La nueva campaña para imponer el catalán en las universidades

“No podrá continuar como docente en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación de conocimiento del catalán”. Este es el mensaje que han comenzado a recibir los profesores asociados de las universidades catalanas, en el marco de la ofensiva del Govern, apoyados por los rectorados, para extender el uso de la lengua catalana en el ámbito universitario. Tras la fallida campaña de denuncias por el cambio del catalán al castellano, la estrategia pasa ahora por aplicar un decreto de 2010 para exigir la acreditación del conocimiento del catalán antes del 31 de diciembre de 2022. 

“Esta es la única manera de garantizar el respeto por los derechos lingüísticos de los estudiantes”, afirma la nota interna, a la que ha tenido acceso Crónica Global. “Y también es la manera de disuadir a profesionales de prestigio que optarán por trabajar en otras universidades donde no existan este tipo de trabas”, denuncian desde Universitaris per la Convivència. Asimismo, critican que se ponga el foco en los profesores asociados, "el sector con las peores condiciones laborales y con una situación contractual muy frágil, sujeta a renovaciones continuas".

La ofensiva de Geis

La ofensiva arrancó en septiembre de 2021, cuando la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, anunció su intención de fiscalizar el idioma que se utiliza en las aulas universitarias para ver la frecuencia con la que los docentes pasan del catalán al castellano. Lo hizo tras una reunión de la Comisión de Política Lingüística del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), donde se acordó “hacer un seguimiento semestral” del uso de la lengua de docencia recogida en el plan docente del estudio oficial, que se hace público antes de la matriculación de los estudiantes. Asistieron representantes de las 12 universidades de Cataluña y del alumnado.

El propio departamento admitió que la lengua catalana es mayoritaria en la docencia universitaria y supera el 50% en los estudios oficiales de grado. Pero el objetivo es alcanzar el 80%. Los usos lingüísticos nunca fueron un problema en la universidad --así lo aseguraron diez profesores entrevistados por este medio--, ámbito de libertad y de intercambio de conocimientos por excelencia. Y también de importación de talento, esto es, de profesores extranjeros que dan clases en las aulas catalanas.

Pero las consignas de Geis cayeron en terreno abonado, pues en julio de 2021, los rectores de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) suscribieron el documento Compromís contra la Crisi Educativa [se puede leer en este enlace], en el que se ponía de manifiesto la necesidad de “frenar la regresión que sufre la lengua catalana en la docencia y la investigación universitarias”.

En el mismo, se instaba a garantizar “que se utiliza efectivamente la lengua prevista en el plan o guía docente de cada asignatura” y que el catalán sea “lengua vehicular en las universidades que forman parte de la ACUP. Nos fijamos la cifra de un mínimo del 80% en catalán de la docencia de cada grado, postgrado y máster como meta a alcanzar”. También abogaba porque “todos los estudios de grado (a excepción de los grados interuniversitarios establecidos con universidades fuera del marco de la ACUP o que, por su naturaleza, sean cursados íntegramente en una lengua extranjera) se puedan cursar íntegramente en catalán independientemente”.

55 denuncias

En el caso de los estudios de posgrado, máster y doctorado que se ofrecen en castellano o inglés, también se fijaban “los mecanismos para que las personas que cursen estos estudios tengan también conocimientos de catalán”.

En paralelo, los centros abrían canales de denuncias relacionadas con el cambio de idioma del profesorado universitario, aunque tal como admitió en declaraciones a este diario el vicerrector de Relaciones internacionales y responsable de Política Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màrius Martínez, “recibimos muy pocas quejas. Es un tema que no preocupa a las autoridades universitarias. No está descontrolado, es residual”.

A pesar de la intensa campaña llevada a cabo por la Generalitat y los rectorados el pasado otoño, solo se tramitaron 55 denuncias. De ahí que las instituciones opten ahora por una nueva estrategia, la de aplicar un decreto ya existente que obliga a los profesores a acreditar el conocimiento del catalán. Las instrucciones han comenzado a llegar a los docentes, incluidos los asociados. Este es el mensaje enviado, por ejemplo, por los responsables de la Universitat de Barcelona (UB).

Derechos lingüísticos

“El profesorado de la UB,como seguro sabe, debe acreditar el conocimiento de la lengua catalana, para evidenciar que es competente en las dos lenguas oficiales. Ésta es la única manera de garantizar el respeto por los derechos lingüísticos de los estudiantes, ya que de lo contrario se podría resentir la comprensión correcta de las preguntas que el alumnado formule en el aula en catalán o de los exámenes y trabajos que presente en ésta lengua. La información que encontrará a continuación va destinada a facilitarle la acreditación lingüística”.

“De acuerdo con el Decreto 128/2010, de 14 de septiembre --añade--, sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades del sistema universitario de Cataluña, que despliega el artículo 6.4 de la Ley de Universidades de Cataluña, “el profesorado de los cuerpos docentes universitarios de las universidades públicas debe acreditar el conocimiento suficiente del catalán en los concursos de acceso convocados por las universidades. Las convocatorias de los concursos de acceso deben prever como requisito la acreditación del conocimiento suficiente del catalán” (artículo 3.1)”.

En el caso del profesorado asociado “también prevé que a efectos de facilitar la contratación de especialistas de reconocida competencia externos al ámbito académico universitario, el profesorado asociado de las universidades públicas debe acreditar el conocimiento suficiente del catalán, cuando el tiempo total de duración de su contrato inicial sumado al de sus respectivas renovaciones sea superior a dos años. La acreditación del catalán a través de los medios de acreditación previstos en este Decreto debe efectuarse en el momento de la renovación de su contrato’”.

"No podrá continuar como docente"

En cumplimiento de esta normativa, a partir del tercer año de contrato “deberá aportar la acreditación de la lengua catalana en el momento de la renovación. Si ya dispone de la acreditación en el momento de la recepción de este mensaje, puede presentarla en la Oficina de Asuntos Generales de su facultad. Excepcionalmente, si no puede aportar la certificación en el momento de la renovación, deberá hacerlo antes del 31 de diciembre de 2022. No podrá continuar como docente en la UB en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación que requiere la normativa aplicable".

El nivel que pide el Decreto es el de suficiencia, que actualmente se acredita después de cursar la enseñanza secundaria obligatoria. "Los Servicios Lingüísticos de la UB pondrán a disposición de todo el profesorado que debe acreditar el conocimiento de lengua catalana todo tipo de recursos formativos y de evaluación para poder aportar, en el momento de la renovación del contrato, el certificado requerido", concluye el mensaje.

Profesores asociados, en situación precaria

"Es evidente que los profesores han de tener capacidad de comprensión de las preguntas y ejercicios que realicen los alumnos, tanto en catalán como en español, y también es evidente que la tienen, pues no se conocen en absoluto quejas que indiquen lo contrario", aseguran fuentes de Universitaris per la Convivència, que agrupa a más de 200 profesores. Reprochan al Departamento de Universidades que "en vez de abordar los auténticos problemas que existen en nuestros campus, como la infrafinanciación y el envejecimiento de las plantillas docentes, ha optado por convertir la lengua en un factor de conflicto cuando las quejas que pueda haber por este motivo son absolutamente marginales y habría que ver en qué se fundamentan". 

Aseguran que "tras el fracaso de la campaña relativa al cambio de la lengua anunciada en las guías docentes, que ha concluido con un número nimio de denuncias pese al despliegue realizado por diferentes entidades nacionalistas, que incluso crearon una web para recogerlas, ahora se busca un nuevo resquicio para seguir tratando de minar el bilingüismo". Y añaden que "nos parece especialmente lamentable que se ponga el foco en los profesores asociados, que son el sector con las peores condiciones laborales y con una situación contractual muy frágil, sujeta a renovaciones continuas".

"¿Qué sentido tiene pedirle ahora a un profesional que lleva años ocupando un puesto con solvencia que se prepare un examen para demostrar que tiene competencia para hacer lo que ya está haciendo? Se llama nacionalismo lingüístico y solo sirve para dañar la convivencia y empobrecer nuestras universidades, porque si algo está claro es que estas políticas van a servir para disuadir a profesionales de prestigio que optarán por trabajar en otras universidades donde no existan este tipo de trabas".