El TSJC desautoriza a Cambray en la presión a las escuelas para eliminar el 25% de castellano

Nuevo revés judicial para el Govern de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado dos recursos presentados por la Consejería de Educación, lo que supone un espaldarazo a dos de las 27 escuelas que aplicaban el porcentaje de un 25% de castellano fijado por ley, así como a las familias que lo tenían concedido por la vía judicial. También protege a los directores de los centros, que se encontraban entre la espada y la pared en lo que respecta hacer cumplir la ley o sucumbir a las presiones del conseller. Las asociaciones y docentes que defienden el bilingüismo en las aulas catalanas celebran la decisión del Alto Tribunal catalán, que viene a ratificar la medida cautelar que impuso en aulas de dos escuelas de Vila-seca y El Prat para garantizar que se imparta al menos una de cada cuatro horas lectivas en español.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, valora “muy positivamente” la resolución del TSJC. La decisión evidencia “las prácticas ilegales de la Generalitat”, que animó a los centros a incumplir las sentencias de los tribunales. “Solo nos queda recurrir al Poder Judicial para proteger los derechos de las familias que ya tenían el 25%”, ha lamentado.

Uno de los centros lo incumplía

En la misma línea, Carlos Silva, vicepresidente de Impulso Ciudadano y portavoz de Docentes Libres, asegura que celebran la decisión del tribunal, que además protege a los directores de estos centros de las maniobras de la Generalitat para posponer la aplicación del 25% después de intentar, incluso, que las leyes del catalán “afectaran retroactivamente a sentencias que, en muchos casos, ya eran firmes”.

Después de que el TSJC obligara a los centros catalanes a impartir un 25% de las asignaturas en castellano, 27 escuelas cumplieron con la ley. Tras la aprobación de las leyes del catalán, ocho de ellas dejaron de hacerlo “por las presiones del Govern”, confirman las fuentes consultadas. Ahora, el TSJC insta a que en dos de estos centros, el instituto Salvador Dalí --que estaba incumpliendo la ley-- y otro --que todavía no había desobedecido-- cumplan la sentencia del 25%.

La Justicia frena a Cambray

Hasta ahora, “ni el Ministerio ni la Alta Inspección de educación han dicho ni han hecho nada para poner freno al conseller Cambray”, denuncia Losada, que espera que “de manera inmediata”, el próximo lunes, los ocho centros incumplidores vuelvan a restaurar el 25% del castellano en los grupos y clases que ya lo tenían.

Fachada del TSJC / CRÓNICA GLOBAL

Además de garantizar los derechos de las familias que habían reclamado que se respetara este porcentaje mínimo en las aulas, la resolución del TSJC ampara a los directores que habían optado por cumplir con lo dictado por la ley. “Celebramos la resolución porque el conseller Cambray estaba empujando a los directores, mediante instrucciones explícitas para incumplir las sentencias, a desobedecer la ley”, remarca Silva. Una situación que los dejaba a los pies de los caballos, puesto que estaban expuestos a ser denunciados por un delito de desobediencia.

"Una medida temporal"

“El hecho de que de 27 centros solo ocho hayan seguido las instrucciones del conseller refleja que la mayoría han hecho caso omiso de las instrucciones y que estos directores han visto en el incumplimiento de la sentencia un problema. No olvidemos que son funcionarios y que su prioridad máxima es el cumplimiento de la ley, dado que ellos son los responsables directos de sus respectivos centros”, expresa Silva.

No obstante, desde Hablemos Español consideran que la resolución no es más que un parche. “La relevancia que pueda tener esta resolución es menor. Es una medida temporal, pero en cuanto se apruebe el proyecto lingüístico siguiendo lo establecido en la nueva normativa aprobada por la Generalitat, se acabó”, aseguran. La nueva normativa se resume en una ley que fija el castellano como lengua de "aprendizaje" y el catalán como única lengua vehicular; y en un decreto que blinda la inmersión en catalán al establecer que no se fijará ningún porcentaje respecto al idioma que se hable en el aula.

Alegan que crea desigualdad

En el lado opuesto, la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC) rechaza la resolución del TSJC alegando que “crea desigualdad por razón de lengua entre los diferentes centros educativos y dentro de la propia escuela, con el perjuicio que comporta para las familias que habían elegido estos centros" por la inmersión. Tachan de “inadmisible” que sea un tribunal el que decida sobre “el porcentaje de las lenguas y sobre el modelo educativo o de escuela en Cataluña”.

Aunque desconocen cuál será la postura de los directores que habían decidido desobedecer la sentencia del 25%, desde USTEC recuerdan que la nueva ley de la lengua en las aulas catalanas está en manos del Tribunal Constitucional. Hasta que éste se pronuncie, argumentan, el nuevo modelo lingüístico no tiene por qué aplicarse.

La reunión, aplazada

Sin embargo, desde Impulso Ciudadano están convencidos de que, cuando el Constitucional se pronuncie respecto a la consulta planteada por el TSJC, no hará más que confirmar la obligatoriedad de aplicar la sentencia del 25%.

Con la emisión de estos dos autos, tres semanas después de que la Consejería de Educación ordenara a los centros educativos que retirasen la educación en castellano a los alumnos que tenían reconocida judicialmente la educación bilingüe, el departamento ha dado un paso atrás. La secretaria general de Educación, Patricia Gomà, ha comunicado que la reunión prevista para el viernes entre el conseller de educación, Josep González-Cambray, y los directores de los centros para pedirles que dejen de aplicar el 25%, ha quedado aplazada a la semana que viene. Si bien en un primer momento la consejería aseguró que los porcentajes no son válidos y que los centros estarían exentos de responsabilidad por retirar el derecho lingüístico a los alumnos que lo tenían reconocido en los tribunales, ahora ha reculado.

El Govern recurrirá

No obstante, Gomà ha confirmado que el Govern recurrirá los dos autos del TSJC, que ha calificado de "filibusterismo jurídico". Desde la Consejería de Educación ven “inaceptable” la medida judicial y reiteran que las lenguas deben regirse por criterios pedagógicos y no por porcentajes, por lo que mantendrán la nueva normativa del catalán. 

"Esto es retorcer los argumentos jurídicos de tal manera que lo que buscan es alargar el incumplimiento de un nuevo marco normativo del que nos hemos dotado en Cataluña, y que es un decreto que también ha convalidado el Parlament", ha zanjado.