La (maldita) hemeroteca da fe de las continuas fechas que ha dado en los últimos años la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para culminar la independencia de Cataluña. O, lo que es lo mismo, de los repetidos aplazamientos de un objetivo improbable, entre otras cosas por el cisma abierto en el espacio independentista. De ahí que, a pesar del cruce de acusaciones y reproches entre partidos políticos y entidades sociales --ANC y Òmnium también andan a la greña--, enfríen de nuevo las expectativas, a la espera de recuperar la unidad y la movilización perdida, y hayan decidido darse una tregua hasta después de las elecciones municipales.
Será entonces, en el ecuador del mandato de Pere Aragonès, cuando los defensores de la república catalana vuelvan a auditar los avances. ERC y Junts per Catalunya medirán su músculo electoral --y la solidez de sus acuerdos--, mientras que la ANC deberá decidir si tiene recursos y base suficiente para dar el salto a la política de forma oficial, como anunciaron el domingo.
Independencia en 2023
De momento, la ANC ha pasado de abroncar a los partidos independentistas por incumplir sus promesas, a posponer un año la secesión. La presidenta de la entidad, Dolors Feliu, propuso ayer a Aragonès declarar la independencia de Cataluña el segundo semestre de 2023 para aprovechar el tirón mediático que tendrá la presidencia española del Consejo de la UE.
El encuentro de la ANC y el presidente de la Generalitat se produjo 48 horas después de que ERC fuera abucheada e insultada en los actos de la Diada.
La quema de una foto de Aragonès y del presidente Pedro Sánchez por parte de independentistas radicales fue el colofón de una jornada marcada por la división y la desmovilización. El dirigente de ERC convocó a las entidades sociales en un intento de demostrar que defiende la consecución de la independencia, eso sí, vía referéndum pactado y vinculante. Pero rechazó el ultimátum de la ANC, que también se reunió con el vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat).
Los plazos de Aragonès
Aragonès también se ha marcado unos plazos que van más allá de las municipales y calcula que la negociación sobre un referéndum se podrá llevar a cabo en 2024, consciente de que 2023 es un año electoral en el que también se podrían celebrar elecciones generales.
Las escaramuzas entre los socios de gobierno son más propias de la precampaña de las municipales que del convencimiento, por parte de JxCat, de que la única salida es la ruptura. El consejero de Economía, Jaume Giró, dijo en voz alta lo que piensan todos los miembros de su partido --turullistas en su mayoría-- en el Consell Executiu. "Si yo creyera que para el país y para la causa independentista sería mejor que yo no estuviera en el Govern, yo ya me hubiera ido. Si continúo en el Govern es porque creo que para el país y para la causa independentista es mejor estar", aseguró Giró.
Una postura que deja en evidencia los amagos de ruptura de Jordi Turull, secretario general de JxCat, quien ahora mismo debe buscar el equilibrio entre el sector afín a Laura Borràs, a punto de ser juzgada por presunta corrupción, y el que exige un cambio de estrategia que permita levantar vetos y cordones sanitarios. Allana de este modo el terreno de los pactos poselectorales.