El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha reclamado este lunes a los grupos parlamentarios que "vuelvan al consenso" sobre el catalán y ha defendido que sea la Consejería de Educación de la Generalitat la que fije criterios sobre el uso de las lenguas en los centros educativos a partir, según él, de "criterios pedagógicos y sociolingüísticos", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya ordenado ejecutar la sentencia para que al menos un 25% de las clases en la autonomía se impartan en castellano.

Ribó considera que la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta por la Generalitat en las tres últimas décadas "se ajusta a la Constitución y al Estatut", y que quien debe determinar la definición del mismo no es uno de los tres poderes democráticos como el judicial, que ha garantizado el respeto al bilingüismo oficial en la autonomía.

"No es el Poder Judicial quien ha de determinar la definición del modelo lingüístico escolar en Cataluña, el cual ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales", ha manifestado el dirigente nacionalista.

Defiende a la Generalitat

El equivalente al "defensor del pueblo catalán" ha presentado su polémico informe Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents a Catalunya, en el cual, tras vigilar el uso que hacen los niños del idioma en las escuelas, concluye que la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta por la Generalitat en las tres últimas décadas contribuye a "compensar la subordinación del catalán al castellano en el resto de ámbitos de interacción social", según sus palabras.

A preguntas de los grupos, Ribó --con su mandato caducado tras casi 18 años en el cargo, y cuestionado por su afinidad al nacionalismo gobernante en Cataluña y sus dirigentes-- se ha mostrado "partidario" de que la propia Consejería de Educación del Govern secesionista no traslade a los centros la decisión de cuál debe ser el modelo lingüístico, a pesar de la sentencia firme, irrevocable y de obligado cumplimiento del TSJC que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano.

El Síndic considera que el modelo lingüístico en las aulas debe partir de lo que él denomina "realidad" y que el legislador debe actuar, mientras siguen las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Política Lingüística después de que Junts se descolgara del acuerdo de PSC, comuns y ERC y haya avanzado que trasladará este lunes al Govern una propuesta de decreto.

El PSC da credibilidad al informe

La diputada socialista Sílvia Romero (PSC) considera que el informe del Síndic Ribó constata la "realidad sociolingüística general" de alumnos y profesores, que se expresan en una lengua u otra según los propósitos comunicativos, y ha destacado que garantizar las "competencias lingüísticas" ayuda a reducir "la desigualdad".

Desde Junts, Irene Negre ha ironizado con que podría pedirse el cumplimiento del 75% de las clases en catalán, algo que considera que no ocurre en muchos centros, en vez del 25% de castellano: "Debemos mantenernos firmes en la defensa de nuestra lengua. Es una línea roja que no podemos dejar que traspasen", ha manifestado.

El diputado de ERC Carles Castillo considera que existe una "presión ambiental brutal" del castellano que la inmersión monolingë obligatoria en catalán busca compensar, a su juicio, con un "modelo de éxito" que garantiza el pleno dominio de las dos lenguas y promueve la equidad social.

"Espionaje lingüístico" del Síndic

Por parte de Vox, Sergio Macián ha acusado al Síndic de haber llevado a cabo un "espionaje lingüístico" a los alumnos al preguntarles qué lengua usan, a lo que el Síndic le ha contestado que las encuestas son frecuentes en las escuelas y, mostrándole el móvil, ha añadido que el "espionaje" se ha dado en otros ámbitos --en alusión al denominado caso Pegasus--.

Tras la intervención del diputado de Vox, el diputado de la CUP Carles Riera ha pedido llamarle al orden por sus afirmaciones sobre los niños catalanes y por decir que algunos hablan el castellano como el "indio Jerónimo", tras lo que la presidenta de la comisión, Najat Driouech (ERC), le ha instado a que guarde respeto.

Riera ha sostenido que "sorprende" que ante la regresión del uso del catalán, en sus palabras, los tribunales pidan más castellano, que el Gobierno no trabaje para frenar la ejecución del 25% y que el acuerdo entre ERC, comuns y PSC sobre el catalán asuma la tesis de que el castellano debe ser vehicular, ha dicho.

Aplauso de los 'comuns'

Desde En Comú Podem, su diputado Joan Carles Gallego considera que el informe del "defensor del pueblo" catalán muestra que "el castellano no está en peligro" y que, según él, no es posible adoptar una estrategia educativa lingüísticas con porcentajes, y ha apostado por reforzar el catalán en la escuela en el marco de los proyectos de cada centro y de su contexto social.

Por parte de Cs, Nacho Martín Blanco ha lamentado que las explicaciones del Síndic sirven para apuntalar, en sus palabras, el acuerdo de ERC, comuns y PSC para reformar la Ley de Política Lingüística, que según admitió la propia diputada de los comuns Jéssica Albiach la semana pasada pretende excluir al castellano como vehicular: "Su intervención aquí le convierte en un telonero de lo que está por venir en el Parlament".