La inversión realizada por el Gobierno español para seguir con las obras del proyecto del denominado "cuarto cinturón" no es del agrado de parte de la Generalitat de Cataluña. ERC ha rechazado este viernes el plan del Ejecutivo central en la autovía B-40, que el Ministerio de Transportes va a financiar, porque considera que se trata de un proyecto de movilidad "caduco", que históricamente siempre ha descartado y que desea "detener".
El Ministerio de Transportes pagará las obras y la Generalitat las tramitará, proyectará, ejecutará y tendrá la titularidad de la nueva vía, según ha dado a conocer la ministra Raquel Sánchez en una reunión realizada este viernes en Sabadell.
La activación del proyecto de la B-40 tiene como finalidad descongestionar la Gran Vía de Sabadell, facilitar la movilidad de los vecinos de Castellar del Vallès y mejorar las opciones de conexión entre Terrassa y Sabadell.
Quieren "detener" el plan
Sin embargo, ERC ha expresado su desdén en un comunicado, en el que explica su posicionamiento contrario al cuarto cinturón, ya que le parece que "perpetúa modelos de movilidad caducos en Cataluña", por lo que propone "una alternativa" a esta vía.
La formación secesionista considera que "construir más tramos del trazado original de la B-40 es una prioridad sociovergente en infraestructuras" que no comparten y que quieren "detener".
Les parece una "imposición" y un "blanqueamiento"
ERC cree que, detrás del anuncio de la ministra, hay un intento de lo que denomina "blanqueamiento del déficit ejecutor del Gobierno del PSOE en Cataluña", por lo que aplaude el "plantón" dado por el Govern al no asistir a la mencionada reunión.
"El modelo caduco de infraestructuras no nos sirve, y las promesas tampoco", advierte ERC antes de afirmar que "no aceptará planteamientos erróneos, sin consenso territorial en las dos comarcas e impuestos de forma encubierta".
"No resuelve las necesidades"
Para el partido que preside la Generalitat, recuperar el proyecto de cuarto cinturón planteado en los años 60 "supondría de facto construir una nueva autopista que no resuelve las necesidades reales de la movilidad de los vallesanos, y que obvia la realidad de emergencia climática y de crisis energética que sufrimos".
La propuesta alternativa de ERC pasa por fomentar el transporte público, especialmente el ferroviario, ya que las comarcas del Vallès conforman "la región metropolitana europea con menos transporte público, versus 84% de transporte privado".
ERC dice apostar ahora por "el tren orbital entre los dos Valleses", y esto es "la prioridad a abordar para resolver y mejorar la movilidad" en este territorio.
A pesar de ese supuesto rechazo por la contaminación que generaría la nueva vía, ERC sí defiende acabar el tramo entre Abrera y Terrassa para conectarlo con la C-58, y la conexión entre Castellar y la C-58, así como la mejora de las vías existentes, pero no "una vía de alta capacidad pensada para tráfico de paso".
Críticas a "Madrid"
Por esta razón, ERC pide a la Generalitat --presidida por su propio partido, con Pere Aragonès al frente-- que el traspaso de la decisión a manos del Govern "sea el primer paso para apostar por un modelo de movilidad sostenible, con consenso territorial y adaptado a los nuevos tiempos".
"Queremos un replanteamiento de soluciones de movilidad desde cero, sin condicionantes a la visión prefijada por el cuarto cinturón y a las redes viarias obsoletas impuestas desde Madrid", recalcan los nacionalistas en su comunicado.
Inversión del Gobierno español en la AP-7
ERC, en cambio, ha valorado de forma distinta el anuncio de que el Gobierno invertirá 78,2 millones de euros para remodelar la autopista AP-7 a su paso por las comarcas barcelonesas del Vallès.
"Ya va siendo hora de que, además de prometer, cumplan las inversiones en Cataluña", critica la formación nacionalista, para la cual "este anuncio no cambia el hecho de que Cataluña continua a la cola de las inversiones del Gobierno del Estado, con sólo un 36% de ejecución para este año", según sus cifras, que han sido rebatidas en los últimos días desde el Gobierno central.