Eloi Badia declarará como imputado por dos delitos el próximo 23 de septiembre. El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona se explicará ante el juez en condición de investigado por prevaricación y malversación por la cesión de un edificio municipal a un grupo de okupas en el distrito de Gràcia, que él preside.
Okupas ante el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, en Barcelona / CEDIDA
El concejal de BComú, partido de la alcaldesa Ada Colau, deberá dar cuenta al juez Francisco Javier Pauli de por qué el distrito entregó un inmueble del Instituto Municipal de la Vivienda (Imhab, por sus siglas en catalán) a los antisistema del Casal Popular Tres Lliris durante dos mandatos consecutivos. El magistrado ha interesado diversas diligencias para examinar los convenios con los radicales, han explicado fuentes cercanas al caso.
Mucha documentación
El togado quiere cotejar quién firmó los convenios, por qué y si es algo habitual en la ciudad como defienden el propio Badia y su equipo. Para ello, ha reclamado "mucha documentación" al gobierno del barrio para comprobar lo que dicen los investigados, su justificación de que los convenios de cesión de uso de espacios a asociaciones son algo "habituales".
Por contra, los denunciantes, un grupo de vecinos que representa el letrado José Ramón Sorní, manifiestan que la entrega de llaves de la edificación a los anticapitalistas esconde una "cesión a una asociación fantasma vinculada a la CUP a cambio de mantener la paz social en el distrito".
Cuando fiscalía archivó, no existía otra cesión
Como explicó este medio, la Fiscalía Provincial de Barcelona ya incoó diligencias de investigación por la actividad del llamado Casal Tres Lliris. El Ministerio Público buscaba saber si había delito en la pasividad municipal por el ruido que provocaban las fiestas en la propiedad tomada a la fuerza. La oficina archivó las pesquisas, pero el escenario ha cambiado, explican fuentes judiciales.
Señalan que el convenio del distrito de Gràcia con los okupas se ha vuelto a renovar pese a que había una orden municipal de cese de actividad y que los antisistema impagaron el canon de alquiler que fijó la Administración, como explicó Crónica Global. El gobierno local tampoco dio salida a 78 actuaciones de Guardia Urbana y técnicos municipales por ruido, incumplimientos y otras molestias con los allanadores.
Los expedientes, entregados
Qué hizo la delegación del ayuntamiento en Gràcia es lo que quiere saber el magistrado que instruye el caso. Para ello, el gobierno de Barcelona ha tenido que entregar los expedientes administrativos de la cesión del espacio. Otros interlocutores cercanos al procedimiento recuerdan que una de las cinco citadas en calidad de investigadas es Àngels Mira, exgerente del Imhab.
"Fue Mira la que firmó la cesión del espacio a los okupas", detallan los mismos interlocutores, que resaltan la importancia de esta imputada. También están citados Pere Camps, exgerente del distrito; Rufino García, el actual gerente y ex jefe de servicios jurídicos, y José María Raya, director de servicios y personas.
Impunidad
El procedimiento judicial contra Eloi Badia y las otras cuatro personas no oculta la impunidad con la que han obrado los okupas de Gràcia durante los casi dos mandatos del concejal en el barrio. Los squatters organizaron una verbena propia este mismo verano en la que pidieron pagar en efectivo.
Valents, el partido de Eva Parera, pidió impedir la juerga, que cargaba contra el "turismo" en Barcelona. La líder de la formación, que cuenta con escaño en el plenario local, solicitó los permisos públicos para su celebración, unos documentos que, por ahora, no ha recibido.
Okupado en 2015 y cedido en 2017 y 2022
La fiesta okupa de Gràcia es la última polémica tras la toma a la fuerza de este edificio municipal. Los radicales independentistas lo okuparon en noviembre de 2015 al ser desalojados de otro espacio situado en la Travessera de Gràcia. En la marcha de protesta por el desalojo, los manifestantes entraron en la que fue la antigua Comisaría de la Policía Nacional de Lesseps, ahora vacía y un activo del Imhab.
Dos años después, en 2017, el Distrito de Gràcia firmó una cesión a una asociación de jóvenes creada ad hoc. La entrega se ha renovado en 2022 pese a las irregularidades en el pago del canon social del inmueble y a que Barcelona cuenta con un déficit de vivienda social que deja una larga cola para acceder a un piso público. Cuestiones todas ellas que señalan los vecinos que han recurrido a los tribunales para forzar el desalojo.