La erradicación del castellano, nuevo campo de batalla entre ERC y JxCat

Ni la inmersión lingüística es capaz de unir a las fuerzas independentistas. El Pacte Nacional per la Llengua (PNL), que encara su recta final, ha demostrado que ese aparente frente común de ERC y Junts per Catalunya (JxCat) hace aguas, no solo por las diferencias entre los socios de gobierno, sino por las divergencias internas en cada uno de los partidos. Esta iniciativa, con la que el Govern pretende potenciar el uso de la lengua catalana, está pilotado por la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, partidaria de lograr amplios consensos sin radicalizar las posiciones.

Pero la respuesta de la Consejería de Educación a las sentencias lingüísticas ha abierto de nuevo el melón de una confrontación que ERC pretendía mitigar con la ley y el decreto que regula las lenguas en los colegios. Una polémica que determinados sectores de JxCat azuzan, pero que el propio presidente Pere Aragonès intenta diluir, aunque sin éxito.

Objetivos

Los objetivos del PNL son incrementar los niveles de conocimiento colectivo de la lengua; facilitar al máximo su uso en todos los sectores, prestando especial atención a los ámbitos más relevantes en los que tiene menor presencia; así como potenciar la adopción del catalán entre las personas que no lo tienen como lengua de partida. Se trata de una iniciativa que permite a la Generalitat tomar el pulso de un idioma que, tras la sentencia que obliga a las escuelas a impartir un 25% de horario lectivo en castellano, había unido a ERC y Junts, dando así una tregua a sus desavenencias.

Pero la realidad es otra. El PNL pretende visualizar que la defensa del catalán cuenta con amplísimos consensos. Los mismos que, a nivel parlamentario, generó el pasado mes de junio la aprobación de la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Esta norma reconoce el "uso curricular y educativo" del castellano y reafirma el catalán como lengua vehicular, sin establecer porcentajes lingüísticos. Contó con el apoyo de ERC, Junts, PSC y En Comú Podem. Los mismos grupos que están llamados a apoyar el Plan Nacional, donde también participa la beligerante Plataforma per la Llengua, que rechaza cualquier tipo de concesión al castellano.

Pero el embrollo judicial sobre el 25% de castellano, en manos del Tribunal Constitucional, el decreto que llama a desobedecer las cuotas judiciales --los socialistas votaron en contra en este caso-- y la decisión del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de erradicar el castellano en las aulas, enturbia esa vocación de consenso. Hasta el punto de que la consejera Garriga ha confesado su descontento ante el hecho de que la guerra lingüística haya vuelto a estallar en plena exposición pública del PNL.

"Transversal, dialogante y abierta"

En el momento de presentar este Pacto, Garriga manifestó que “el Pacto Nacional por la Lengua es un proyecto de país, y define la voluntad de este Govern de tratar los temas relacionados con el catalán de una manera frontal, transversal, dialogante y abierta”. Por su parte, el presidente Aragonès señaló que se trata de “una de las prioridades del Govern, es una apuesta estratégica que queremos que permita hacer avanzar la lengua catalana como herramienta de cohesión y progreso social del país". La actitud de determinados sectores de Junts --los que retrasaron la aprobación de la ley lingüística y forzaron la aprobación del decreto anticuotas-- y del consejero Cambray no casan con el talante negociador expresado por ambos dirigentes, obligados a hacer malabarismos discursivos para contentar a sus respectivas bases, sin caer en la radicalización.

Desde febrero se han llevado cabo sesiones en todo el territorio catalán para favorecer la participación ciudadana. El resultado, hasta el momento, son 303 aportaciones que abarcan 3.000 propuestas y que se completarán con las que lleguen hasta el día 30 de septiembre. A partir de esa fecha, se procesarán y se analizarán con la idea de que el PNL se firme en diciembre.

Presupuestariamente, el proceso participativo ha supuesto una inversión pública de 219.445,55 euros, de los que 176.960,40 se destinaron a darlo a conocer, fomentar la participación y editar materiales, 28.191 han servido para la logística de las diversas sesiones y 14.294, para la dinamización de las deliberaciones.