El profesorado exige al Govern instrucciones claras y por escrito sobre las directrices lingüísticas

Empieza la cuenta atrás. El Govern tiene menos de 15 días para aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir, al menos, un 25% de las horas lectivas en castellano. En este escenario, los profesores urgen a la Consejería de Educación, liderada por Josep Gonzàlez-Cambray, a que establezca unas instrucciones claras y por escrito sobre las directrices lingüísticas que deben seguir.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” de los directores de los centros educativos, a quienes les ha pedido que sigan actuando con normalidad. “Se les dará las herramientas necesarias para que puedan trabajar con libertad”, ha avanzado. En sus palabras, será el Govern quien responda a la sentencia del TSJC. Una orden que considera una “persecución y acoso” al modelo educativo catalán de inmersión, que ha calificado de "éxito”.

"Menos palabras y más hechos"

Sin embargo, los profesores no comparten las declaraciones tranquilizadoras de la Generalitat. Exigen “menos palabras y más hechos” porque, hoy por hoy, lo único con lo que cuentan para desobedecer al TSJC son promesas. Mientras tanto, el Gobierno de Pere Aragonès trata de ganar tiempo para sacar del cajón la reforma de la Ley de Política Lingüística autonómica presentada por ERC, PSC, En Comú Podem y JxCat. Una iniciativa que sigue en el limbo parlamentario porque los neoconvergentes se descolgaron del pacto por la presión de las entidades monolingüísticas, hecho que ha evitado que se inicie su debate.

Sería una “herramienta” para hacer frente a la sentencia, pero va tarde, aseguran las fuentes consultadas por Crónica Global. “Es imposible impulsar una normativa en 15 días cuando no se ha movido un dedo en un año”, indican los interlocutores de sindicatos docentes. “El Govern lleva este tema con un retraso que roza la negligencia”, añaden.

Cobertura jurídica

“Con palabras de buena voluntad no se va a ningún sitio. Lo que queremos son evidencias reales de que eso será así”, insisten. Desde el sindicato Ustec proponen que el Ejecutivo de ERC y JxCat se responsabilice de los proyectos lingüísticos de cada centro y que “no les pase la patata caliente a los directores” para decidir qué porcentaje de catalán y castellano se debe aplicar en función de la realidad social de cada territorio. “Lo que se tiene que hacer desde Educación es regular unos proyectos lingüísticos comunes en todos los centros educativos”, sentencian. Es decir, que asuman la responsabilidad en primera persona si cumplen con la llamada a la desobediencia del independentismo. 

Dejan abierta la puerta a que haya “un pequeño margen de maniobra para adaptar en alguna circunstancia concreta del centro-zona donde esté ubicado”. De esta forma, desde las direcciones de los colegios podrán alegar que “ellos solo aplican una norma mayor regulada por la Administración”.

Falta de interlocución con los docentes

El Govern deberá mover ficha ante unos profesores que no se sienten apelados por la sentencia, pero que exigen cobertura jurídica clara al respecto. Cambray tiene los días contados para aplicarla y convencer a sus socios de JxCat para que saquen la reforma de la Ley de Política Lingüística del congelador. Todo ello, cuando la interlocución del Departamento de Educación con los sindicatos educativos es nula, ya que la imposición del nuevo calendario del curso 2022-2023 del republicano ha roto los puentes de diálogo.

Los cambios en materia lingüística solo añaden más presión a un conflicto laboral que ha encallado y que no hay visos de enderezar en el corto plazo. El profesorado no confía en los gestores del departamento, cuestión que tensa aún más la cuerda cuando el independentismo anuncia que busca una nueva vía para sortear la ejecución de la aplicación del 25% mínimo de castellano en las aulas.