Borràs condena al Parlament a meses de interinidad

La resistencia de Laura Borràs a dimitir condena a la presidencia del Parlament catalán a un largo período de interinidad. Una situación sin precedentes. Así lo preconizan los grupos parlamentarios que, ayer, a excepción de Junts per Catalunya (JxCat), confirmaron la suspensión de derechos y deberes de la política independentista. Solo hay dos vías posibles de solución, una vez confirmada su suspensión: la dimisión de Borràs o esperar a que haya sentencia firme sobre su causa judicial por supuesta corrupción.

Existe una tercera, la aplicación del artículo 180 del reglamento del Parlament, que permite la revocación de cargos elegidos o designados si lo piden tres grupos y se aprueba por mayoría en un Pleno. Pero fuentes parlamentarias consideran que no es aplicable en este caso porque se refiere a otro tipo de cargos.

La Mesa del Parlament, tras escuchar a la Junta de Portavoces, rechazó ayer la petición de reconsideración de la suspensión de Borràs, aprobada el pasado 28 de julio en aplicación del artículo 25.4 del reglamento. Un artículo cuestionado por los letrados del Parlament, pero que nunca fue modificado. El mismo prevé que “en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata”.

Bloqueo

Ante el bloqueo generado por la resistencia de la líder de JxCat, algunas fuentes señalan el artículo 180 del reglamento como posible vía para desencallar la situación. Ese precepto regula la revocación de los cargos elegidos o designados. El procedimiento “se inicia con una propuesta, firmada por tres grupos parlamentarios, que deben representar, como mínimo, la tercera parte de los miembros del Parlament. La propuesta se incluiría en el orden del día del Pleno, donde debe aprobarse “por la misma mayoría requerida para la elección”.

Sin embargo, fuentes de PSC y Ciudadanos no ven aplicable este artículo, pues entienden que se refiere a otro tipo de cargos. De ahí que las únicas dos vías posibles a partir de ahora son que Borràs dimita, algo que siempre ha dicho que no está dispuesta a hacer --ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y a la Justicia europea, amparada por la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU-- o esperar a que se celebre el juicio y se dicte sentencia. El artículo 24 del reglamento prevé como causa de la pérdida de condición de miembro del Parlament “una sentencia condenatoria firme”.

Pulso Vergès-Madaula

Los grupos de la oposición están convencidos de que, a partir de ahora, se abre un período de interinidad que durará varios meses. Quienes asistieron ayer a la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces aseguran que la tensión entre la vicepresidenta primera y presidenta en funciones de la Cámara, Alba Vergès (ERC), y la secretaria segunda, Aurora Madaula (JxCat), fue muy evidente.

Los republicanos ya han pedido a sus socios que propongan a una nueva candidata a la presidencia del Parlament, pues entienden que los acuerdos entre ambas formaciones indican que ese cargo debe estar ocupado por un miembro de JxCat. Pero los neoconvergentes se niegan a destituir a Borràs.

Debate de Política General

“El Parlament no puede estar en una situación de interinidad y esperamos que Junts y ERC acuerden un nuevo perfil para la presidencia”, explica Raúl Moreno, portavoz adjunto del PSC. “La situación va a seguir igual”, preconiza Joan García, diputado de Ciudadanos, quien hace extensiva la responsabilidad de este interinaje “a todos los grupos que votaron a Borràs como presidenta”.

No parece probable que, tal como reclama la oposición, se solucione esa situación antes del Debate de Política General (DPG) que se celebrará los días 27 y 30 de septiembre. Junts quiere aprovechar estas sesiones --una especie de debate del estado de la nación a la catalana-- para visualizar sus diferencias con Esquerra, vía propuestas de resolución y debate en el plenario.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que, tras el DPG, la militancia del partido decidirá si se mantiene el pacto de gobierno. El sector turullista, al que pertenecen los consejeros del Govern, rechaza la ruptura, y se siente fuerte para echar un pulso a los fieles a Borràs. Como se sabe, Turull ganó en votos a la expresidenta del Parlament en el congreso de refundación del pasado junio.