Barcelona en Comú, el partido al que pertenece la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo un llamamiento a participar en las protestas contra el congreso inmobiliario que se celebra en Fira de Barcelona y que hoy se ha saldado con un asalto de radicales antidesahucios. Los comunes habían advertido de que "los especuladores no son bienvenidos a Barcelona". Se da la circunstancia de que Colau, ex activista en favor del derecho a la vivienda, es actualmente presidenta de Fira.
El partido emitió un comunicado previo a la celebración del congreso europeo de la industria inmobiliaria The District, que tendrá lugar entre hoy miércoles y el 21 de octubre. La formación convocó una concentración para ayer miércoles a las 18 horas en las Torres Venecianas de la avenida de la reina María Cristina. "Dicen que será 'el mayor congreso europeo de la industria inmobiliaria' y que 'analizará las preocupaciones y macrotendencias que inspiran el capital a nivel global'. Nosotros pensamos que Barcelona nunca ha dejado de ser atractiva económicamente y este encuentro es un ejemplo de ello. Pero la voracidad de los grandes inversores busca nuevas influencias políticas para seguir realizando sus negocios sin tener en cuenta las necesidades sociales", indicaba el comunicado.
Degradación de los barrios
Los comunes se declaraban "hartos de que estas grandes empresas degraden los barrios de nuestra ciudad con miles de pisos vacíos, hagan subir los precios de forma desorbitada y expulsen a nuestros vecinos y vecinas de sus casas. Un número cada vez mayor de hogares y familias se ven obligadas a elegir entre satisfacer otras necesidades básicas, incluida una alimentación adecuada, o pagar el alquiler o la hipoteca. La gente más joven no puede pensar en emanciparse si no es, en el mejor de los casos, renunciando a las condiciones mínimas de espacio y habitabilidad".
Aseguraba la confluencia de izquierdas que "el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo todo lo posible para reducir los perjuicios que provoca la especulación, pero necesita más implicación de las demás administraciones". Y tras repasar las acciones municipales --construcción de 1.000 viviendas públicas o cooperativas en siete años, obligación de un 30% de vivienda pública en promociones privadas o paralización de10.000 desahucios desde 2016, entre otras-- avisaba de "un nuevo intento de colonización de nuestros espacios vitales". Por ello "no queremos ser la ciudad que se entrega a los señores del capital, atada de manos y pies. No queremos que, además, tengan facilidades para nuevas formas de concentración, fuga y blanqueo de capital con beneficios astronómicos a costa de la vulneración de nuestros derechos más básicos.