Joaquim Bosch: "Cataluña tiene un serio problema de corrupción"

“¿Cómo es posible que en Cataluña se hayan activado tantos millones de euros de forma fraudulenta sin que hayan saltado alarmas internas?”. Joaquim Bosch da respuesta a esta pregunta en el libro La patria en la cartera (Ariel), donde repasa la historia de la corrupción en nuestro país. Juez de Instrucción desde hace 17 años, el magistrado considera "poco ético" que el procés pretenda desviar la atención sobre esas práctica con un discurso victimista. La entrevista entera con Crónica Global se puede ver en este enlace]

--Pregunta: ¿La corrupción es innata a las personas o a las organizaciones?

--Respuesta: No existe un gen específico de tipo cultural, territorial, nacional que predisponga a la corrupción. Y los expertos que la han analizado a nivel internacional, demuestran que está directamente relacionada con la organización de las instituciones. Por eso, países que en el pasado tuvieron serios temas de corrupción, en la medida que han incorporado organismos de control y vigilancia de las instituciones y el poder, han mejorado sustancialmente. Países como Dinamarca, que en el siglo XIX tuvo serios problemas de corrupción, ocupa ahora los primeros puestos en el control de esas prácticas.

--En el libro rechaza un “fatalismo biológico”, pero si todavía no se ha atajado este problema, ¿significa que la sociedad española es tolerante?

--Somos tolerantes en la medida que nuestros gobernantes dan mal ejemplo. La ejemplaridad funciona de arriba abajo, y no de abajo arriba. Esta visión de resignación ante la corrupción se configuró especialmente durante la dictadura de Franco. Siempre ha habido corrupción en nuestro país, como en otros países, pero las decisiones se ven condicionadas por las condiciones de un régimen dictatorial, donde no hay elecciones libres, no hay libertad de información y de expresión, no hay separación de poderes. Por tanto, la corrupción puede campar a sus anchas. Hay un estudio muy interesantes de la entonces Comunidad Económica Europea de finales de los años ochenta que indicaba que España era el único país europeo donde, a la hora de valorar las virtudes de los políticos, no se ponía en primer lugar la honradez. Pero ejemplo de que la sociedad ha avanzado en concepción crítica es que, en los últimos años, de forma muy reiterada, en las encuestas del CIS, la corrupción aparece como una de los tres principales problemas de nuestro país.

--Sin embargo, cuando llegan elecciones, y en Cataluña se tiene esa percepción, la corrupción no pasa factura a los políticos.

--Mi impresión es que Cataluña, precisamente, presenta singularidades muy importantes. Históricamente, desde la Transición, la corrupción no ha pasado factura, aunque, por ejemplo, el Gobierno de Felipe González, acabó muy desgastado y explicó el cambio de ciclo político. El caso de Cataluña es muy singular, pero hay sentencias muy claras sobre casos de corrupción muy claros. La sentencia del caso Palau dejó acreditado que el partido [CDC] recibió de forma delictiva seis millones de euros por mordidas en adjudicación de obra pública, el hijo de Jordi Pujol fue condenado por adjudicaciones fraudulentas de las ITV y en otros sectores empresariales hay otras muchas causas que acreditan indicios de esas conductas semejantes. Hay un problema de corrupción importante en Cataluña. El Instituto de Buen Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, el más importante para analizar la integridad institucional, estudia también por regiones y nos dice que en España, Cataluña es el territorio con más problemas de integridad institucional, seguido de Canarias, Andalucía y Madrid. Otra cosa son las facturas que pueda provocar. Los cambios de denominación de CDC demuestran temor a que la corrupción pueda tener costes electorales.

--¿El informe de la Universidad de Gotemburgo sitúa a Cataluña en cabeza de la corrupción o abarca también otras formas de gestión?

--Se refiere a calidad e integridad institucionales. No nos puede sorprender el dato. Ha habido muchas investigaciones de corrupción en Cataluña, incluso a unos niveles donde ha quedado acreditado que la ideología acaba superada por los intereses en prácticas indecentes. Recordemos el caso Pretoria, que unió a dirigentes socialistas del ámbito municipal con históricos dirigentes de CDC del ámbito autonómico, para distribuirse mordidas y comisiones en todo tipo de adjudicaciones públicas. Hay muchísimos más casos que se están instruyendo ahora mismo. Lo que aprecia el Instituto de Gotemburgo no es una mera apreciación hipotética. Hay datos objetivos, con sentencias y hechos probados que nos dicen que en Cataluña hay un serio problema de corrupción.

 --Pero denunciar la corrupción en Cataluña supone, para algunos, atacar a las instituciones catalanas, algo que también aparece en su libro.

--Desviar la atención del problema central de fondo que es la corrupción es una estrategia habitual. Y una forma de hacerlo es embestir contra los jueces que investigan. En Cataluña se creó esta forma de respuesta, que a mí me parece poco ética, porque la situación del procés es muy compleja y debe generar debates legítimos, pero no pueden enturbiarse con manipulaciones sobre la realidad de la corrupción. Es un problema que debe resolverse y no puede mezclarse con otros que requieren su propio debate. Ese discurso victimista, con cortinas de humo para desviar la atención del problema de la corrupción en Cataluña, tiene precedentes importantes en los primeros años de la democracia que funcionaron y, por eso, se siguen practicando. En el caso Banca Catalana, donde había indicios bastante claros de delito y sabemos que hubo presiones políticas desde el Gobierno central a los fiscales que investigaron, en lugar de debatirse como un caso de corrupción, se construyó un marco de debate sobre el ataque ficticio a Cataluña. Nada une tanto como el enemigo en común. Buscar chivos expiatorios, alentar victimismos, ha funcionado en Cataluña y por eso se intenta repetir.

--¿Qué medidas propone para reducir la corrupción?

--Lo más importante son las medidas de prevención, aunque no son las más populares. Las más aplaudidas son siempre las que suponen el endurecimiento del Código Penal o la mano dura, pero ahí las instituciones ya han llegado tarde, porque la corrupción ya se ha producido, el dinero se ha volatilizado a través de paraísos fiscales, testaferros o empresas pantalla, y la sociedad ya ha fallado cuando se pretende castigar. Sin quitar importancia a ese instrumento de condena. En el caso de Cataluña ¿cómo es posible que se hayan activado tantos millones de euros de forma fraudulenta sin que hayan saltado alarmas internas? Es una cuestión común al resto del país. Hay que reforzar los controles internos, regular mejor la legislación en materia de contratación para que no sea tan fácil adjudicar a amigos y tramas corruptas, hay que garantizar la protección a los denunciantes de la corrupción, generar infraestructuras éticas, como han hecho en países que combaten mejor la corrupción, porque incorporan rutinas de funcionamiento de las que es difícil salirse. Y es muy importante una democratización interna de los partidos, que evite la opacidad de su gestión económica, y un sistema electoral con listas desbloqueadas, como tienen la mayoría de países europeos. Reforzar la separación de poderes y aportar más medios a la Justicia y otros organismos de control del poder político.

--¿Cómo se puede acabar con las puertas giratorias?

--Tenemos un problema que viene de la restauración, desde el siglo XIX. Tuvimos ministros que, al mismo tiempo, eran miembros del consejo de administración de empresas. Las grandes concesiones del Estado del ferrocarril o de las minas eran realizadas por esos ministros a las empresas de las que formaban parte. En la dictadura de Franco se llegó a expresiones máximas. Era habitual que los ministros se fueran de la política a la empresa y volvieran, y la democracia no rompió con esa práctica. Cerca del 40% de los cargos políticos de la democracia han utilizado la puerta giratoria.

--¡Es mucho!

--Es una cantidad muy elevada. Casi la mitad de nuestros cargos políticos más importantes han pasado a formar parte de los consejos de administración sin tener trayectorias empresariales o profesionales previas que lo justifiquen. Si una gran empresa no paga la experiencia o la capacidad profesionales, está claro que lo que está pagando, además con sueldos desorbitados, son las relaciones. Y eso genera dos problemas importantes. Si un presidente del Gobierno, que también los ha habido, o estos cargos han hecho algún mérito a favor de estas empresas para tener luego el favor es una duda más que razonable que se tenga. Y en segundo lugar, si un ministro, cuando deja un gobierno, a la semana siguiente, puede conseguir beneficios para la empresa que le paga, son contrarios al interés general. Normalmente, cuando se realizan este tipo de contactos y relaciones, suele ser para lograr un trato preferente. Se trata entonces de un problema que debería resolverse con mecanismos de incompatibilidad mucho más estrictos que dificulten que un ministro salga de un Gobierno e inmediatamente pueda estar en una gran empresa con capacidad de influir. La ley es muy insuficiente, habla solo de un período de dos años, que es muy corto, para ir a una empresa del mismo ramo de que se ha sido ministro. No hace falta que sea del mismo ramo. Un ministro por ejemplo del Interior puede tener una enorme capacidad de influencia sobre el Gobierno que deja para fichar por una compañía de cualquier sector. Deberían ampliarse hasta al menos cinco años y sin relación con el ramo en que se ha ejercido el cargo.

--En el libro alude a que un menor activismo social y político limita la vigilancia de esas malas prácticas por parte del ciudadano.

--Efectivamente, un menor control ciudadano facilita la circulación de tramas corruptas. Una ciudadanía más informada, activa y exigente como hay en otros países como Alemania o Escandinavia, conlleva que haya menos corrupción. Y también más participativa en democracia, eso es importante. Toda la actividad política ha sido monopolizada por los partidos y hay pocos espacios de participación, como iniciativas legislativas, muy complicadas en España. O consultas populares, refuerzo de entidades cívicas. Es una contradicción, pero tenemos los partidos más poderosos de la UE, pero con una afiliación bajísima y una vida democrática interna casi nula. Son gigantes, en cuanto a la capacidad de decidir, pero a nivel interno tienen debilidades.

--La corrupción se ha ido sofisticando con el paso del tiempo. ¿Adaptarse a ello es una tarea imposible para los jueces?

--Es muy complejo y ahí está uno de los problemas que apuntaba antes, la falta de medios. Las tramas corruptas disponen de grandes expertos en ingeniería financiera. Lo primero que hacen es esconder el rastro del dinero. Los delitos asociados a la corrupción no están a la vista, como un asesinato o unas lesiones que dejan marcas. Muchas veces ni se sabe que han existido. Son invisibles. Tienen más medios las tramas corruptas para eludir la acción de la Justicia que los que tenemos los jueces. Necesitamos que las fiscalías anticorrupción tengan más instrumentos, que las fuerzas de seguridad especializadas tengan más medios materiales y personales, y necesitamos más peritos expertos.

--¿Los jueces reciben presiones? Hay quien puede pensar que ellos hacen la vista gorda.

--Yo llevo como juez instructor desde hace 17 años, desde el primer día he instruido causas de corrupción y nunca me ha llamado ningún político para decirme lo que debía hacer, y mucho menos para presionarme. En estos ámbitos, las presiones son mucho más sutiles. Vienen de cómo está configurado el sistema institucional, con una cúpula judicial que es el Consejo General del Poder Judicial, que decide sobre premios y castigos. Especialmente en el ámbito profesional, con ascensos en altos tribunales. Con un órgano principalmente configurado por los partidos políticos, no hace falta hacer un gran esfuerzo de conexión para saber que un juez que investiga la corrupción de un partido, que tiene influencia sobre esa cúpula, puede tener problemas de promoción. Todos los jueces que han investigado grandes casos de corrupción en nuestro país han tenido problemas. En el caso Filesa, el juez del Tribunal Supremo, porque había aforados, Marino Barbero sufrió ataques durísimos y presiones, que suelen ser públicas, Y acabó renunciado a su cargo en el Supremo. En el caso Naseiro, es conocido en la profesión que al magistrado instructor Luís Manglano se le cerraron todas las puertas para posibles promociones. En el caso de los ERE, sabemos lo que ocurrió con la juez Mercedes Alaya, que sufrió muchos ataques de los que pidió amparo al CGPJ. En el caso Nóos, el juez José Castro también denunció presiones. Y el más reciente, en la trama Gurtel, el magistrado José Ricardo de Prada fue llamado en el Parlamento filoetarra y todo tipo de calificaciones insultantes.