Fue uno de los grandes anuncios de Pere Aragonès en el Debate de Política General celebrado la semana pasada: una ayuda de 100 euros por niño escolarizado para familias en situación de riesgo de exclusión, a través de una deducción en el tramo autonómico del IRPF. Una medida cuestionada por Educo, ONG que trabaja por la infancia y la educación. “Las familias pobres no hacen la declaración de la renta”, recuerda su directora general adjunta, Guiomar Todó.
Las ayudas anunciadas por el presidente de la Generalitat están dirigidas a 973.000 alumnos del sistema educativo desde Infantil 3 a cuarto de ESO y prevén 100 euros por niño. El mecanismo para acceder a ellas será la declaración de la renta del año que viene, a través de una deducción en el tramo autonómico. Forman parte de un paquete de 300 millones de euros destinados a un plan de choque social. “Celebramos que se invierta en infancia, las ayudas son bienvenidas. Nos alegra que sean incluidas en los próximos presupuestos de la Generalitat. En Educo estamos convencidos de que la educación es clave para romper el círculo de la pobreza”, explica Todó.
Sin embargo, advierte de que las aportaciones vía descuento en el IRPF “dejan fuera a muchas personas que no están obligadas a hacer la declaración de la renta y, por lo tanto, no se pueden beneficiar”: “Nos sabe a poco”.
"Se ha perdido una oportunidad"
La directiva de Educo cree que la Generalitat “ha perdido una magnifica oportunidad de poner en foco en prestaciones que deberían ser universales”. Hasta entonces, Todó propone una prestación de 1.200 euros por niño al año desde que nacen hasta los 18 años, sujetas a la renta de sus familias. “Hay que poner a los niños en el centro de las políticas porque la renta la generan sus padres, ellos no son responsables”, afirma.
Reconoce que existe un largo recorrido hasta la universalidad de las ayudas sociales que en otros países se destinan a la infancia, por lo que “hay que priorizar a los más vulnerables”. Todó recuerda que, en Cataluña, uno de cada tres niños está en situación de riesgo de exclusión. En el conjunto de España, la proporción es similar. “Somos el segundo país en pobreza infantil en Europa y eso significa que no aplicamos políticas eficaces”, afirma la directora adjunta de Educo.
Pone como ejemplo las becas comedor. El Govern destina 50 millones a sufragar esas ayudas, cifra “que está bien, pero para conseguir que todos los niños tuvieran acceso a una comida saludable, se deberían invertir 142 millones más. Es decir, se necesitan 192 millones”. Un comedor universal y gratuito, según Educo, supondría una inversión de 360 millones.
Las cifras
En Cataluña hay 1.399.991 niños y adolescentes, de los que un 32,2% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Un 2,3% no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días. El 96,6% de las escuelas de primaria tienen comedor, pero solo asiste el 54,4% del alumnado.
El pasado mes de junio, Educo hizo público el informe Comedor escolar universal y gratuito: un objetivo alcanzable y urgente [se puede leer en este enlace]. En él, la ONG explica que desarrollar el comedor universal en la educación primaria en España implicaría una financiación anual de 1.664 millones. Actualmente se invierten 191 millones en becas y ayudas, lo que significa que el incremento de la inversión es de 1.472 millones. “Esta inversión corresponde al 0,13% del PIB y permitiría extender el comedor escolar a todo el alumnado de primaria en todo el territorio español. Un aumento de la inversión en infancia actual (1,3% PIB) que aún nos situaría muy por debajo del 2,2% de media de la Unión Europea”, concluye.
El estudio constataba que Andalucía y Cataluña, destacan por conceder un número de ayudas sustancialmente superior al resto de las regiones, aunque “esto se debe al mayor volumen de población infantil en ambas regiones”. Solo un 11,8% de alumnos reciben algún tipo de beca o ayuda comedor en la comunidad catalana, frente al 25,2% de Canarias o al 18,3% de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, los autores señalaban “importantes diferencias” entre los precios máximos fijados en cada comunidad autónoma en los menús escolares. Baleares y Cataluña se encuentran en el extremo superior, con unos precios máximos de entre 6,33 y 6,50 euros por comida.