La segunda causa judicial por la que está imputada la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros miembros de los comunes del equipo de gobierno de Barcelona tiene un precedente. El fondo Vauras Investment, que pidió la investigación de la primera edil por coacciones y prevaricación hasta lograrla en la Audiencia Provincial, ya ha ganado al ayuntamiento en los tribunales. Ha conseguido tumbar una multa que el consistorio le impuso derivada de una de las operaciones inmobiliarias que intentó ejecutar en la ciudad.
Así lo explican fuentes cercanas al caso. Recuerdan que Vauras "ya ha ganado al consistorio" en la jurisdicción contenciosa, donde fue asistido por la letrada María José Tarancón, antes del caso penal que está en fase de instrucción. Anuló una sanción de 70.000 euros por vulnerar la Ley de derecho a la vivienda que carecía de fundamento. De hecho, los tribunales aseguraron que los argumentos que usó el Ayuntamiento de Barcelona eran "inconstitucionales" y el consistorio fue condenado a pagar las costas del proceso. Ahora, ha ido un paso más allá. Se ha admitido a trámite parte de los argumentos que la actora exponía para reclamar responsabilidades por la vía de lo penal y ha propiciado la investigación de la alcaldesa y líder de los comunes, además de los concejales Lucía Martín (Vivienda y Rehabilitación) y Marc Serra (Sants), así como a Fuensanta Alcalá, directora del departamento de Disciplina en la Vivienda e Inspecciones.
Colau y Martín no se defendieron
En esta segunda liza, la munícipe de BComú y alguno de sus concejales lo han puesto más fácil. Fuentes cercanas al caso han recordado que una querella similar por ocho delitos terminó sobreseída, pero que el denunciante, Vauras, recurrió a la Audiencia Provincial. "Ada Colau y Lucía Martín no presentaron escrito de defensa, mientras Marc Serra y Fuensanta Alcalá sí lo hicieron", ha detallado. Estos mismos interlocutores aseguran que la estrategia de las dos primeras implica "menosprecio por la justicia". Justifica que "si se querellan contra ti y eres alcaldesa de Barcelona, no tiene sentido que no te defiendas salvo por un cierto punto de soberbia".
Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona / CG
Ahora, los tres ediles y la técnica deberán declarar como investigados por dos presuntos delitos: prevaricación y coacciones. Esta pugna inmobiliaria supone la segunda imputación de la jefa de corporación local, que también está investigada por el llamado caso subvenciones. En el primer procedimiento, Colau debe responder por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
La clave: un local comercial
En esta ocasión, los investigados deberán explicar ante el juez los motivos de presionar a Vauras Investment para que ofreciera un alquiler social a un inquilino contra el que estaba señalado un lanzamiento. Las fuentes consultadas indican que la clave del nuevo procedimiento judicial contra Colau, Serra, Martín y Alcalá no es el desalojo del llamado Bloc Llavors de Sants, sino un local comercial en otra parte de la ciudad: la calle Gíriti de Ciutat Vella. "El inquilino tenía una orden de desahucio porque vivía en el local comercial de forma ilegal, pero el ayuntamiento exigió un alquiler social para permitir ejecutar el proyecto urbanístico", indican los mismos interlocutores.
Según la parte denunciante, aquellas exigencias municipales a Vauras Invesment en el casco antiguo de Barcelona significaron coacciones municipales. Son las que "tratarán de probar como delictivas en sede judicial".
"Los inquilinos no eran vulnerables, se demostró"
En la causa se han aportado un gran número de documentos que, según el vehículo inversor, probarían que los inquilinos tanto del Bloc Llavors como el de la calle Gíriti de Ciutat Vella "no eran personas vulnerables", como sostiene el Ayuntamiento de Barcelona. Para ello, los denunciantes recurrieron a detectives privados, pues "no podían acceder a los archivos de servicios sociales al ser información protegida".
¿Qué descubrieron? En el centro de Barcelona, el okupa que residía en el local comercial era "un traductor con un buen empleo". En el segundo, en el bloque allanado en Sants, "había personas con bienes o licenciados universitarios". En un caso, uno de los okupas "tenía un grado en Psicología y, al mismo tiempo, trabajaba, su hermana era directora de comunicación y sus padres tenían bienes en Andalucía". En opinión de Vauras, pues, "no eran personas vulnerables", como defendía el gobierno municipal para ofrecerles un alquiler social forzoso.
25 millones en pérdidas
Vauras se marchó de Barcelona por la inseguridad jurídica de la ciudad. Retrotraer sus inversiones en distintos puntos de la capital catalana "le generó un impacto económico de 25 millones de euros", cantidad que el vehículo inversor ha pedido al juez de la Audiencia Provincial que bloquee al Ayuntamiento de Barcelona. Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
Agentes de Mossos cubiertos de pintura durante el desalojo del 'Bloc Llavors' en Sants / Cedida
¿Especuló Vauras? Según las fuentes cercanas a la firma, la compañía "se limitó a comprar viviendas antiguas para rehabilitarlas y volverlas a comercializar". En algunos casos, como en el Bloc Llavors, "ofreció continuar a los inquilinos que tenían rentas antiguas". El hecho es que el fondo compró algunos activos y se los okuparon. El ayuntamiento habría dado amparo a los allanadores. "Vauras planeaba inyectar un millón por piso y se los okuparon antes de estar terminados", señalan los conocedores de la causa. Cuando los squatters se habían marchado, "el consistorio le multó por no ofrecer un alquiler social", añaden.
'Bloc Llavors' solo es "la gota que colmó el vaso"
Desde el entorno de la querella contra Colau, Serra, Martín y Alcalá recuerdan que la acción penal "no es por un solo bloque en la calle Lleida, el autodenominado Bloc Llavors, sino por el torpedeo sistemático de proyectos urbanísticos que presentaba una misma empresa en la ciudad". Ello, creen, es "coacción ilegítima" y, por lo tanto, delictivo. "Cuando el juez instruya el procedimiento quedará claro lo que hay, pues se ha presentado abundante documentación, pese a no tener acceso a datos del ayuntamiento", manifiestan.
Vauras Investment ha peleado una segunda causa judicial contra la alcaldesa de Barcelona. Además, cuenta con un precedente en la jurisdicción contenciosa favorable a sus intereses.