Badia olvida la municipalización del agua en su plan antisequía

El plan antisequía que ha presentado el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) esquiva la espinosa cuestión del cambio de modelo de gestión del agua, de la colaboración público-privada a lo público, antaño una de las obsesiones del gobierno metropolitano. Más concretamente, de En Comú Guanyem, el grupo metropolitano de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. 

Así lo ha admitido el propio Eloi Badia, vicepresidente de Ecología del AMB y concejal de Emergencia Climática de la Ciudad Condal. Durante la presentación del documento, el electo ha reconocido que la batería de medidas "concierne a la planificación, no a la gestión". A renglón seguido, ha subrayado que la hoja de ruta, que prevé medidas para ahorrar y recoger hasta 43.000 litros en 2050, "no se centra en el modelo de gestión, aunque aboga por una gobernanza 100% pública". 

El Supremo avaló la gestión mixta

El hecho de que el plan maestro presentado hoy por el Área Metropolitana orille la cuestión de quién presta el servicio del suministro puede tener que ver con el hecho de que el Tribunal Supremo avaló en 2019 el modelo actual de colaboración público-privada. 

Eloi Badia, vicepresidente de Ecología del AMB, en una comparecencia anterior / CG

En una sentencia leída como un varapalo a los comunes, el alto tribunal confirmó la validez de la empresa mixta creada en 2012 entre Aguas de Barcelona y el propio Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Con ello, dio carpetazo a los planes de la institución supramunicipal, al menos del partido de Colau, de revertir el modelo. 

En Barcelona ciudad, tampoco

Los intentos de impulsar la toma pública del servicio de agua también han resultado baldíos en Barcelona ciudad. El gobierno municipal anterior, en el que ya figuraban la propia Ada Colau como Eloi Badia, trató de organizar una multiconsulta para cuestionar el modelo mixto de gestión del agua. 

Fracasó por falta de apoyos políticos. Lo que es más, el Tribunal de Cuentas ha abierto investigación sobre posible menoscabo de recursos públicos en las subvenciones que repartió el Ayuntamiento de Barcelona a las entidades partidarias de la toma del servicio. Las pesquisas se encuentran en instrucción, como explicó este medio.