El Gobierno avala poner un narcoalbergue junto a un colegio: “Hay escuelas por todas partes”

Ni el Ayuntamiento de Barcelona, ni la Generalitat de Cataluña, ni el Gobierno de España ven problema en instalar un albergue para medio centenar de personas sin hogar adictas al alcohol y a drogas como la heroína y la cocaína, con salas de venopunción y consumo en su interior, a sólo diez metros de una escuela de infantil primaria a la cual acuden cientos de niños de 3 a 12 años de edad en el barrio del Baix Guinardó.

El proyecto impulsado por el consistorio liderado por Ada Colau y por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) cuenta también con el respaldo y la financiación del Govern autonómico. Un apoyo al que ahora se le suman los elogios del delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramon Villalbí. Así se desprende de su respuesta al ser preguntado sobre la idoneidad de la polémica ubicación elegida en el debate “Respuestas al reto de las personas usuarias de drogas sin techo”, celebrado el pasado miércoles, en el cual dejó claro que no ve incompatible que un equipamiento de estas características se sitúe justo delante de un centro educativo. Un colegio considerado, además, de Alta Complejidad por la Consejería de Educación de la Generalitat debido a la delicada situación personal y familiar de parte de su alumnado.

El traslado del centro de toxicómanos en marzo desde su actual sede provisional en el albergue de la Fundación Pere Tarrés, en Les Corts --donde abrió sus puertas en abril de 2020--, ha generado la lógica inquietud del vecindario y de familiares de alumnos de la escuela Mas Casanovas, que temen que se repitan ahora en el Baix Guinardó conflictos de convivencia e higiene como los denunciados en los últimos meses por vecinos de la zona donde se encuentra. Temores a los cuales Villalbí quita importancia, negando la mayor a pesar de que tales incidentes fueron abordados incluso en Audiencias Públicas y en un Consejo del Distrito de Les Corts celebrado el pasado 5 de octubre, en el cual los partidos aprobaron aumentar la vigilancia y reforzar la presencia policial en la zona, entre otras medidas

Villalbí niega problemas

“No hay que tener miedo. En el albergue de Les Corts, el Distrito más pijo de Barcelona, no ha tenido el menor problema”, afirmó el delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, quitando trascendencia al hecho de ponerlo junto a un centro educativo. “Tenemos ciudades compactas, son como son. En una ciudad como Barcelona, con millón y medio de habitantes, puede haber 600 escuelas, hay una escuela por todas partes. La ciudad es diversa, con gente diversa, y tenemos la ciudad que tenemos, hay que funcionar en este contexto. Hay que gestionarlo bien”, fue su respuesta al respecto.

El delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramon Villalbí, en el debate 'Respuestas al reto de las personas usuarias de drogas sin techo' del 2 de febrero de 2022

Villalbí, asimismo, asegura haberse sentido “muy impresionado” cuando visitó el albergue de la Fundación Pere Tarrés, pues según él “era más tranquilo que la mayoría de los bares de la zona" y como un centro sociosanitario. Y se mostró convencido de que en su nueva ubicación existirá “un espacio de seguimiento con participación de vecinos y la escuela”, por lo cual “partiría con confianza, y adelante”.

84 expulsiones por violencia

En ese mismo encuentro virtual participó también una de las partes implicadas en el asunto: la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). Un ente público integrado por el ayuntamiento y la Generalitat que licitó el concurso público por vía de urgencia, y que el pasado 31 de diciembre otorgó el contrato del nuevo centro a la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), misma entidad que en la actualidad ya gestiona el albergue en Les Corts, y que ahora aporta el edificio y su nueva ubicación en el Hotel Aristol de la calle Cartagena. Una elección que se dejó en sus manos, y que ha sido consentida tanto por la ASPB como por las administraciones municipal y autonómica.

Montse Bartrolí, responsable del Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la ASPB, explicó en dicha charla que desde su creación hace algo más de año y medio, un total de 84 residentes han sido expulsados del albergue de la Fundación Pere Tarrés por haber incumplido una de sus normas de funcionamiento básicas, la de no incurrir en la violencia. “Convivir no es tarea sencilla viniendo de la calle”, reconoció. En este sentido, apuntó que a los expulsados se les continúan ofreciendo planes de trabajo fuera del centro.

Traslado a un centro más pequeño y más barato

Bartrolí, asimismo, aportó otros datos, de los cuales se desprende, por ejemplo, que la nueva sede en el Baix Guinardó será más pequeña y más barata que la actual provisional: así, de la capacidad de 70 plazas del albergue de la Fundación Pere Tarrés se pasará a un máximo de 50 en el Hotel Aristol. Un edificio con 22 habitaciones que, por otra parte, tampoco tiene amplias áreas al aire libre como en Les Corts, pues allí los usuarios disponen de un extenso patio en su interior para hacer actividades y de un espacio delante del albergue; las puertas del Hotel Aristol, en cambio, dan directamente a la calle, y apenas cuenta con un par de pequeñas terrazas en la azotea con numerosos aparatos de aire acondicionado, según le consta a este medio. Entre las dos suman un total de unos 50 metros cuadrados, según reveló la gerente de la ASPB, Carme Borrell, en la Audiencia Pública de Horta-Guinardó del pasado 27 de enero, donde admitió además que sus datos son provisionales, pues están “pendientes de tener los planos con más detalle”. Las condiciones de la licitación establecen que el espacio exterior debe ser para un mínimo de 35 personas, y tener capacidad para ofrecer actividades de “jardinería y/o huerto”. Algo que, a priori, parece difícil que con esas dimensiones pueda cumplirse.

Bartrolí, asimismo, explicó que el coste mensual por residente pasará de los 4.498 euros actuales a los 4.209 euros en el Baix Guinardó. Es decir, casi 300 euros al mes menos por persona. El albergue, además de las pernoctas, ofrece actividades de día. En Les Corts, a lo largo de algo más de año y medio, han pasado por el centro 237 personas diferentes.

Los residentes llevan la droga al centro

La responsable del Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la ASPB, por otra parte, también explicó que el albergue tiene salas de venopunción y consumo supervisado por sanitarios para sus usuarios, y que son los propios residentes quienes llevan la droga para su propio consumo. Allí, se les ofrece la posibilidad de analizarla si así lo desean. Las sustancias más consumidas, según reveló, son la heroína, la cocaína y el alcohol. Algo que preocupa a vecinos y familiares de la escuela, pues temen que a partir de ahora prolifere la venta callejera de drogas en las inmediaciones del colegio y en un barrio tranquilo y sin problemas de este tipo.

Bartrolí asegura que estos programas de reducción de daños consiguen reducir el consumo de drogas por parte de estas personas con el paso del tiempo.

Quejas vecinales en Les Corts

A pesar de que tanto los responsables del ayuntamiento y de la ASPB --empezando por su presidenta, la concejal barcelonesa Gemma Tarafa, entre otros--, así como de la Associació Benestar i Desenvolupament, que gestiona el albergue, hayan insistido en las últimas semanas en negar la existencia de problemas --o, como mucho, decir que han sido "contados" y no relacionados con el consumo--, ni tampoco de riesgos para la infancia --apuntando que en Les Corts también hay otro colegio al lado, y que no han habido problemas con los niños--, lo cierto es que en los últimos meses las quejas vecinales han sido numerosas. Residentes de dicho barrio han denunciado en medios de comunicación y redes sociales situaciones de inseguridad y problemas de convivencia, que atribuyen a residentes del albergue y a otros toxicómanos que, atraídos por el efecto llamada, se han instalado en la zona viviendo a la intemperie en los alrededores al no tener plaza en el centro. Conflictos como el consumo y venta de drogas en la calle; presencia de jeringuillas y otros residuos orgánicos en la calzada; personas orinando, durmiendo en bancos y en el suelo, o practicando actos sexuales en plena vía pública; defecaciones presuntamente humanas; griteríos, bullas y enfrentamientos verbales con vecinos, entre otros, según publicó el digital Metrópoli Abierta y han expuesto vecinos en Audiencias Públicas.

Quejas vecinales en el Consejo de Distrito de Les Corts, en el que se aprobó aumentar la seguridad alrededor del albergue de toxicómanos

Entre esos relatos relatos figura el de una vecina de Les Corts que, a finales de septiembre, aseguraba haber visto a toxicómanos fumando presuntamente heroína en la calle, pasando incluso cerca de ellos un grupo de unos 25 niños de un colegio cercano, el Santa Teresa de Lisieux, lo cual le llevó a llamar, según su versión, al 112 para dar aviso.

De la credibilidad de problemas causados por toxicómanos da cuenta el hecho de que la inseguridad en las inmediaciones del albergue de la Fundación Pere Tarrés fue uno de los temas que se abordaron en el Pleno del Distrito de Les Corts del pasado 5 de octubre, en el cual los partidos aprobaron aumentar la seguridad con más presencia policial en la zona y reforzar su limpieza. En el mismo, otra vecina --que decía representar a un grupo de unas 250 personas-- aseguraba incluso que los camellos utilizan señuelos como colgar zapatillas en árboles para marcar sus puntos de venta.

Preocupación de familiares de alumnos

Todo ello ha generado la inquietud y el desasosiego de vecinos y familiares de alumnos de la escuela Mas Casanovas --así como de otras cercanas en el barrio--, que desde que a mediados de diciembre conocieron de forma casual y extraoficial la intención del Ayuntamiento de Barcelona, la ASPB y la ABD de instalar allí el albergue han llevado a cabo diversas protestas. La última de ellas, consistente en cortar las calles Cartagena y Padilla a la altura de la Ronda del Guinardó cada martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.

Su demanda es que el albergue se reubique en otro lugar alejado de cualquier centro educativo, donde no entrañe riesgos para los menores de edad, y que no se acerquen las drogas a las escuelas.

En este sentido, los familiares de alumnos alertan de que la proximidad del albergue interferirá en el día a día de los menores, pues a partir de ahora no sólo tendrán que compartir su espacio público y de esparcimiento con toxicómanos a las puertas del colegio --situado en una calle estrecha y de reducidas dimensiones--, sino también en otros lugares como los Jardines Pla i Armengol --el parque de al lado, al cual van a jugar los niños-- o bien las inmediaciones del club deportivo Martinenc, al que se desplazan para desarrollar actividades deportivas.

Posibles ingresos en prisión

Unas preocupaciones que van en aumento a medida que van conociendo más detalles sobre el centro. Como, por ejemplo, que los pliegos de la licitación contemplen la posibilidad de que algunos de los residentes puedan tener ingresos en prisión que cumplir, enfermedades mentales o infecciosas.

Entre las quejas del vecindario, padres y madres figura también el desamparo, incomprensión y abandono que sienten por parte de unas administraciones públicas que, aseguran, parecen haberse olvidado de otro colectivo vulnerable como es la infancia, cuyos derechos creen que se están atropellando. Asimismo, se muestran sorprendidos por todo el procedimiento seguido, pues no consta que antes de la adjudicación de un equipamiento tan complejo se hiciera, por ejemplo, un estudio previo de su impacto en la zona o de sus riesgos para los menores.

Riesgos para la escuela

En este sentido, los propios borradores y planes de trabajo municipales en los que trabaja el Distrito de Horta-Guinardó, a posteriori y después de haberse firmado el contrato el pasado 31 de diciembre, reconocen de forma implícita esos riesgos con sus medidas de prevención para “reducir el impacto” del albergue, tal como publicó Crónica Global. Entre ellas, algunas como el refuerzo de educadores en las horas de entrada y salida del alumnado; aumentar la vigilancia por parte de la Guardia Urbana, e incluso de los Mossos si es necesario; incrementar la limpieza y la iluminación de la zona; crear una cuenta de e-mail específica para que los vecinos notifiquen incidencias; o bien “saturar espacios”, retirar bancos y vigilar accesos a párkings, por ejemplo. Entre otras razones, para dificultar “pernoctaciones” en los alrededores de la escuela por parte de toxicómanos sin plaza en el albergue. Algo que se asume que puede ocurrir, con el riesgo que ello conlleva. De hecho, los propios borradores municipales contemplan que la ASPB destine educadores si se detectan situaciones de consumo callejero.