JxCat admite el "toque de atención" de la UE a la Generalitat por incumplir el 25% de castellano

La advertencia del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el incumplimiento del Govern de las sentencias judiciales firmes que obligan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña genera desasosiego en el secesionismo. Así lo ha evidenciado este lunes el eurodiputado de JxCat Toni Comín, quien en un intento de dejar en evidencia a sus hasta el mes pasado socios de ERC, ha dejado al descubierto su preocupación por el correctivo dado por las instituciones comunitarias a la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta en la autonomía.

En concreto, Comín ha acusado este lunes Aragonès de haberse dejado marcar "un gol" por parte del comisario Reynders, ya que durante la reunión que mantuvieron en Bruselas hace un par de semanas éste le pidió que respete y acate las sentencias de la justicia, entre ellas la del mínimo de 25% de horas lectivas en castellano.

"Nos han marcado un gol"

"No se puede dejar la portería vacía de esta forma. Ir a Bruselas y que al final sirva para que el comisario marque un gol de esta magnitud y que lo que pase sea un toque de atención del Ejecutivo europeo al Ejecutivo catalán para que aplique una sentencia que no tiene que aplicar", ha manifestado Comín durante una rueda de prensa en Bruselas.

"Ya le aseguro que, comunicativamente, el resultado de este encuentro con el comisario Reynders, si hubiera dependido de JxCat, hubiera sido muy diferente", ha continuado el eurodiputado secesionista.

Durante la reunión que Aragonès mantuvo con Reyders el pasado 20 de octubre, en el primer encuentro en Bruselas de un presidente de la Generalitat con la Comisión Europea desde 2015, el comisario le pidió que el Gocvern acate y cumpla las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligan a impartir un 25% de las clases en castellano. Algo que la Generalitat ha burlado con la aprobación a posteriori de un decreto ley y una ley aprobada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem que invalidan esos porcentajes de obligado cumplimiento. Una legislación de última hora que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional.