El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la petición de paralizar la aplicación del 25% de castellano en la escuela de Canet de Mar (Barcelona), como pedían varias familias favorables a la inmersión, y ha ordenado medidas cautelares contra el monolingüismo en otros dos centros.
La resolución del alto tribunal tiene lugar en vísperas de la manifestación convocada por los sindicatos, a la que se sumará el Govern, en favor de la inmersión y en contra de la aplicación del 25% de horario en castellano. Una postura que defendió ayer el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, porque, según su análisis, este porcentaje de uso de esta lengua ya se supera con creces en el sistema educativo catalán porque se utiliza en el recreo y el comedor.
El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, el presidente de la Generalitat Pere Aragonès y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una manifestación contra la vehicularidad del castellano en el sistema educativo de Cataluña / LUIS MIGUEL AÑÓN
La sala argumenta en su rechazo a las alegaciones de los padres que quieren blindar la inmersión que “el Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que el sistema de conjunción lingüística es un imperativo constitucional y que el mismo comporta necesariamente el uso vehicular de todas las lenguas oficiales, sin que se pueda reconocer a los usuarios del servicio de enseñanza un derecho subjetivo a escoger lengua o a una enseñanza monolingüe vehicular. Un planteamiento éste que coincide con lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del 23 de julio”.
"No hay daño"
Desde esa perspectiva “no se puede identificar un daño a los alumnos del curso afectado por el hecho que se aplique el sistema de conjunción lingüística en la medida que esta circunstancia no vulnera un eventual derecho subjetivo que puedan tener ante el sistema de enseñanza”.
La aplicación del 25% de horario lectivo en castellano en Canet de Mar, tras la confirmación que hizo el Tribunal Supremo de ese criterio favorable a flexibilizar la inmersión –la doctrina en ese sentido es amplia--, dio lugar, dio lugar a una tormenta política y mediática, con fuertes críticas a la familia del menor que instó la petición, asesorado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
Asimismo, el TSJC ha dictado medidas cautelares para dos nuevos centros con los mismos criterios. La presión soberanista ha provocado que algunas familias hayan pedido que no se desvelen sus datos personales, así como del centro donde cursan sus hijos, por miedo a las represalias ya que, en algunos casos, se trata de escuelas situadas en municipios pequeños.