La Generalitat de Cataluña culpa al "Estado español" del presunto caso de espionaje a 65 mandatarios secesionistas con un programa llamado Pegasus desde 2017 a 2020. El presidente de la gobierno autonómico se ha mostrado escandalizado por la cuestión, acusando a España de no ser una democracia plena --hasta el punto de compararla con "Polonia y Hungría"-- y ha anunciado que su Ejecutivo denunciará y destinará todos los recursos públicos a su alcance --incluidos económicos-- para investigar esa operación y defender a sus supuestas víctimas. Asimismo, ha advertido de que llevará el caso ante las instituciones comunitarias y que su relación con el Gobierno no será la misma a partir de ahora, quedando "afectada" hasta que se aclare, según él, la cuestión.

"Iremos hasta el final para identificar este ataque en plena Europa comunitaria. En pedir responsabilidades políticas. No descansaremos hasta que todos los responsables respondan ante la justicia", ha manifestado Aragonès, uno de los objetivos de ese presunto espionaje siendo vicepresidente de la Generalitat la pasada legislatura, en la que el Govern llevó a cabo un referéndum ilegal de secesión y una declaración unilateral de independencia en el Parlament. 

Mossos y recursos públicos para investigar

El dirigente de ERC ha puesto en cuestión la democracia española --a pesar de que el Gobierno ha negado estar tras el asunto--, poniéndola al nivel de la de otros países donde su calidad está en entredicho: "Las instituciones europeas investigan a Estados como Polonia y Hungría, que espían a sus ciudadanos. Este espionaje los equipara con España. Y esto impacta en las instituciones europeas", ha manifestado Aragonès en una rueda de prensa realizada en catalán y en inglés, y en la que sólo se ha recurrido al castellano para responder las preguntas formuladas en este idioma.

El presidente de la Generalitat, asimismo, ha anunciado que pondrá todos los recursos públicos a su alcance para aclarar el asunto. Entre ellos, investigaciones por parte de los Mossos d'Esquadra "sobre este caso de espionaje global y generalizado contra instituciones y personas del mundo independentista", así como la "defensa y apoyo jurídico a las víctimas del espionaje". Como parte de ellas, Aragonès ha explicado, además, que en el plano individual presentará una denuncia por violación de su intimidad.

En este sentido, el vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat) ha dicho además que también pondrá a la Agencia de Ciberseguridad de la Generalitat al servicio de dichas investigaciones.

Ruptura con el Gobierno

Aragonès, asimismo, ha amenazado con romper sus relaciones con el Gobierno español. En especial, en lo relacionado con la denominada "mesa de diálogo" entre ambos Ejecutivos: "Este caso de espionaje y la forma cómo la afronte el Estado puede tener consecuencias políticas de forma inmediata. La credibilidad del Estado se ha visto alterada de nuevo por un ataque que no obedece a ninguna lógica. La confianza en el Estado y sus instituciones es mínima", ha manifestado."No todo puede continuar igual. Y le toca al Estado asumir las responsabilidades para recuperar la confianza y recuperar esas relaciones", ha abundado. Lo cual pasa, según ha dicho, por llevar a cabo una investigación interna "con supervisión independiente para averiguar quiénes son los responsables"; facilitar una investigación en el Congreso; y la adopción de responsabilidades políticas y jurídicas. "Hasta que esto no se dé, no se podrán recuperar las relaciones normalizadas con el Estado", ha insistido, además de reiterar su objetivo de llevar a cabo un referéndum de secesión en Cataluña, poniendo como ejemplo de "democracia" el ilegal y unilateral llevado a cabo el 1 de octubre de 2017. "Cataluña no se conformará con formar parte de un Estado que espía a sus ciudadanos", ha dicho.

"España no es una democracia plena"

Puigneró, por su parte, ha manifestado que "estamos ante un ataque intolerable" y que "España no es una democracia plena", equiparando sus prácticas con las de "dictaduras". "No hay silencio que valga: o estás con la democracia o la vulneras", ha dicho.

El mandatario posconvergente ha cargado, además, las culpas contra "el decretazo digital de Pedro Sánchez y de Podemos, una ley que hoy permite intervenir comunicaciones sin orden judicial", según él.

Puigneró calcula que costó 20 millones

"No normalizaremos las relaciones con un Estado represor", ha añadido Puigneró, exigiendo también que se abra una "investigación internacional e independiente". En este sentido, los dirigentes de la Generalitat ha puesto énfasis en destacar que llevarán la cuestión ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

El dirigente de JxCat, por otra parte, ha recalcado que este tipo de espionaje con el programa Pegasus es "muy sofisticado", y que sólo pueden hacer uso del mismo los Estados. Según sus cálculos, una operación de este tipo puede haber costado "más de 20 millones de euros".