¿Hacer en dos meses lo que no se ha hecho en 40 años? Parecía un reto imposible, pero cuatro partidos políticos se han conjurado para aprobar una ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en la que se reconoce el castellano como lengua de enseñanza, aunque sin darle el carácter vehicular que ordena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La que marca un porcentaje mínimo del 25% de español en los horarios lectivos.

En realidad hace un año que el Govern trabajaba en un instrumento legal con el convencimiento de que será recurrido ante el Tribunal Constitucional, es decir, para que el embrollo judicial continuara. Máxime si se tiene en cuenta que el futuro decreto que prepara el Govern, en el que se rechazan las cuotas judiciales, es el peaje que ERC ha pagado para convencer a Junts per Catalunya (JxCat) de que apoyara la ley pactada con PSC y comuns.

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSC, ERC, comuns y Junts salen juntos tras firmar la proposición de ley sobre el catalán en el Parlament / EUROPA PRESS

A principio de 2021, la Consejería de Educación comenzó a tomarse en serio la necesidad de dar respuesta a las sentencias judiciales que, en un goteo constante, cuestionaban los proyectos lingüísticos y la resistencia del Govern a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional. “Sabían que, en cuestión de pocos meses, la sentencia sería firme. Y ERC no quería jugar a la desobediencia y repetir experiencias pasadas”, explica un miembro de la comunidad educativa que asistió a varias reuniones con cargos de la consejería. Pero los republicanos tampoco podían hacer oídos sordos a las presiones de determinadas entidades --Plataforma per la Llengua, Som Escola, Koiné…--, que incluso llegaron a aceptar una cuota mínima del 25% para mantener un amplio porcentaje mayoritario de la lengua catalana.

Desde un principio, la consejería apostó por la aprobación de una nueva ley o, en su defecto, por la reforma de la ley de política lingüística. “En ningún momento se planteó la reforma de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), un melón que era necesario no abrir”, añaden esas fuentes. Un instrumento legal permitía a la Generalitat ganar tiempo ante los tribunales, pues en sus reiterados recursos, alegó precisamente que se estaba elaborando una norma para proporcionar seguridad jurídica al cumplimiento de las sentencias. Y que quería hacerlo con un amplio consenso.

Cambios en el CGE

“El Govern sabía que la ley acabaría en el Tribunal Constitucional. La petición de dictamen ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) es un paso previo”, explica uno de los negociadores de esa norma. En efecto, Ciudadanos, PP y Vox han dejado en suspenso la aprobación de la ley con su petición de informe al CGE, que tiene siete días hábiles para hacerlo. Sin embargo, fuentes parlamentarias explican que este mismo lunes podría emitirse ya una resolución, esto es, un día antes de que acabe el plazo dado por el TSJC para ejecutar su sentencia.

La reciente renovación de este Consejo, una especie de tribunal constitucional a la catalana que vela por el ajuste de las leyes al Estatut y la Constitución, ha aumentado el peso del independentismo en su composición. De ahí que los grupos recurrentes están convencidos de que el dictamen será favorable a la ley.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Sin embargo, tanto PP como Vox están dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional. Tienen un número suficiente de diputados en el Congreso --se necesitan 50-- para hacerlo. Y eso es precisamente lo que la Consejería de Educación preveía.

Dicho de otra manera, el independentismo ha jugado bien sus cartas, tanto en lo que respecta a sus cálculos políticos como judiciales. Pero es que, además, el Govern prepara un decreto ley que incluirá un rechazo expreso a las cuotas lingüísticas judiciales, que es el peaje que ha tenido que pagar ERC para vencer las reticencias de JxCat. Un decreto ley que los socialistas no apoyarán. Así lo aseguró el jueves el líder del PSC, Salvador Illa.  "No hemos garantizado nuestro apoyo, queremos ver la literalidad y si se habla o se hace alguna referencia o afirmación que pueda suscitar un incumplimiento de las resoluciones judiciales no daremos nuestro apoyo", avisó.