ERC incumple todas sus promesas con los comunes en Educación

El Govern afronta la elaboración de los nuevos presupuestos para 2023, lo que implica buscar acuerdos parlamentarios. Las cuentas de este año salieron adelante gracias al apoyo de En Comú Podem, que quedó rubricado en un documento de compromisos. Entre ellos, un capítulo educativo que no se ha cumplido. De ahí que los comunes hayan presentado su propia hoja de ruta en forma de moción.

El acuerdo entre la Generalitat y los comunes incluye un apartado dedicado a la educación. Un ámbito siempre controvertido, pero que este año ha estado protagonizado por huelgas y movilizaciones contra la gestión del consejero Josep Gonzàlez-Cambray (ERC). Ese acuerdo incluía una enmienda al Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2022 correspondiente al Departamento de Educación, para pasar a cubrir, a partir del curso 2022-23, las reducciones de un tercio de la jornada por cuidado de hijo o familiar por medias jornadas.

Ayudas a estudiantes de FP

Asimismo, el Govern se comprometía a crear un nuevo fondo de “ayudas al estudio para estudiantes de ciclos de formación profesional, que también incorpore ayudas a la movilidad, el cual tendrá que estar dotado y plenamente operativo para las inscripciones del curso 2022-23”.

El Departamento de Educación, según el documento suscrito entre ambas partes, “pasará a hacer nombramientos por cobertura de sustituciones cuatro días a la semana (lunes, martes, miércoles y viernes)”, y evaluará la implementación del proyecto de universalización del I2 junto con el mundo local, a través de la Comisión Mixta del Departamento de Educación.

Por otro lado, las consejerías de Educación y Salud, “promoverán, en el marco del programa Salud-Escuela, la incorporación de nuevos profesionales a los equipos de asesoramiento psicopedagógico (psicólogos, pedagogos y psicopedagogos), de forma que “en 2022, las escuelas de alta complejidad de Cataluña tendrán recursos profesionales para acompañar a los centros y atender los casos más vulnerables, así como recursos y formación que den herramientas al alumnado y al profesorado para superar las consecuencias de la pandemia”.

Nada de esto ha sido aplicado, por lo que los comunes han presentado su propia hoja de ruta educativa, esto es, una moción que aumenta el nivel de exigencia respecto al pacto de presupuestos, pues amplía el número de medidas exigidas.

Así, los comunes se hacen eco de la polémica generada por el adelanto del calendario escolar y exigen una moratoria de un año, tal y como pidió el Consejo Escolar de Cataluña (CEC) a través de un dictamen el pasado mes de marzo. También reclaman un Pacto social con los sindicatos “para revertir los recortes, incluyendo la eliminación de una hora lectiva en la etapa de primaria y de secundaria en el próximo curso, a partir de una modificación o ampliación presupuestaria”.

Falta de transparencia

Revisar, modificar y suprimir, en caso necesario, los decretos de autonomía de centros, de direcciones, de provisión de puestos de trabajo y la resolución EDU/1852/2021, para que se adapten al marco normativo de la LOMLOE, es otra de las propuestas de En Comú Podem. “Se debe evitar la arbitrariedad en la hora de realizar las selecciones de los docentes y garantizar un sistema transparente que siga los principios de selección de la función pública. Dado que es la única comunidad autónoma del Estado donde se está produciendo esta situación”.

También ven necesario “impulsar la adaptación de los centros educativos a la emergencia climática, creando una diagnosis y un plan específico en un plazo máximo de seis meses, donde se prioricen las actuaciones y su calendarización, y se tengan en cuenta las particularidades territoriales, además de la creación de un protocolo de actuación que acompañe a los centros educativos”.

Gratuidad de la actividades extraescolares

Elaborar un plan de actuación para garantizar el acceso universal de todo el alumnado a las actividades extraescolares de forma gratuita para fomentar la equidad y la accesibilidad, así como garantizar plazas públicas para todas aquellas familias que así lo hayan solicitado a través de la preinscripción escolar “evitando desplazamientos a la escuela concertada, a partir de la apertura de nuevas líneas y refuerzo de profesorado en aquellos centros que así lo requieran para no superar los ratios y la flexibilización de los ratios en centros públicos”.

Los comunes reclaman “un Pacto Nacional por la escuela inclusiva calendarizando las actuaciones y el presupuesto necesario para hacer cumplir el Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo”.

Finalmente, reclaman “aumentar y garantizar plazas públicas de formación profesional a todo el alumnado, tanto en lo que se refiere a la oferta presencial como al acceso asequible a las plazas ofertadas a distancia”.

La moción de PSC-Units

En pleno debate sobre las necesidades del futuro curso escolar, al que se ha sumado PSC-Units con su propia moción, el Govern ha anunciado esta semana que contratará a 2.441 profesionales en los centros educativos, que incluyen el cuerpo de maestros, de profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional, técnicos de educación infantil, educadores de educación especial, integradores sociales y personal administrativo. Más de 2.000 de ellos serán personal docente.

Según la Generalitat, el refuerzo de la plantilla permitirá la reducción de las ratios en Infantil 3. Un millar de los nuevos docentes irán destinados a la formación profesional, confirmando la FP como uno de los principales ejes del Departamento de Educación y facilitando la promoción y adaptación de la FP pública con nuevas plazas. “El curso pasado se mantuvieron los recursos destinados durante la pandemia, es decir, 5.000 personas. Ahora anuncian que contratarán a 2.400. En realidad, hay un recorte”, advierte la diputada y portavoz de Educación de PSC-Units, Esther Niubó.