Artimaña de Borràs: pide que la juzgue un jurado popular

La presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs (JxCat), ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, antes de enviarla a juicio, consulte al Tribunal Constitucional (TC) si la puede juzgar un jurado popular, a pesar de que éstos están excluidos en casos de prevaricación como el que se le atribuye.

La defensa de Borràs ha recurrido el auto de procesamiento que el TSJC dictó hace dos días contra ella y tres sospechosos más por presunto fraude en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), al haber concedido a dedo 18 contratos fraccionados a un amigo. En concreto, el magistrado Josep Seguí la dejó a un paso del juicio por prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación, al "abusar" supuestamente de su cargo.

Quiere que se consulte al Tribunal Constitucional

El abogado de la mandataria de JxCat, Gonzalo Boye, sostiene en su escrito que se ha vulnerado su derecho a un juez natural, es decir, al que según él le correspondería por norma, y reclama que sea un tribunal popular el que la juzgue. El letrado cree que "la excepción del delito de prevaricación tiene escaso o nulo fundamento constitucional", dado que la ley del jurado pretende que la ciudadanía participe en la administración de justicia.

Por eso, el recurso de Borràs también reclama plantear una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) sobre qué tribunal es competente para enjuiciar el delito de prevaricación. En caso de que el TSJC no acepte esta reclamación, Borràs pide que se la juzgue por separado: de un lado por prevaricación, y por otro con un jurado popular por el resto de delitos que se le atribuyen.

La dirigente nacionalista se encuentra en una situación comprometida tanto legal como políticamente, dado que su situación procesal la obligaría a dimitir como presidenta de la Cámara catalana. Y es que un punto del reglamento del Parlament establece que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción", la Mesa "una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".