Marcarse dos tantos de una tacada. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprovechado la celebración del congreso The District para resucitar su discurso más duro en vivienda y, de paso, ocultar su decepcionante ejecución en políticas públicas. El momento no es casual: tan solo quedan siete meses para las próximas elecciones locales, en que el apoyo de las bases de los comunes, entre las que se hallan los activistas que han boicoteado el salón inmobiliario, será decisivo para que la munícipe se asegure un tercer mandato.
Colau llega a la cita electoral con una hoja de servicios precaria. La alcaldesa cerrará su segundo mandato habiendo sumado 4.500 pisos de alquiler social al parque municipal, una cifra inferior a las 8.000 unidades --4.000 por mandato-- que prometió cuando en 2015 se hizo con la vara de mando. Un resultado insatisfactorio para entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos que orbitan en torno a BComú y están detrás del asalto al evento inaugurado ayer en la Fira --que ya fue calentado días antes por la formación política de Colau--.
Políticas ruinosas
¿Qué ha hecho la candidata a la alcaldía en estos años? En gran medida, incrementar la oferta de arrendamientos sociales tirando de chequera. El consistorio ha optado por comprar antes que por edificar por su fobia al sector privado. Entre las costosas operaciones llevadas a cabo por el gobierno local destaca la adquisición del número 16 de la calle Balmes por más de ocho millones de euros. En esta finca solo hay 23 pisos.
No es el único caso: el ayuntamiento se ha gastado grandes cantidades en activos como el pack de tres edificios en Horta, en las calles Doctor Letamendi y Mont-ral, y un bloque en Torrent de les Flors, en Gràcia. El precio unitario de cada piso en estas fincas sobrepasa el de las promociones de nuevo cuño, como informó Metrópoli. Pese a ello, la concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, reveló recientemente que desde 2015 el consistorio se ha gastado más de 130 millones de euros para hacerse con 1.200 viviendas ya construidas.
Colau pacta con fondos
Aun así, el ayuntamiento se ha visto obligado a pactar con aquellos agentes que ahora denosta Colau. Prueba de ello es el plácet del gobierno local a la transformación del entorno del centro comercial la Maquinista, propiedad del grupo Unibail-Rodamco-Westfield (URW), que incluirá la construcción de 812 viviendas --18 libres y 294 protegidas--. Ello después de que los comunes congelaran el proyecto cuando alcanzaron el poder en 2015.
También el operador metropolitano de vivienda controlado por el AMB, Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), se ha aliado con Cevasa y Neinor Homes --esta última promotora tiene en su accionariado a los fondos Orion y Adar, entre otros-- para construir pisos sociales en la conurbación de la Ciudad Condal. Hasta 4.500 unidades en las que los privados invertirán 58 millones de euros.
Doble discurso
Cuando estas iniciativas público-privadas han sido anunciadas, los comunes las han celebrado como conquistas del derecho a la vivienda. Pero ante los suyos el discurso es muy distinto, como se percibe en la misiva dirigida por Colau a los promotores del asalto contra The District: "Como alcaldesa he manifestado en numerosas ocasiones, y lo reitero, que las empresas honestas que quieran hacer vivienda asequible encontrarán siempre nuestra complicidad. En cambio, los fondos buitre que pretenden especular a costa de vulnerar el derecho a la vivienda no son ni serán bienvenidos en Barcelona".
En la carta a la PAH y al Sindicato de Inquilinos, la dirigente también presume de las multas por mantener pisos vacíos y de la obligación de reserva para vivienda social en nuevas promociones, que están retrayendo inversiones en la capital en áreas en pleno desarrollo como el 22@. En cambio, Colau evita cualquier defensa de los participantes de un salón que, como ha explicado su empresa organizadora, está centrado en debatir las tendencias del sector y no en servir de catálogo para inversores.
El prestigio de Fira, tocado
De hecho, un repaso al plantel de invitados al congreso desmiente las acusaciones de los radicales, que han llegado a tildar la cita como un "Davos" inmobiliario. Entre las compañías con presencia se cuentan Colonial, AEDAS Homes, Merlin Properties o la propia Neinor con la que pacta el AMB. La alcaldesa no solo no ha salido al rescate del certamen, aun cuando funge como presidenta del consejo de la Fira de Barcelona que acoge el encuentro, sino que tampoco ha enviado a ningún representante municipal --tampoco ha acudido Jaume Collboni, pese a que su asistencia estaba prevista--. La Generalitat de Cataluña tampoco ha enviado a ningún delegado.
El daño institucional a la Fira de Barcelona es manifiesto y llega justo cuando la institución se juega su puesto en un mercado internacional de expos cada vez más competitivo. "Es la peor imagen que ha podido dar la ciudad", lamentaba ayer por la mañana a este medio una empresa participante. A siete meses para que los barceloneses acudan a las urnas, Colau vuelve a ondear la bandera contra la especulación inmobiliaria para congraciarse con sus fieles. De la colaboración público-privada del ayuntamiento y del pinchazo en políticas públicas, ni palabra.