La salida de Junts per Catalunya (JxCat) del Govern catalán comienza a tener efectos a nivel sectorial. La llegada de Gemma Ubasart a la Consejería de Justicia ha ido acompañada de la paralización de las iniciativas proyectadas para combatir la okupación ilegal. Hace un mes, su predecesora, Lourdes Ciuró, presentó una batería de medidas legales para dar respuesta a la inquietud de ayuntamientos y comunidades de vecinos ante los problemas de convivencia que generan determinadas usurpaciones.
Gemma Ubasart, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña / EP
Sin embargo, facilitar los desalojos es una línea roja para los comunes que, según ha podido saber Crónica Global, han puesto como condición no traspasarla para negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2023. Tienen el terreno abonado, pues ERC siempre evitó tomar decisiones al respecto. El fichaje de Ubasart, en este sentido, deja en manos de una independiente que estuvo implicada en el 15M un espinoso tema que, en la esfera municipal, genera consensos entre Junts y PSC.
Fuentes de la Consejería de Justicia explican a este medio que "el nuevo equipo está estudiando todas y cada una de las iniciativas y propuestas del anterior equipo. Por eso no podemos pronunciarnos".
Alarma social
El pasado 21 de septiembre, la entonces consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, presentó una serie de medidas para combatir las okupaciones ilegales “que alteran gravemente la convivencia además de generar alarma social”. El objetivo, dijo, es "acabar con la ocupación delincuencial y poner el inmueble al servicio de quienes necesitan más la vivienda”. En Cataluña, explicó, se producen el 45% de las usurpaciones de toda España y hay más de 7.300 denuncias interpuestas en los juzgados por allanamientos.
Con esta finalidad, Ciuró proponía modificar el libro V del Código Civil catalán para que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan pedir el desalojo del inmueble okupado ilegalmente cuando el propietario no lo haya hecho. La normativa catalana facultaría jurídicamente a los consistorios y comunidades para instar judicialmente la desokupación.
La 'consellera' de Justicia, Lourdes Ciuró, que exigirá el nivel C1 de catalán en los juzgados / ATLAS
Así, cuando un ayuntamiento detecte que una finca okupada genera problemas de convivencia y orden público, deberá pedir al propietario que inicie la acción judicial de desempleo de la finca. Si en un mes esta acción no ha sido presentada a ningún tribunal competente, el ayuntamiento quedaría habilitado para activar esta acción e iniciar el procedimiento de desokupación.
El anuncio ya provocó en su día reacciones contrarias por parte de los comunes, mientras que ERC, todavía socia de Govern, tomaba distancia de una medida incómoda.
Elecciones municipales
“Los republicanos quieren ampliar su presencia en el área metropolitana, donde se concentran esos problemas, y saben que no pueden eludirlos. Pero sus alianzas con los comunes, muy evidentes en Barcelona, convierten la ocupación en un asunto difícil”, explican fuentes soberanistas, en alusión a las elecciones municipales.
Más a corto plazo, y tras la decisión de la militancia de Junts de salir del Govern, ERC necesita ahora aliados para aprobar los nuevos presupuestos de 2023. Los comunes no son determinantes en la aritmética parlamentaria, pero sí lo es PSC. Pere Aragonès rechaza un acuerdo unilateral con los socialistas --se reunirá con Salvador Illa el próximo viernes para abordar la cuestión--, quienes al igual que los neoconvergentes tienen muy claro que es necesario abordar el problema de la okupación.
Los alcaldes metropolitanos son en su mayoría socialistas, mientras que los neoconvergentes están al frente de más de 200 consistorios en el territorio. Pero los comunes califican las medidas de Ciuró como una forma de “acelerar los desahucios”. En esos términos se expresó la diputada de En Comú Podem Susanna Segovia cuando Junts presentó una moción en el Parlament sobre cambios legislativos para luchar contra las okupaciones ilegales. Incluso recordó que la exconsejera de Justicia fue diputada en el Congreso donde, según le reprochó, impulsó medidas similares.
El 'caso Desokupa'
La iniciativa, no obstante, fue aprobada, pero con las abstenciones de ERC y comunes. En algunos puntos, la confluencia de izquierdas votó en contra. Dicho de otra manera, la lucha contra las mafias dedicadas a la okupación ilegal es ya mandato parlamentario, pero los comunes se muestran inflexibles. Y hurgan en los errores de esa “sociovergencia” municipal, concretamente, la contratación de Desokupa --empresa que utiliza métodos extrajudiciales para deslaojar viviendas allanadas-- por el Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), gobernado por Junts --el alcalde es Josep Triadó-- con el apoyo del PSC.
Los socialistas, contrarios a esos servicios, habían amenazado con romper el pacto. Finalmente, Triadó ha anulado el contrato.