Barcelona se abre a cambios en la ZBE tras el mazazo del TSJC

Barcelona se abre a modificar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona tras el mazazo de los tribunales a esta ordenanza anticontaminación, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló ayer por falta de rigor económico, entre otros argumentos. 

"Sentencia contraria"

Bajo el punto de vista de la concejal de BComú, la resolución de la segunda instancia judicial discurre "en la dirección contraria" a la que marca "la comunidad científica, las instituciones comunitarias y el resto de ciudades de Europa". Ha señalado que estos estamentos ya han aprobado las ZBE, están en trámites para hacerlo o lo tienen planeado.

"Se trata de evitar una multa comunitaria de cerca de 1.600 millones de euros por falta de calidad del aire", ha defendido Janet Sanz a renglón seguido. Con todo, ha pasado por alto el verdadero problema que apunta el tribunal en su resolución: las carencias burocráticas en la puesta en marcha de la iniciativa. 

El TSJC tumba la norma...

La reacción de Janet Sanz tiene lugar un día después de que el Tribunal Superior anulara la ordenanza de bajas emisiones de Barcelona, aprobada en 2019. 

Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, en una comparecencia pública / EP

La segunda instancia judicial invalidó el texto dando por buenos los argumentos expuestos por seis de los diez recurrentes contra la ZBE. Entre otros, el TSJC afea que se castigue a los conductores con rentas bajas o la falta de rigor económico y ambiental que se usó para justificarla. 

...pero sigue en vigor

El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado en las últimas horas que la ZBE continúa en vigor. Lo dijo ayer el teniente de alcalde de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, y lo ha reiterado Janet Sanz. Esta última ha avanzado que la intención del gobierno local de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo s en una reunión entre las distintas administraciones implicadas, también la Generalitat. 

Cabe recordar que la resolución del TSJC no es firme y que se puede mantener el litigio vivo en la última instáncia judicial. Si se llega a presentar, el debate sobre la aceptación a trámite suele dilatarse unos meses y, en el caso de que se acepte, los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo pueden tardar hasta un año. Este es el tiempo en el que la iniciativa actual está en el aire. Por ahora, el Ejecutivo local ha dejado claro que continuará con las multas a los infractores, aunque eso acreciente el alud de reclamaciones a las que se expone por sancionar en base a una ordenanza anulada. Aunque, según Sanz, se intentará blindar con mejoras.