Las concesiones que, en materia de seguridad, hace la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña a la CUP chocan con la realidad. Y esta es que los Mossos d’Esquadra vuelven a estar en alerta ante los cambios que pretende aplicar este departamento, en manos de ERC.
Hace varias semanas, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, anunció una instrucción sobre la aplicación de la ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, en Cataluña. Dicho de otra manera, el republicano quiere establecer criterios respetuosos con los derechos humanos para ejercer la potestad sancionadora en casos de protestas ciudadanas. El anuncio ha provocado inquietud en el cuerpo de Mossos d’Esquadra ante la inseguridad jurídica que esa interpretación de la ley puede generar. Fuentes policiales han transmitido ese malestar a Crónica Global. De hecho, afirman, la entrada en vigor de esas normas se están retrasando precisamente por esas críticas internas a una medida que, entienden, va dirigida a suavizar la respuesta penal al activismo independentista.
"En proceso de elaboración"
El propio Elena admite, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de PSC-Units, Ramon Espadaler, que el documento todavía “está en proceso de elaboración”. El conseller explica que esas instrucciones pretenden “fijar un posicionamiento objetivo, homogéneo, coherente y respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el ejercicio de la actividad administrativa sancionadora, por parte del departamento”, en supuestos de protestas ciudadanas.
Conseller de Interior, Joan Ignasi Elena / PARLAMENT
La finalidad, añade, es “un refuerzo del principio de legalidad al que está sometida la Administración, ya que incorpora la perspectiva del ejercicio legítimo de derechos fundamentales a partir del análisis de sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
El pasado marzo, Elena aseguró que esas instrucciones sobre la ley mordaza, responden a "criterios avalados por el gabinete jurídico de la Generalitat”. El problema, tal como explicó este medio, es que nadie, salvo algunos privilegiados, ha visto ese informe. Según subrayan fuentes jurídicas cercanas al Palau de la Generalitat, el documento “no ha pasado siquiera por el Consejo de Garantías Estatutarias. Es papel mojado ante un juez”.