El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó hoy que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña" al suspender de sus funciones públicas a encausados en el "procés" antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.
El fallo da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia.
Satisfacción de los independentistas
Los dirigentes independentistas han acogido con satisfacción la resolución, que ni es vinculante ni tiene carácter jurídico. N obstante, en un comunicado conjunto, ERC y JxCat señalan que España "está obligada a cesar sus políticas represivas y que no puede continuar utilizando el derecho y los procedimientos penales para hacer frente a la reivindicación pacífica del derecho a la autodeterminación" y el derecho "a la representación parlamentaria". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el dictamen muestra "la arbitrariedad de la justicia española". El fugado Carles Puigdemont lo ha calificado como "otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos".