Ustec, Intersindical, CGT y Sepc tildan la ley del catalán de “aval político al 25% de castellano”

Los sindicatos Ustec, Intersindical, COS, CGT y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han cargado contra la ley que reconoce el castellano como lengua de aprendizaje y que ha sido aprobada con el 80% de los apoyos del Parlament. Según estas organizaciones, la norma solo “representa un aval político a la sentencia del 25%” de castellano obligatorio en las aulas.

Da por sentado que conllevará cambios reales en los proyectos lingüísticos de los centros educativos y que eso será “el fin de un modelo que persigue la cohesión y el derecho de todo el alumnado a tener acceso a la lengua catalana”. Es decir, una inmersión equivalente al monolingüismo y que busca acorralar el castellano como una lengua marginal en la educación autonómica.

Poder de los directores y docentes

Los sindicatos agrupados en la plataforma Pública i en català, alerta de que la nueva ley “abre la puerta a que la presencia del catalán y el castellano venga determinada por los centros educativos”. Según su punto de vista, dar poder a los responsables para que adecuen la formación a las necesidades de las aulas para garantizar que al final del aprendizaje obligatorio existe un pleno dominio oral y escrito de catalán y castellano implica “agravar la segregación escolar”.

En un comunicado público, critica asimismo que se ponga “presión” a los directores y docentes a los que se blinda su margen de decisión a la hora de determinar los currículos educativos.

Más protestas

Los sindicatos catalanistas reconocen que la nueva norma, que se tramita por la vía de la urgencia, no incluye ningún cambio significativo respecto a la reforma de la ley de política lingüística que PSC, ERC, JxCat y los Comunes presentaron en marzo. El primer gran pacto que se alcanzó en esta materia del que los neoconvergentes se descolgaron en cuestión de horas por la presión del independentismo más radical que les exigían blindar el monolingüismo.

Ahora, las organizaciones llaman a la comunidad educativa y a las entidades de defensa radical del catalán (Plataforma per la Llengua…) a “construir una respuesta colectiva a la sentencia, de defensa de la escuela pública y en catalán y de protección de centros y docentes". Se prevé, de este modo, nuevas protestas públicas.