Borràs evita hacer autocrítica el caso Juvillà que atribuye a la “guerra sucia del Estado”

Laura Borràs ha convertido su balance de legislatura en una arenga independentista en la que ha evitado la autocrítica en temas espinosos somo las licencias de edad y la retirada del escapo al diputado de la CUP, Pau Juvillà. Reacia a responder preguntas --ha precisado que la suya era una comparecencia, no una rueda de prensa--, se ha referido a la "guerra sucia y antidemocrática del Estado", única culpable, ha dicho, del caso Juvillà. Y ha dejado clara su plena confianza en su equipo de confianza, la secretaria general y el letrado mayor, inmersos en una pugna a la que no se ha referido.

Borràs ha comparecido hoy para valorar su primer año como presidenta del Parlament. “Es un honor que se concedió en un contexto de doble excepcionalidad, de pandemia y de convocatoria de elecciones por la inhabilitación arbitraria de Quim Torra. No podemos normalizarlo. Yo no lo haré”.

Guerra sucia y antidemocrática

Tras defender el papel de Cataluña en la protección de las víctimas de la invasión rusa de Ucrania, ha reiterado, como dijo en su discurso de investidura, que se presentó a las elecciones catalanas porque quería formar parte del Govern “pero ahora veo que esta Cámara debe tener un gran protagonismo, la más independentista de la historia, ante la guerra sucia y antidemocrática del Estado contra las instituciones catalanas. Sucio es desplazar a rivales políticos y antidemocráticos es no respetar la voluntad de los ciudadanos”. También se ha jactado de su labor en materia de memoria histórica con una visión “no hispanocéntrica”.

Sostiene que la “represión se mantiene”, como lo demuestran “los ataques al catalán, la anulación de la ley catalana que regula los alquileres y el juicio próximo a la anterior Mesa del Parlament. El aparato estatal persevera en su represión contra esta Cámara y su judicialización de la vida política”. Borràs se ha referido a la inhabilitación de Juvillà para criticar la actuación de la Junta Electoral Central. “No estamos satisfechos, por múltiples motivos. El Estado ha ido más allá en la perversión del ordenamiento jurídico”.

Reparto de culpas

Asegura que la culpa “es de la Justicia española. Se han dicho muchas cosas, pero la realidad es que como presidenta impulsé todas las medidas necesarias para defender su escaño. No hay dudas sobre mi actuación. No puedo expresar mi sorpresa porque ese caso no interpele a los 135 diputados”.

La presidenta del Parlament afirma que "he aprendido de un caso que ha erosionado a altos funcionarios, trabajadores y a mi misma. Es lo que pretende una represión de estas características. Por ello es necesario rehacer las confianzas y unidad. Una ley electoral propia que contemple una sindicatura catalana. Pero lo que es más necesario es unidad en la acción y la determinación”. Ha defendido su nuevo equipo –secretaria general y letrado mayor—en el que asegura confiar.

Durante estos meses, ha dicho, se han solucionado temas “incómodos” que no se habían abordado nunca, en referencia a las polémicas licencias de edad “que yo me encontré. Era conocida desde 2009. Ni grupos políticos ni medios de comunicación pueden decir que no lo conocían. Pero se creó una alarma social”. También ha destacado la regulación de las altas dietas por desplazamiento que cobran los diputados “no aceptables cuando existe el teletrabajo”.

Ha dicho que el Parlament trabaja en su modernización, mediante la reforma del reglamento sobre su funcionamiento interno que hay en marcha. Ha destacado las 140 audiencias que han mantenido para “tomar el pulso de la sociedad”.