El Govern ‘pasa’ de dar instrucciones a dos días de tener que aplicar el 25% de castellano

El Govern todavía no ha dado instrucciones a los centros educativos sobre cómo aplicará el 25% de castellano. A dos días de que finalice el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las direcciones no han recibido indicaciones por parte del Departamento de Educación para dar cumplimiento a una sentencia que obliga a impartir ese porcentaje. Si bien desde la Generalitat pretendían responder a esa decisión judicial con la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria --pactada por ERC, Junts, En Comú Podem y PSC-- la realidad es que se trata de una norma que, hoy por hoy, está en manos del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), después de que Ciudadanos, PP y Vox la considerasen un "asalto a la legalidad". 

La ley establece "el catalán como la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumno recién llegado. El castellano es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de centro". Según las fuentes consultadas por Crónica Global, no estará aprobada para la fecha límite --31 de mayo-- que estableció el TSJC, pero los profesores necesitan conocer "qué actuaciones deben seguir una vez finalizado el plazo o aprobada la norma". 

Piden instrucciones a Cambray

Desde los sindicatos lamentan, una vez más, que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, no haya tenido en cuenta al colectivo al que representa a la hora de negociar esta normativa. "Estamos totalmente desinformados", lamenta la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, quien se muestra muy crítica al considerar que acaba con la inmersión lingüística. Por ello, insta al departamento a "desacatar" la sentencia. Unas declaraciones que no comparten el resto de representantes sindicales como Teresa Esperabé, de CCOO. "La sentencia va dirigida a la parte demandada, que es el conseller. Es él quien tiene la responsabilidad de proceder en alguna medida y nosotros haremos lo que se nos diga", añade Xavier Massó, de Profesores de Secundaria. 

Según la ley pactada en el Parlament, cada centro deberá establecer en su proyecto lingüístico cómo se usa cada lengua en función del contexto socioeducativo. Uno de los directores de un colegio del Maresme (Barcelona), explica en declaraciones a este medio que, en su caso, sería más necesario "promover el uso de la lengua catalana". "Habrá que intentar trabajar que las interacciones dentro del centro sean en esa lengua, en el momento del patio o de las extraescolares". Serán los inspectores de cada escuela los que decidan "en qué momento y qué uso" se hace de cada una de ellas. No sólo a nivel curricular, sino también en las circulares, en la comunicación entre las familias, en las reuniones, etcétera. Sin embargo, ven difícil que desde la Alta Inspección Educativa --que depende del Gobierno-- se realice un seguimiento del cumplimiento de la sentencia del TSJC por la poca cantidad de personal en Cataluña. 

A pocos días de que finalice el curso

Asimismo, los docentes consultados ven poco práctico aplicar la norma cuando quedan pocos días de clase antes de las vacaciones de verano. Sin embargo, consideran que el Govern debería mover ficha y explicarles cómo piensan actuar de cara al próximo curso. "Tendría que haber una circular para que nos podamos organizar para el año que viene", indican. 

También alertan de posibles rifirrafes entre profesores una vez la dirección del centro decida qué asignatura se debe impartir en castellano para dar cumplimiento al 25%. La mayoría de las fuentes aseguran que, en ese caso, "elegirán la tarea que menos incidencia pueda tener a nivel lingüístico". "Podría pasar que haya maestros que se nieguen a dar su clase en esa lengua" o que se pregunten por qué la suya y no la de otro compañero. Pero "aunque no lo quieran hacer, si así aparece en el proyecto lingüístico de centro, no les quedará más remedio", añaden.

Con todo, la Generalitat deberá orientar a las escuelas sobre cómo deben actuar a partir de ahora, a la espera de conocer la deliberación del Consejo de Garantías Estatutarias que será el siguiente paso para que la ley se apruebe en el Parlament y dé respuesta a una sentencia polémica en Cataluña.