Eloi Badia pierde otra batalla en su 'guerra del agua'

Nueva derrota en la guerra del agua que libra casi en solitario Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática de Barcelona y vicepresidente de Ecología del Área Metropolitana (AMB). La justicia ha desestimado la impugnación de las cuentas anuales de 2017 de Abemcia, la empresa mixta supralocal, y el AMB ha terminado pagando 25.000 euros en costas. 

Ha alertado de ello la oposición metropolitana y lo ha confirmado el Área a preguntas de este medio. Los partidos rivales del gobierno supralocal han advertido de que la Administración tuvo que llevar al consejo metropolitano una modificación de crédito de 25.000 euros en julio con el epígrafe de Otros servicios jurídicos. Durante la sesión, desde el Ejecutivo supramunicipal se admitió que se trataba de costas de un proceso judicial relacionado con Abemcia. 

Tumba la demanda de impugnación de cuentas

A preguntas de Crónica Global, una portavoz del AMB ha confirmado que el dinero "es para pagar las costas de un juicio perdido sobre la impugnación de las cuentas de Abemcia del 2017". La escueta respuesta esconde una realidad que la institución no ha comunicado públicamente: el flanco de los comunes, que forman gobierno supralocal con PSC, ERC y Junts, ha perdido otra batalla en la guerra del agua. 

Ello es así porque en marzo de 2019 el propio Área anunció [leer comunicado aquí] que impugnaba las cuentas anuales de la empresa mixta. Argumentó la Administración que la liquidación de ingresos y gastos "no reflejaba una imagen fiel de la empresa" y que debía actuar "para proteger el interés público y actuar en beneficio de la ciudadanía". El caso recaló en el juzgado mercantil número 9 de Barcelona, que lo ha acabado desestimando. Por ello, el AMB ha tenido que pagar 25.000 euros en costas. 

Segunda derrota en el mismo consejo

Casualidad o no, la derrota judicial de Eloi Badia, vicepresidente de Ecología, asomó en una sesión plenaria en la que el político de los comunes encajó otro revés por su obsesión con el servicio de agua. Como explicó este medio, una iniciativa del gobierno metropolitano para sumarse a dos chiringuitos por el agua pública cayó por los votos en contra de la oposición y hasta del PSC, socio de gobierno de los de Colau y Badia en la institución. 

Los socialistas unieron sus votos a los de Ciudadanos, Junts, BCN pel Canvi y PP para tumbar la propuesta. Solo ERC y los comunes del AMB votaron a favor de sumarse al Catalan Water Partnership (CWP) y Aeopas. Junto con el planteamiento de incorporar al Área a las dos plataformas se pedía el pago de 1.075 y 3.795 euros de cuota, respectivamente. 

El Supremo avala la forma de suministro

El tablero en el que se produce esta derrota judicial es la insistencia de Eloi Badia de tratar de sumar al Ayuntamiento de Barcelona y el AMB a todo tipo de proyectos que presionan para una toma forzosa de la provisión del suministro. De hecho, el Área llegó a respaldar la impugnación de las resoluciones de creación de la empresa mixta del servicio que formaron la propia Administración (15%), Criteria (15%) y Agbar (70%) en 2016. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló una de ellas y anuló la creación de la empresa de capital mixto Abemcia por falta de concurso público. No obstante, el Tribunal Supremo corrigió la decisión de la segunda instancia judicial en 2019 y avaló el proceso administrativo de creación de la sociedad. La forma de provisión basada en la colaboración público-privada quedó respaldada por el alto tribunal. 

Municipalización fallida

Un año antes, los comunes mordieron el polvo con el mismo asunto: el agua. Y eso que se habían pasado todo el mandato trabajando para que hubiera una multiconsulta ciudadana. El partido de Ada Colau y Eloi Badia la elevó al pleno municipal con preguntas sobre la municipalización del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López. Los votos de PDeCAT, Ciudadanos, PSC, PP y CUP descartaron la doble iniciativa. 

Pese a hincar la rodilla una y otra vez, el espacio de Colau, en general, y Eloi Badia, en particular, han insistido en la misma cuestión de la municipalización. Paradójicamente, y ya en este mandato, el gobierno municipal aprobó encajar otro impuesto local en la factura a este suministro. Ello acabó disparando el recibo del agua y provocando las quejas de los usuarios.