La ley sobre usos lingüísticos que el Parlament tiene previsto aprobar en el Pleno que comienza este miércoles y que reconoce el castellano como lengua vehicular, supone un punto de inflexión en un largo período de debate político. Pero viene precedida de una intensa ofensiva para blindar la inmersión. En apenas siete meses, la Cámara catalana ha aprobado una resolución y seis mociones que contienen un total de 13 recomendaciones e instrucciones para mantener el monolingüismo. Esto es, para defender el catalán de los supuestos ataques que recibe por parte de las instituciones españolas.
El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), a petición de Ciudadanos, PP y Vox, emitirá hoy su dictamen sobre la nueva ley, fruto del acuerdo entre Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y PSC. Todo apunta a que dará luz verde a esa norma, es decir, que la declarará ajustada al Estatut y la Constitución. No obstante, las resoluciones de esta especie de tribunal constitucional a la catalana no son vinculantes, como se pudo comprobar con sus informes contrarios a las leyes de ruptura de 2017.
La sede del Consell de Garantíes Estatutàries / CG
Tras el veredicto del Consejo, se ampliará el orden del día del plenario que comienza pasado mañana.
Respuesta a la sentencia del 25% de castellano
La nueva ley es la respuesta que los grupos dan a la sentencia que ordena un 25% de castellano en los horarios lectivos, pues aunque no incluye cuotas --éstas sí aparecen en un decreto ley del Govern que desafía a los tribunales--, sí permite a la Consejería de Educación demostrar que se está dotando de instrumentos legales para flexibilizar la inmersión. Otra cosa es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo acepte.
La ley desencalla la situación tras muchos años de debate político sobre el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano. No obstante, la Justicia siempre tuvo claro que los idiomas catalán y español deben ser vehiculares en las aulas, no así la Consejería de Educación, que recurso tras recurso, ha intentado frenar la ejecución de la sentencia del TSJC. Hasta que el Tribunal Supremo le dio firmeza.
Mito del catalán
Desde entonces, los partidos independentistas, apoyados por los comunes y en algunos casos por el PSC, han impulsado una batería de recomendaciones e instrucciones en el Parlament con la finalidad de blindar el catalán. Da cuenta del listado un informe de Impulso Ciudadano que desmonta el mito del catalán como lengua débil.
Reunión del Pacto Nacional por la Lengua impulsado por el Govern / GENCAT
Así, el 30 de septiembre de 2021, la Cámara autonómica aprobaba una resolución en la que instaba al Govern a promover un pacto nacional que dé “máximo apoyo social e institucional” a las políticas para el uso de la lengua catalana. Fruto de ese acuerdo nació el Pacto Nacional por la Lengua, que el Govern está promocionando en diferentes puntos de la geografía catalana. Hoy lo hará en Santa Coloma de Gramenet.
En esa resolución también se conjuraban los independentistas para defender el catalán ante las instituciones europeas.
El catalán en la Justicia
El 7 de octubre, una moción abundaba en ese Pacto Nacional con “una perspectiva de unidad lingüística de los Països catalans”, y proclamaba la preminencia del uso del catalán en las ruedas de prensa oficiales y en las declaraciones de los altos cargos del Govern y diputados.
El 2 de diciembre, otra moción exigía al Consejo General del Poder Judicial que el catalán sea un requisito y no solo mérito en la provisión de plazas para la administración de Justicia.
Protección de los profesores
El 15 de diciembre, otra moción consagraba un triple objetivo: garantizar que el catalán sea lengua vehicular en la enseñanza y en las actividades extraescolares; la aplicación de la inmersión en los centros educativos y que la Consejería asuma la responsabilidad política y jurídica en la aplicación de esos objetivos para proteger a los profesores.
El 10 de febrero, el Parlament aprobaba acciones específicas para promover el catalán en las actividades culturales para hacer frente al “neoliberalismo lingüístico”. Dos semanas después, la Cámara proclamaba el catalán como lengua propia de las universidades, y defendía la mejora de competencias lingüísticas de los estudiantes, profesores y personal administrativo. El resultado es el endurecimiento del aprendizaje del catalán y medidas como la traducción simultánea para evitar que los profesores pasen del catalán al castellano.
Desobediencia al TSJC
Finalmente, el pasado 7 de abril. Llegó la moción 95/2022, aprobada el 7 de abril --especialmente significativa para Impulso Ciudadano--, a propuesta de la CUP, en la que se insta al Gobierno a “no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece el carácter vehicular de la lengua castellana y obliga a usarla en un mínimo del 25% de la enseñanza; a garantizar y aplicar en todos los centros educativos la inmersión lingüística, basada en el catalán como única lengua vehicular; y a asumir la responsabilidad del Departamento de Educación en defensa de la inmersión lingüística”.
Durante este período de sesiones se han aprobado numerosos acuerdos con ese espíritu, pero esas 13 instrucciones dadas al Govern son las más significativas.