El pacto entre la Generalitat y el Gobierno español para incumplir las sentencias que obligan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña llega a las instituciones comunitarias. La plataforma Escuela de Todos ha enviado una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para pedirle que intervenga frente al "acuerdo" alcanzado entre los Ejecutivos central y autonómico "para impedir que se ejecuten" las sentencias judiciales firmes del TSJC en ese sentido.
Escuela de Todos, plataforma de la que forman parte una quincena de entidades defensoras del bilingüismo --entre ellas, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)-- alude en su misiva las declaraciones "realizadas por el señor Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, el pasado 13 de octubre en TV3, la televisión pública de Cataluña", en las cuales "reconocía la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat para impedir la ejecución de las decisiones judiciales que reconocen el derecho de los alumnos catalanas a recibir una parte de su educación en castellano".
Reunión con Aragonès
La entidad constitucionalista insta a Reynders a intervenir "atendiendo a sus funciones" en la reunión que está previsto que mantenga el próximo 20 de octubre en Bruselas con Pere Aragonès.
En el texto, Escuela de Todos denuncia "complicidad antijurídica de los gobiernos catalán y español por intereses políticos" y que el gobierno regional catalán, "en contra la Constitución, da al español un trato residual".
En este sentido, indica que "pese a que el español es lengua oficial en toda Cataluña y materna de la mayoría de la población, las escuelas catalanas, controladas por la Generalitat, excluyen al español de la vida escolar".
"No han cumplido la sentencia"
La entidad añade que el Tribunal Constitucional "ha establecido que el español es lengua de comunicación y de educación al mismo nivel del catalán por compartir ambas la condición de lenguas cooficiales".
Asimismo, señala que "los tribunales ordinarios, ante la obcecación del gobierno regional y en ausencia de legislación estatal sobre la materia, han concretado un mínimo inexcusable de docencia en español" y que "al menos un 25 % de la docencia se impartiera en cada una de las lenguas oficiales".
Escuela de Todos, de la cual forma parte la AEB
La misiva destaca además que los responsables del Govern secesionista catalán "no solamente no han cumplido la sentencia, sino que manifestaron abiertamente que no la acatarían, y han criticado con dureza la sentencia y a los jueces que la dictaron".
Pasividad del Gobierno español
La plataforma defensora del bilingüismo destaca también que dichos dirigentes "han diseñado un plan para hacer imposible la ejecución de la sentencia que se ha articulado fundamentalmente en la aprobación del Decreto Ley 6/2022, de 30 de mayo", que provocó que el gobierno regional comunicase al TSJC que "era imposible cumplir la sentencia porque había una nueva normativa".
Y ante esta situación, Escuela de Todos destaca que el Gobierno de España "no ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto Ley que suprimía absurdamente la posibilidad de aplicar porcentajes o parámetros numéricos en los proyectos lingüísticos de los centros educativos". Una renuncia a impugnar que, según desveló Aragonès en TV3 la semana pasada, fue consecuencia de los acuerdos alcanzados en la denominada "mesa de diálogo" con los mandatarios secesionistas de la Generalitat, y que en caso de haberse llevado a cabo, hubiera permitido cumplir las sentencias hasta que se pronunciara el Constitucional.
Exclusión del castellano en el sistema educativo de la Generalitat
La plataforma pide a la Comisión que Europea lleve a cabo una investigación y que se entreviste con las Administraciones, con las asociaciones firmantes de la carta y también con las que se oponen a estos planteamientos.
Asimismo, demanda que la Comisión visite las escuelas y hablen con los profesores para hacerse "una imagen cabal de la situación que se vive en Cataluña como consecuencia de la exclusión del español como lengua vehicular en el sistema educativo", impuesta hace tres décadas durante el mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.