Airenet se prepara para enfrentarse a Tersa en los tribunales: "Pedimos la imputación de Janet Sanz"

La coordinadora vecinal metropolitana Airenet ha lanzado una campaña de micromecenazgo para hacer frente a los costes del proceso judicial que se iniciará contra Tersa, la empresa pública que gestiona la incineradora de residuos emplazada en Sant Adrià de Besòs e investigada por un delito contra el medioambiente. "Necesitamos ayuda de la ciudadanía para sufragar los costes que se deriven de esta etapa legal que estamos encarando", ha anunciado Silvina Frucella, presidenta de la coordinadora vecinal, este miércoles. 

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Airenet se personará como acusación en la causa contra Tersa

Después de que la fiscalía presentara una denuncia en el juzgado número 5 de Badalona, a raíz de otra previa presentada por Airenet el 12 abril 2018, la justicia ha permitido que la coordinadora vecinal se presente como acusación en el proceso judicial al considerar que es una de las damnificadas por las presuntas malas prácticas de la incineradora. 

Señalan a Badia y Sanz

Desde Airenet denuncian que se enfrentan, como en la historia de David y Goliat, a "un monstruo que cuenta con todos los recursos, nuestros recursos, que utiliza como si fueran propios", según la presidenta. De hecho, la empresa pública ha contratado a uno de los despachos de abogados más caros de España, con dinero público, para seguir operando con "prácticas opacas y contaminantes". "Sin el 'presuntamente'", subraya Frucella, que recuerda que la Generalitat ya sancionó a la incineradora por sus prácticas fuera de la ley. 

Rueda de prensa de Airenet sobre Tersa / CG

La coordinadora denuncia que, además de tener todos los recursos a su alcance, Tersa cuenta con el respaldo de las Administraciones Públicas propietarias: el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona. "Han perdido su razón de ser cuando se han posicionado con la incineradora y no con los ciudadanos". En este sentido, Airenet denuncia que tanto Eloi Badia, regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona --imputado en esta causa-- como Janet Sanz --entonces presidenta de Tersa-- negaran las evidencias a pesar de los 13 estudios en los que se demostraban altísimos niveles de contaminantes. "No se han movido de ahí ni cuando la Generalitat sancionó a Tersa, que tuvo que pagar dos multas, con dinero público". Cuestionan que desde el ayuntamiento mantengan el mismo discurso cuando la fiscalía, tras cuatro años de investigación, ha detectado indicios de un delito medioambiental.

"Prácticas oscuras y opacas"

Tanto la coordinadora como el bufete de abogados que la asiste, Jufresa y Grasas --un despacho con experiencia en delitos medioambientales-- solicitan a la Generalitat que abra las puertas de Tersa y se ponga a disposición de la justicia para que se conozca la verdad. "Se manejan con prácticas oscuras y opacas", ha insistido Frucella. En este sentido, recuerda que aunque esta es la primera denuncia que prospera no es la primera interpuesta, "pero todas han acabado acalladas por el ayuntamiento".

Ahora, piden a la ciudadanía ayuda para financiar este proceso que considera importante "que siga adelante": "Tenemos derecho a respirar aire puro". Es un caso emblemático dicen los afectados, que pone de relieve el funcionamiento de las Administraciones Públicas y que dejan en evidencia sus intereses, que no siempre se corresponden con los de la ciudadanía. "Estamos atravesando una crisis climática sin precedentes. Esto debe acabar. Esta causa puede ser un emblema de esta lucha y de este cambio", han sostenido. 

Penas muy elevadas

Los letrados Francesc y Mónica Jufresa anuncian que pedirán la imputación de Janet Sanz, como presidenta de la empresa pública cuando se cometieron parte de los hechos delictivos, y pedirán que se investigue el grado de responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona. Aunque el proceso se encuentra todavía en la fase de instrucción aseguran que, aunque habrá que esperar a la fase de calificación, las penas a las que se podrían enfrentar los responsables, tanto personas físicas como jurídicas, son muy elevadas. "Serán penas importantes porque son hechos muy graves", ha expresado. 

El abogado ha incidido en que, a medida que tengan nuevos datos sobre la situación de la empresa contaminante y conozcan qué personas han intervenido directamente en la perpetración de los delitos, pedirán su imputación. Los abogados han remarcado que la situación de Tersa es muy grave por los efectos contaminantes, pero también por la gestión que se hace por parte de la entidad, que hace que las propias personas que trabajan "tengan miedo de denunciar lo que allí se hace sobre cómo se están tratando los residuos, las emisiones a la atmósfera de las chimeneas y la dejadez de la planta". Demuestra, dicen, "una gestión mafiosa" por parte de la empresa hacia sus empleados, que no se atreven a denunciar estas prácticas.