El expresidente de la Govern Quim Torra ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Penal número 6 de Barcelona que le condenaba a 15 meses de inhabilitación. Esta era la segunda causa por desobediencia a la que se enfrentaba por negarse a descolgar una pancarta de la fachada de la Generalitat cuando era el jefe del Ejecutivo catalán.
Torra ha exigido a la Audiencia Provincial de Barcelona su absolución por esta resolución. En su recurso ha asegurado que la sentencia es “una vulneración del derecho fundamental de representación política, de la igualdad y del derecho fundamental a la libertad de expresión”. Argumentos que el expresident ha expuesto para poder sortear la inhabilitación para ejercer un cargo público durante 15 meses.
“Persecución” por la pancarta
La defensa considera que se incurre en una vulneración del derecho a la legalidad penal y al principio de proporcionalidad. Todo ello, con el objetivo de acreditar una “persecución de carácter político”. Torra sostiene que se ha “incumplido de forma rotunda” la resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa del 21 de junio de 2021, que exigía a la justicia abstenerse de sancionar a los sucesores políticos de los líderes independentistas en prisión por acciones simbólicas en solidaridad con ellos.
Pancarta colocada por Torra en el balcón de la Generalitat
En el texto presentado por el expresidente, este defiende que la colocación de una pancarta reivindicativa que pide “el cumplimiento de los derechos humanos no es un acto administrativo sino de carácter político”. Por ello, asegura que los hechos por los que fue condenado están amparados por la inviolabilidad parlamentaria de la que gozaba en esos momentos.
Libertad ideológica como argumento
La pancarta fue colgada junto a un lazo amarillos, y luego fue reemplazada por una segunda. Esta exhibición, que ha condenado el Juzgado Penal de Barcelona, sería “una manifestación del derecho a la libertad de expresión, así como de la libertad ideológica”, según el recurso presentado por Torra ante la Audiencia Provincial.
Pero la defensa llega más allá, hasta acusar de haber incumplido el artículo 410.2 del Código Penal que “implica una obligación de no castigar por vía penal el hecho de desobedecer órdenes arbitrarias, ilegítimas e ilícitas”. Todos estos argumentos son los que ha presentado el expresident para intentar sortear la inhabilitación, con un mensaje en redes sociales: “No queremos dejarles pasar y llegaremos hasta el final con la represión”.