El ‘otro’ corte de tráfico de BCN: las protestas contra el narcoalbergue junto a un colegio siguen

Las protestas contra la instalación de un albergue para medio centenar de adictos al alcohol y las drogas, con salas de venopunción y consumo en su interior, a apenas diez metros de la escuela de infantil y primaria Mas Casanovas del barrio del Baix Guinardó de Barcelona continúan. El mismo día en que la Generalitat ponía fin a los cortes independentistas de la Avenida Meridiana, unos 200 vecinos y familiares de alumnos de este colegio al cual asisten niños de 3 a 12 años de edad llevaron a cabo su cuarto corte de tráfico para reclamar la reubicación de este equipamiento en otro lugar alejado de centros educativos.

Como cada martes y jueves desde hace dos semanas, los concentrados han interrumpido el paso de los vehículos durante una hora en la Ronda del Guinardó; a la altura de la calle Cartagena en el primer caso, y de Padilla, en el segundo.

"Drogas lejos de las escuelas"

Los vecinos y familiares de alumnos han llevado pancartas como "albergue sí, a diez metros de una escuela no" o "drogas lejos de las escuelas", y han coreado cánticos reclamando la reubicación del equipamiento. Algo que llevan intentando, sin éxito, desde que conocieron de forma casual y extraoficial, poco antes de Navidad, la intención de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) --integrada por el ayuntamiento y la Generalitat-- y la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) de instalar el centro de toxicómanos en el Hotel Aristol, justo delante del colegio Mas Casanovas, a partir de marzo.

Corte de tráfico a la altura de la Ronda del Guinardó para reclamar la reubicación del albergue de toxicómanos lejos de las escuelas

Los padres y madres de esta escuela pública, considerada además de alta complejidad por la delicada situación personal y familiar de parte de su alumnado, temen que, una vez se abra el equipamiento en marzo, se repitan en la zona situaciones como las que ya se han producido en la actual sede provisional del centro de toxicómanos en el albergue de la Fundación Pere Tarrés de Les Corts. Allí, los vecinos aseguran haber presenciado no solo consumo y venta de drogas en sus inmediaciones, sino también jeringuillas y otros residuos orgánicos en la calle --entre ellos, orines y defecaciones--, así como otras situaciones de inseguridad y conflictos de convivencia diversos. Problemas que, de hecho, se trataron en el pleno municipal del distrito de Les Corts del pasado 5 de octubre, donde se aprobó aumentar la seguridad y la presencia policial en la zona.

Quejas vecinales en el Consejo de Distrito de Les Corts del pasado 5 de octubre, en el que se aprobó aumentar la seguridad alrededor del albergue de toxicómanos

Los residentes llevan la droga al albergue

Las preocupaciones de vecinos y familiares de alumnos de la escuela Mas casanovas, así como de otras cercanas, han ido en aumento tras conocer en las últimas semanas nuevos detalles sobre el albergue de toxicómanos. Como, por ejemplo, que son los propios residentes quienes llevan la droga al centro para su propio consumo --comprándola, por tanto, fuera--; que entre las más consumidas figuran algunas como la heroína y la cocaína; y que, en los casi dos años que el albergue lleva en su sede provisional de Les Corts, un total de 84 residentes han sido expulsados, en la mayoría de casos por incumplir las normas de no incurrir en la violencia. Unos datos que aportó la responsable del Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la ASPB, Montse Bartrolí, en un debate digital organizado por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas la semana pasada. Y a los que se suman otros como, por ejemplo, que los pliegos de la licitación contemplen la posibilidad de que algunos de los residentes puedan tener ingresos en prisión que cumplir, enfermedades mentales o infecciosas.

Los concentrados consideran que características como estas hacen incompatible que el equipamiento pueda tener una escuela cerca. Más teniendo en cuenta, según ha recordado uno de ellos en una de las intervenciones, que la actual presidenta de la ASPB, la concejal barcelonesa Gemma Tarafa, reconoció en 2016 que la mayoría de adictos tardan un máximo de diez minutos entre que compran la sustancia y la consumen, por lo que se mostraba partidaria de que los Centros de Atención y Seguimiento (CAS) a las drogodependencias "estén en las zonas donde se consume", según publicaba el diario El País el 7 de diciembre de ese año.

A la izquierda, edificio blanco del Hotel Aristol en el que se instalará un albergue de toxicómanos; a la derecha, el colegio de infantil y primaria Mas Casanovas de Barcelona / CG

Planes para "minimizar el impacto" tras firmarse el contrato

Los manifestantes, asimismo, denuncian que, en lugar de rectificar y buscar otro emplazamiento más seguro, hasta ahora la respuesta de los responsables municipales haya sido negar la existencia de esos riesgos y plantear, a posteriori y con el contrato firmado desde el pasado 31 de diciembre, medidas paliativas como la elaboración de planes para “minimizar el impacto” del albergue en su entorno. Entre ellas, dispositivos especiales para controlar "las entradas y salidas" del colegio "por si hay incidencias", aportando educadores, reforzando la presencia de la Guardia Urbana y la limpieza, o bien abriendo un e-mail específico de quejas para los vecinos. En esos mismos planes municipales se admite la posibilidad de que se produzca el temido efecto llamada, con pernoctaciones en la calle en los alrededores del hotel de personas que no tendrán plaza en el centro. Lo cual, según los vecinos, supone un riesgo añadido de consumo y venta de drogas callejero y todo lo que ello conlleva.

Los vecinos y familiares de la escuela, por otra parte, han destacado que los propios residentes del albergue también saldrán perdiendo con el cambio, pues el Hotel Aristol es más pequeño que la actual sede provisional del albergue en Les Corts, y carece de sus amplios espacios exteriores; y han subrayado el abandono que sienten por parte de unas administraciones públicas --en este caso, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat-- a las que acusan de haberse olvidado de los derechos de un colectivo también vulnerable como es la infancia. En este sentido, además, han dejado claro que no desean que ningún partido político trate de interferir o instrumentalizar su protesta. "Somos vecinos y nuestra reivindicación es apolítica", ha dejado claro uno de ellos.