Interior ‘purga’ a los altos cargos que se oponen a hacer la vista gorda en la Meridiana

¿Simple remodelación o purga? Los cambios en la Consejería de Interior de la Generalitat continúan y se han llevado por delante a dos técnicos contrarios a las nuevas instrucciones dadas por la cúpula del departamento, consistentes en proteger a los activistas. Esto es, hacer la vista gorda en movilizaciones como las que tuvieron lugar en la avenida Meridiana de Barcelona, donde a pesar de la gravedad de algunos incidentes, decenas de actas nunca fueron tramitadas como expediente. Dicho de otra manera, Interior dio carpetazo a esos altercados en el marco de sus acuerdos con la CUP.

Ayer, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicaba el cese de Jordi Ferreres, subdirector general de Seguridad Interior de la Dirección General de Administración de Seguridad. Se trata de la unidad que, entre otros cometidos, tramita las actas de orden público. Fuentes policiales atribuyen el cese de Ferreres, que fue resuelto hace una semana, “a su rechazo a los nuevos criterios impuestos por el departamento”. Portavoces de la Consejería de Interior niegan que esa sea la causa y dicen que la marcha del técnico se enmarca en los cambios que durante estos meses se están llevando a cabo en las estructuras del departamento.

Los cambios en la Consejería de Interior siguen / EUROPA PRESS

Cese de Mari Pau Martí

El cese de Ferreres se une al de la abogada Mari Pau Martí, jefa del servicio jurídico de la policía autonómica, que el pasado 26 de mayo fue sustituida por Àlex Bas. Martí había coordinado la estrategia de defensa de quien fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como de la intendente Teresa Laplana en la causa del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1-O. Pero las citadas fuentes policiales apuntan a que la letrada tampoco está de acuerdo con las nuevas instrucciones del consejero Joan Ignasi Elena.

Tal como publicó Crónica Global, el pasado 20 de enero, la Consejería de Interior solicitó un dictamen al gabinete jurídico de la Generalitat sobre un documento elaborado por ese mismo departamento para ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana --conocida como la ley mordaza-- en casos de reuniones y manifestaciones. Dolors Feliu, abogada de la Generalitat y recién elegida presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), avaló jurídicamente esas instrucciones en un informe en el que considera que “los actos aislados de violencia no hacen que una reunión o manifestación pierda el carácter de pacífica”, y que “la caracterización de la violencia en estos casos se debe realizar de manera restrictiva”.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (d), y el consejero catalán de Interior, Joan Ignasi Elena (i), a su llegada al Dia de les Esquadres / SARA CID - CG

Hace varias semanas, responsables jurídicos de diferentes unidades policiales impartieron instrucciones más precisas, pues se distribuyó un gráfico con una casuística de 23 posibles conductas, el artículo de la ley mordaza susceptible de ser aplicado y qué tipo de actuación se debía llevar a cabo: archivo inicial o incoación y, en este caso, la aplicación o no de la norma. Este documento no iba firmado ni llevaba el membrete de la consejería.

Inseguridad jurídica

Esas excepciones a la ley mordaza han generado inquietud en el cuerpo de Mossos debido a la inseguridad jurídica que generan y que se producían en un momento de vacío en la subdirección general de Seguridad de la Generalitat, tras la marcha de Jordi Ferreres. Al parecer, la publicación en el DOGC del cese de Ferreres se ha ido retrasando porque no está siendo fácil encontrar sustituto.

Las nuevas instrucciones han dado lugar a un intenso debate político en el que el diputado de PSC-Units Ramon Espadaler ha recordado el carpetazo dado por Interior a 2.775 actuaciones llevadas a cabo desde 2019, según el análisis hecho por su grupo parlamentario. De esas actuaciones, 150 corresponden a actas levantadas por los cortes independentistas en la avenida Meridiana que no se tradujeron en sanciones. Por ejemplo, los desórdenes y las hogueras que se llevaron a cabo en el corte independentista del 4 de marzo de 2020 no acabaron en expediente. Tampoco los hechos ocurridos en la misma zona el 7 de marzo de 2020, cuando se atacó a un conductor.

Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, en una comparecencia pública anterior / EFE

Cambios a partir de la destitución de Trapero

Los ceses de Ferreres y Mari Pau Martí vienen precedidos de los cambios que arrancaron con la destitución de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos y la del responsable de la Comisaría Central de Investigación Criminal, Toni Rodríguez. Un área con competencias en la lucha contra la corrupción dependiente de jueces y fiscales que, según explicó Crónica Global, ningún mando de los Mossos d’Esquadra se había atrevido a controlar. Ni el propio Trapero.

Rodríguez había dirigido investigaciones que afectaban a Laura Borràs, Miquel Buch (JxCat) y a cargos de CDC, de ahí que esa amplia renovación, que afectó a una treintena de cargos, hiciera saltar todas las alarmas políticas y también policiales.