Barcelona ha puesto 220.000 multas a conductores con la fallida ZBE

Son datos exclusivos a los que ha accedido Crónica Global y que han sido obtenidos por medio de una solicitud de información pública tramitada por una tercera parte. Según las cifras obtenidas de la Administración local, desde la entrada en vigor de la ZBE se han impuestos 220.621 multas por incumplimiento de esta ordenanza, que tenía como objetivo luchar contra la contaminación en la capital catalana y conurbación y cuya vigencia está en entredicho por los fallos burocráticos que los tribunales han detectado en su tramitación.

Son tres veces las 70.000 anunciadas

Por lo tanto, la cifra es muy superior a las cerca de 69.145 sanciones cobradas a diciembre de 2021, que son los datos aportados por el gobierno municipal, y que reflejó este medio tras conocerse la resolución del Tribunal Superior. De hecho, una portavoz municipal ha vuelto a confirmar la cifra, aunque ha admitido que "no incluye las que están en trámite". Negro sobre blanco, las sanciones interpuestas por vulnerar la ZBE son el triple de las cobradas hasta ahora, lo que arroja incógnitas sobre qué pasará con estos expedientes. 

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, durante una rueda de prensa / David Zorrakino (EP)

¿Y las multas que se pongan a partir de ahora? En las comparecencias tras conocerse la decisión del TSJC, Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha insistido en que la ZBE sigue en vigor y, con ello, su capítulo sancionador. Pero desde el campo jurídico se tienen dudas sobre ello. 

"Las multas son nulas y el ayuntamiento puede ser responsable"

Expertos consultados por este medio son claros: la resolución del TSJC está en vigor. Contradicen la tesis del equipo de gobierno local al asegurar que se trata de una "sentencia declarativa", por lo que sería efectiva desde su publicación. Aseguran que no hay que pedir su ejecución, como ya han planteado algunos de los demandantes. "Está en vigor desde el mismo día en el que se publica porque no obliga a hacer nada: declara que un acto administrativo es nulo", subrayan los mismos interlocutores. 

Este matiz es importante porque implicaría que las sanciones que se impongan desde este lunes "son nulas". Lo señalan las voces jurídicas consultadas, que incluso van un paso más allá. "El ayuntamiento sabe que las multas son nulas desde el lunes. Lo que no se explica es el papel de la oposición, ¿qué hacen para proteger la integridad patrimonial de la institución? ¿Nadie será responsable de esto?", se preguntan las mismas voces. 

Barcelona se acoge al Supremo

Más allá del debate político, las administraciones que defenden la ZBE --ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña y los municipios colindantes-- recurrirán al Tribunal Supremo para que la última instancia judicial revierta el revolcón del TSJC a la iniciativa. Lo anunció anteayer la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, quien precisó que además de la capital catalana, acudirán al alto tribunal L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat y Esplugues. 

Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, en una comparecencia pública / EP

La concejal de Barcelona en Comú lamentó que la resolución del Tribunal Superior contenga "elementos políticos e ideológicos" más que "los jurídicos". Sanz hizo hincapié en la "unidad de acción" de las administraciones y sostuvo que los implicados "seguirán trabajando" para apuntalar una ordenanza que "es indispensable, además de obligatoria legalmente". 

Seis recursos de diez

Lo cierto es que la ZBE, en estos momentos, está cuestionada. Ello es así desde que la sala contenciosa del TSJC la anuló íntegramente al estimar seis recursos sobre los diez presentados por patronales del motor y asociaciones civiles contrarias a la iniciativa ambiental. La segunda instancia judicial afeó la falta de justificación, las dudas con las mediciones de polución en Barcelona y el mejorable trabajo de análisis económico de la medida. 

La resolución supone una derrota política importante para los comunes, que son el gran impulsor de esta política pública. No en vano, fueron concejalías de BComú las que promovieron la solución anticontaminación. Se expusieron a la misma, sobre todo los ediles Eloi Badia y Janet Sanz, aunque la ZBE terminó concitando el apoyo de otros municipios y de la misma Generalitat. 

Los comunes topan con los tribunales

Siempre en el terreno de la política, el revés a la ZBE supone un nuevo encontronazo con los tribunales del gobierno local de la alcaldesa Ada Colau. En el primer mandato (2015-2019), el Ejecutivo local vio como el Tribunal Supremo avalaba el modelo de gestión mixta del agua, que cuestionaban los comunes desde el Área Metropolitana. Asimismo, el TSJC anuló una tasa municipal a los pisos vacíos. 

En esta segunda legislatura, la segunda instancia judicial ha anulado el Peuat, el plan urbanístico que limitaba las aperturas hoteleras en Barcelona y ha tumbado el dentista municipal. Están judicializadas otras políticas como la creación del operador mixto de vivienda, Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), y la tasa del 30% de vivienda social en todas las nuevas promociones de pisos en la capital catalana.