El informe jurídico fantasma con el que Elena quiere incumplir la ley mordaza

“Son criterios avalados por el gabinete jurídico de la Generalitat”. Así justifica el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, su decisión de no aplicar la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, en determinadas movilizaciones sociales. El problema es que nadie, salvo algunos privilegiados, ha visto ese informe que, según subrayan fuentes jurídicas cercanas al Palau de la Generalitat, “no ha pasado siquiera por el Consejo de Garantías Estatutarias. Es papel mojado ante un juez”.

Las instrucciones dadas por Elena, aprobadas el pasado jueves en el Pleno del Parlament, han vuelto a poner en alerta a los Mossos d’Esquadra, que de nuevo cargan con la responsabilidad de incumplir la ley para que Elena “vuelva a congraciarse con la CUP”, indican fuentes sindicales.

El consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena / EFE

Moción de ERC

Tras las instrucciones internas dadas en ese sentido, Elena se ha visto respaldado por la aprobación de una moción de ERC favorable a la derogación de la ley mordaza y que insta al Govern a aplicar de forma efectiva los cambios de criterios jurídicos "respecto a personas que participan en movilizaciones sociales pacíficas, activistas antidesahucios y periodistas, haciendo prevalecer el ejercicio de derechos fundamentales". Según el conseller, ese incumplimiento de la ley viene avalado por sentencias europeas y del Tribunal Constitucional.

“De todas formas, por mucho informe que tenga eso no le sirve para saltarse la ley de ninguna de las maneras”, explican las citadas fuentes. “Los informes del Gabinete Jurídico Central o de quien se lo haya hecho, dirán lo que él quiera que digan, en función de lo mucho o poco que el letrado de la Generalitat se deje influir por el conseller, pero una cosa está clara: ningún informe puede dar pábulo para saltarse una ley y si lo hace ya veremos hasta qué punto, creo que ninguno, le puede servir al consejero como escudo ante un acto antijurídico”.

"Nadie ha visto el informe"

Este jurista, conocedor de los mecanismos jurídicos del Govern, afirma que “evidentemente el informe no ha sido publicado. No es un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias --órgano encargado de velar por el ajuste de las normas catalanas a la Constitución y el Estatut--. Nadie, salvo algunos privilegiados, ha visto dicho informe. Tampoco sabemos quién lo ha redactado. Digo que lo lógico es que sea la Abogacía de la Generalitat, pero quizá lo ha hecho un letrado del cuerpo facultativo de los Mossos o del Gabinete Jurídico del Departament de Interior”.

Pero en cualquier caso, añade, “por muy bien argumentado que esté jurídicamente y por muchos razonamientos que contenga, de poder estar en condiciones de tumbar la ley mordaza, aunque sea parcialmente, lo lógico hubiera sido que Elena hubiera impugnado esa ley mediante una cuestión de inconstitucionalidad, cosa que no nos consta”.

Pactos con los antisistema

Está por ver hasta donde llega la permisividad del informe del consejero, si será para todas las actuaciones o solo para salvaguardar determinado activismo, en coherencia con otras medidas aplicadas por el Govern como resultado de sus pactos con los antisistema.

Como por ejemplo, centralizar los servicios jurídicos hasta ahora existentes en la Consejería de Interior en el Departamento de Presidencia, con la finalidad de filtrar las causas judiciales con la finalidad de evitar que el Govern entre en colisión con el activismo independentista en procesos donde los agentes han sufrido agresiones ejerciendo sus tareas de seguridad.