Borràs recurre el auto del TJSC que veía indicios de fraude por "vulnerar el derecho de defensa"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), recurrió el viernes el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 14 de marzo en el que veía indicios para juzgarla por presunto fraude administrativo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ya que considera que "ha vulnerado su derecho a la defensa".

En el recurso, recogido por Europa Press, la defensa de la mandataria secesionista también argumenta que ha habido una "vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia", y lamenta que el tribunal difundiese, según su versión, el auto a los medios de comunicación antes de notificarlo a la defensa.

"Juicio paralelo"

Considera que la difusión en los medios de comunicación provocó "una oleada de comentarios, noticias y debates en el marco de un auténtico juicio paralelo", por lo que considera que vulneró la presunción de inocencia de Borràs, a quien se presentó como culpable sin saber --según sostiene-- si realmente lo será.

El recurso también defiende que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa y a un procedimiento con garantías porque en el auto del TSJC se incorpora "nuevo material" sobre el que Borràs no ha tenido oportunidad de declarar.

Pide la anulación

El escrito se refiere así a varios CDs remitidos por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, y ha criticado que se les facilitase una copia "el mismo día del dictado del auto", por lo que no han podido conocer por completo la causa.

La defensa reprocha que se haya decidido "dar un inusitado impulso procesal sin garantizar mínimamente el derecho de defensa", sin darle oportunidad de declarar sobre los nuevos hechos acumulados en la causa ni de instruirse sobre los CDs incorporados.

Adjudicación irregular de contratos a un amigo

Borràs ha reclamado así que se anule el auto recurrido y "la retroacción de las actuaciones" hasta el momento en que debió ser citada a declarar por la incorporación de nuevo material, según argumenta su defensa.

La presidenta del Parlament está siendo investigada por la presunta adjudicación irregular de 18 contratos fraccionados a un amigo cuando dirigió la ILC de 2013 a 2017, unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.