contra el gobierno de Colau

Hartazgo. Esta es la sensación que tiene parte de la capa funcionarial del Ayuntamiento de Barcelona por las investigaciones judiciales por presunta mala praxis contra el gobierno municipal de Ada Colau. Globalmente, hasta ocho altos empleados públicos del nivel funcionarial están imputados en tres casos de presunta corrupción, lo que ha generado malestar. 

Lo explican fuentes internas del consistorio, que detallan que la intranquilidad entre los servidores públicos de la Administración local ha subido de nivel tras el llamado caso guardería, en el que se investiga si hubo mala praxis en la concesión de una ludoteca infantil a los sanitarios del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que es el mayor de Cataluña. En ese procedimiento, hay tres funcionarios investigados, la nueva condición de imputado. 

Ocho en total

Son Eduardo Vicente, exgerente del distrito de Horta-Guinardó y ahora en el Macba; Manuel Franco, director de Licencias; y Andrea Prange, responsable de Servicios Jurídicos de este gobierno de barrio. Los tres tendrán comparecen estos días ante la juez Sílvia López, titular de la sala de Instrucción número 9 de Barcelona, que investiga si hubo prevaricación y malversación por ceder el espacio infantil sin licitación pública a una asociación de sanitarios. 

Imagen de la guardería del Hospital Vall d'Hebron / CG

Pero es que hay más. Porque otros cinco funcionarios o personal de este nivel están investigados en otros dos casos judiciales que afectan al Ejecutivo local que comanda Barcelona en Comú. Son el llamado caso Vauras, que investiga presunto acoso y coacciones municipales a una inversora para que cediera sus viviendas de nuevo cuño a alquiler social, incluido a un colectivo de okupas, y la investigación a los okupas de Gràcia. 

Una alto cargo y un gerente

En ambos casos, los investigados son alto personal del ayuntamiento. En el procedimiento de Vauras, el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha citado a Fuensanta Alcalá, responsable del Departamento de Disciplina de Vivienda e Inspecciones. En este caso, la posible tipificación es prevaricación administrativa y coacciones. 

En Gràcia, el entuerto judicial se centra en la cesión de un inmueble del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab) a un grupo de okupas. Éstos lo rebautizaron como Casal Popular Tres Lliris. Afecta, sobre todo, al polémico concejal Eloi Badia. Pero el juzgado de Instrucción número 2 ha citado también a Rufino García, gerente del distrito y exjefe de servicios jurídicos; Pere Camps, exgerente; José María Raya, jefe de Servicios a las Personas; y Maria Àngels Mira, gerente del Imhab. Penden sobre ellos cargos de prevaricación y malversación. 

Se esperan más peticiones de imputación

Este es el escenario actual. Pero hay más, indican fuentes cercanas a los procedimientos, porque se esperan más citaciones de funcionarios en condición de investigados. Ello se deriva del reciente revés propinado por la Audiencia Provincial de Barcelona a los concejales investigados por el caso subvenciones, incluida la propia alcaldesa, Ada Colau. La sala de Instrucción número 21 archivó el procedimiento abierto tras la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), pero el segundo nivel obligó a reabrirla. 

Lo hizo en un duro auto que cuestiona la arbitrariedad municipal en las ayudas municipales a entidades afines. La Fiscalía se ha adherido a la tesis de que hay que practicar más diligencias, avanzó El Confidencial. 

"Si hay posible delito, hay que denunciarlo"

Uno de los letrados vinculados con los casos citados ha explicado en conversación con este medio que "es natural" que la capa funcionarial del ayuntamiento manifieste fastidio por la gestión de sus superiores políticos. "Es natural que protesten porque se les deje a los pies de los caballos, aunque también debe considerarse que ante indicios de un flagrante delito, deben denunciarlo, toda vez que son empleados públicos, y ello implica un estatus especial". 

Enfrentamientos entre un grupo vinculado al Sindicat de Llogaters y los Mossos d'Esquadra ante el Bloc Llavors de Sants / EFE

La misma fuente explica que los servidores públicos y sus letrados no podrán hilvanar una defensa relativa a que sólo cumplían órdenes. "Esto no es un Ejército, es una Administración pública, y pueden no colaborar o denunciarlo si ven una mala praxis". 

Tres investigaciones en precampaña

Sea como fuere, las investigaciones judiciales por supuesta mala praxis en el Ayuntamiento de Barcelona han golpeado al puente de mando de BComú cuando la política local está transitando hacia el escenario preelectoral, por cuanto las elecciones municipales se celebrarán el 28 de mayo de 2023. Las fuentes consultadas recuerdan que hasta ahora se han archivado todas, pero que el auto de la sección quinta de la Audiencia Provincial por el caso subvenciones abre un nuevo escenario jurídico, al afear la arbitrariedad municipal en las competencias que tiene conferidas. 

Eso sí, los concejales investigados, Colau incluida, han defendido siempre la buena labor de su gabinete y han asegurado que son víctimas de cierta ofensiva judicial por su gestión durante casi dos mandatos enteros.