El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado hoy de que la sentencia del 16 de diciembre de 2020, que establece la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña, ya es firme, tras el rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Consejería de Educación. ¿Qué pasa a partir de ahora?
La Administración educativa catalana viene obligada a su cumplimiento desde hoy mismo. Corresponde ahora a la Generalitat, tal como establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, indicar el órgano responsable del cumplimiento de esta y llevarla a efecto en un plazo máximo de dos meses, según establece el TSJC en su resolución.
Manifestación contra el fallo del TSJC del castellano en las escuelas / EP
Evitar la crispación y el enfrentamiento
A juicio de Escuela de Todos, formada por 14 asociaciones (Asamblea por una Escuela Bilingüe -AEB-, Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, AMES, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el bilingüismo, Plataforma Silenciosa, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Segadors del Maresme, Asociacion de Jóvenes estudiantes Con la libertad) un "mínimo respeto a los principios del Estado de Derecho conduciría a la Generalitat a acatar sin más dilación la mencionada sentencia".
También pide "no profundizar en el clima de crispación y enfrentamiento que intenta generar entre los catalanes al rechazar una obligación tan básica para los poderes públicos como es la de ajustar su comportamiento a la ley y a las decisiones de los tribunales".
Incidente de ejecución
No obstante, la Generalitat debe informar al TSJC de las instrucciones que va a dar para hacer eficaz el modelo de conjunción lingüística en todo el sistema educativo catalán. No existe razón alguna que pueda justificar el incumplimiento de la sentencia por lo que, en caso de que la Generalitat no dé cumplimiento voluntario a la misma, Escuela de Todos ha anunciado que presentará un incidente de ejecución, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el incidente, esas asociaciones pedirán al Tribunal que determine el órgano u órganos que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones que hagan posible aplicar el modelo de conjunción lingüística en el sistema educativo catalán; que fije el plazo en que se debe adaptar el sistema educativo al nuevo modelo; y la concreción de los medios para llevarlo a efecto.
Una niña camina por un pasillo de su colegio / Ricardo Rubio (EP)
Sobre la forma de aplicar el fallo, el Departamento de Educación deberá dictar instrucciones dirigidas a todos los centros educativos catalanes para que modifiquen los proyectos lingüísticos que no respeten al menos un 25% de materias troncales o similares en castellano y en catalán. A su vez, la Inspección de Educación debe garantizar el cumplimiento de estas instrucciones. Tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como el Código Penal, recuerdan desde estas asociaciones, "ofrecen herramientas para impedir y sancionar cualquier medida dirigida a entorpecer la plena eficacia de las decisiones judiciales firmes".
La papel del Gobierno
El Gobierno de España, a su juicio, "tiene obligación de garantizar la enseñanza en castellano en todo el sistema educativo español y eso incluye también a Cataluña, por lo que debe velar desde la posición privilegiada y relevante que tiene en el procedimiento judicial para que la Generalitat ejecute la sentencia que reconoce un mínimo de 25% de clases en castellano a fin de garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalanes".
El 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, visitando la escuela de Canet de Mar donde una familia pide ejecutar la sentencia del 25% de castellano / EFE
La sentencia indica que el cumplimiento debe ser inmediato; por lo tanto, no necesariamente debe esperarse el plazo de dos meses previsto en el art. 104.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para cumplir de forma voluntaria la resolución. "La sociedad española y la catalana en particular están reaccionando con responsabilidad y mostrando de manera clara su voluntad de no dejar pasar esta ocasión para poner fin a la apropiación nacionalista de las aulas; pero es preciso que todos los actores políticos se comprometan en asumir el cambio inexorable que se va a producir en el modelo lingüístico en las aulas catalanas", señala el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Escuela de Todos aboga "por la defensa de un modelo de convivencia en la escuela catalana respetuoso con los derechos lingüísticos y acorde con los valores democráticos que defendemos".