La Generalitat también ampara el albergue de toxicómanos a diez metros de un colegio de Barcelona

Con una mezcla de angustia, indignación, desasosiego y miedo por lo que pueda ocurrirle a sus pequeños a partir de ahora. Con esas sensaciones viven los familiares de alumnos de la escuela Mas Casanovas desde que, poco antes de las fiestas navideñas, conocieron de forma casual que el Ayuntamiento de Barcelona piensa instalar un albergue para medio centenar de personas sin hogar adictas al alcohol y las drogas a apenas diez metros de este colegio de infantil y primaria, al cual acuden centenares de niños de 3 a 12 años. Una decisión que consideran “un grave error”, que piden que se rectifique, y que ya ha dado lugar a una concentración de protesta, a pesar de lo cual el consistorio sigue, a día de hoy, sin dar señales de ceder.

El centro de toxicómanos en cuestión se ubicará en el Hotel Aristol, justo en la acera de delante de esta escuela considerada de Alta Complejidad, después de que la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) –de la cual forman parte el ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña-- haya licitado su gestión a la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), que en la actualidad ya se encarga de este albergue desde su creación, hace año y medio, en su ubicación provisional en la Fundació Pere Tarrés del barrio de Les Corts. El contrato tiene fecha de entrada en vigor desde el pasado 1 de enero, y su traslado culminará en marzo.

Las familias, en vilo

Esta situación tiene en vilo a los padres y madres de la escuela Mas Casanovas, pues este mismo albergue ya ha generado problemas de inseguridad, convivencia e higiene en Les Corts como, por ejemplo, consumo y tráfico de drogas en sus inmediaciones, jeringuillas tiradas, orines, defecaciones y otros desperdicios en plena la calle, gritos y bullas, según denunció el digital Metrópoli Abierta el pasado 30 de septiembre. Unos conflictos que, por otra parte, algunos vecinos han expuesto también en Audiencias Públicas de dicho distrito, e incluso trasladado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una visita al barrio el pasado mes de octubre, según afirman algunos de ellos en sus redes sociales.

Vecinos del Guinardó, familiares de alumnos y miembros de la Asociación de Padres y Madres (AFA) de la escuela Mas Casanovas --constituidos en la Plataforma Reubicació Alberg Hotel Aristol-- no se explican cómo ahora el consistorio pretende ubicar ese equipamiento a apenas 10 metros de un colegio. Y advierten sobre el peligro que supone acercar tanto las drogas a un colectivo de máxima vulnerabilidad como es la infancia. En este sentido, no se explican cómo es posible, por ejemplo, que el consistorio “contemplara en una de sus ordenanzas municipales de 2016 no instalar centros de consumo de cannabis a 100 metros de las escuelas, y ahora vaya a poner un albergue para toxicómanos con sala de venopunción a las puertas de un colegio. No tiene ni pies ni cabeza”, relata a Crónica Global un miembro de la AFA.

Los niños pasarán por delante

Otra madre de la AFA advierte que, si ya en Les Corts este albergue estaba cerca de una escuela, ahora lo estará mucho más: “La calle Mas Casanovas es estrecha, tenía un carril de circulación, no es como la Calle Numancia, que tiene varios y su separación es mayor. Además, en el albergue de la Fundación Pere Tarrés hay un patio y un espacio al aire libre para sus residentes, cosa que aquí no se da: la puerta de acceso al Hotel Aristol da directa a la acera, que aquí es muy pequeña. ¿Qué pasará con nuestros niños cuando tengan que pasar, sí o sí, cada día por delante, al ir y venir de sus casas? ¿Qué ocurrirá con los pequeños cuando vayan a hacer sus actividades en grupo, por ejemplo al recinto modernista de Sant Pau, que está al lado? Cuando el semáforo de la calle Cartagena esté en rojo para ellos, estarán literalmente en la puerta del albergue, con los toxicómanos entrando y saliendo. ¿Y con los jardines Pla y Armengol, el parque que hay junto al cole, al que van a jugar los niños? Ya no se podrá ir”, comenta. Además de advertir del previsible "efecto llamada" que se producirá con otros toxicómanos que no residirán en el centro, algo que ya denunciaron vecinos de Les Corts.

Los familiares de alumnos dejan claro que su oposición no es al equipamiento en sí, sino al lugar elegido para ponerlo. Un emplazamiento que aporta la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) --única entidad que, según afirman, se presentó a este concurso de licitación tramitado por vía de urgencia--, lo cual no se explican. Como tampoco que desde el ayuntamiento les digan que no hay otro lugar para ponerlo: un hotel cerrado por la pandemia, como tantos otros en la ciudad. “Además, hemos visto publicado en prensa que el gerente del hotel dice no saber nada del tema, y que tiene la licencia hotelera vigente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no explican nada?”, se preguntan miembros de la AFA.

Parches

Además del rechazo del ayuntamiento a buscar otra ubicación para el albergue de toxicómanos, también han causado malestar entre los familiares otras de sus decisiones, como las contrapartidas que, según señalan, algunos responsables municipales ofrecieron en la hasta ahora única reunión que han tenido en el Distrito de Horta-Guinardó, el pasado 23 de diciembre, en forma de inversiones para la escuela. Unas mejoras que, advierten, tendrían que realizarse de todas formas, aunque no se instalara el albergue.

Asimismo, lamentan que, en lugar de rectificar y llevar el albergue a otro lugar, desde el Distrito les presenten ahora, con el proyecto ya adjudicado, un borrador para elaborar un plan de prevención con el fin de “reducir el impacto” que tendrá en sus alrededores, y sobre el cual está trabajando. Un documento inicial de un par de hojas que contiene propuestas muy genéricas como “una prospección de entornos” para llevar a cabo modificaciones en la ubicación de bancos --ante la escuela hay dos-- y accesos a párkings; la “saturación de espacios con facilidad de permanencia” que hay alrededor del centro; o el refuerzo de la iluminación de la calle. En el caso concreto de la escuela Mas Casanovas, se plantea un “refuerzo de educadores” a las horas de entrada y salida del alumnado; una coordinación y seguimiento con servicios de Guardia Urbana; o una “revisión de los visuales del nuevo centro hacia la escuela (ventanas y otros puntos)”.

Ventanas con vistas

En efecto, las habitaciones del futuro albergue de toxicómanos tienen vistas directas sobre el patio y el colegio. “Ni siquiera consta que haya un plan de seguridad para la infancia, ni una valoración de por qué se considera que esta ubicación es idónea para traer un centro de drogodependencia”, lamenta una madre de la AFA. Asimismo, advierte de que, aunque el contrato es por un año y prorrogable, en la reunión de diciembre se les trasladó que el albergue permanecería más tiempo, “cuatro o cinco años como mucho”.

Los familiares creen además que la presencia del albergue pondrá en peligro la continuidad de la escuela: “A partir de ahora, ¿quién se querrá matricular aquí, quien va a querer venir? ¿Y cuántos alumnos se irán?”, se preguntan. Y acusan al consistorio de haber actuado con secretismo, pues según ellos en el ayuntamiento conocían la decisión desde octubre, “y no se nos dijo nada, a pesar de que mantuvimos contactos sobre otros asuntos como la pacificación del tráfico” de alrededor de la escuela.

Falta de transparencia

Mientras tanto, las instituciones implicadas en el asunto mantienen una llamativa falta de transparencia tanto ante las partes más afectadas –vecinos y familiares de alumnos de la escuela-- como ante la opinión pública. Consultadas por Crónica Global sobre este albergue para toxicómanos, tanto la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) como la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) eluden dar explicaciones, y remiten a la respuesta que da el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes municipales se han limitado a comentar a este medio que “este equipamiento pionero en Cataluña lleva funcionando durante año y medio en Les Corts con muy buenos indicadores sociales y de salud en personas sin hogar que sufren adicciones a sustancias, principalmente alcohol. Tal como se comentó durante su puesta en marcha, en el contexto de emergencia sanitaria inicial provocada por el Covid-19, la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona es que se mantenga en la ciudad. Cuando esté decidido el nuevo emplazamiento se comunicará oportunamente”, apuntaban el pasado 5 de enero. Al ser repreguntadas estas mismas fuentes del ayuntamiento dos días después sobre si el traslado se hará en marzo –fecha que corroboraron--, añadieron que “hay que comprobar que el equipamiento aportado por la entidad (no por el ayuntamiento) reúne las condiciones necesarias”. A día de hoy –casi dos semanas después--, el consistorio sigue sin dar señales de que vaya a rectificar su decisión.

Este medio intentó, sin éxito, que estas fuentes municipales respondieran otras preguntas vía email; entre ellas, aclarar si el contrato –con vigencia desde el 1 de enero-- está ya firmado y en vigor, si no creen que hay riesgos para la salud mental y física de los niños, o si se buscará otro lugar.

Aval de la Consejería de Salud

La primera respuesta del municipio fue prácticamente idéntica a la que, el pasado jueves, fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat dieron a Crónica Global al ser cuestionadas sobre el asunto --la ASPB forma parte de la Agencia de Salud Pública de Cataluña de la Generalitat--, con el añadido de que “cuando estén plenamente decididos los detalles para el traslado hacia el nuevo equipamiento (que en ningún caso será antes del mes de marzo), la intención es hacer una rueda de prensa para explicar todos los detalles y responder las preguntas oportunas”. “Este es un proyecto que lidera el Ayuntamiento de Barcelona a través de la ASPB, y que tiene todo el apoyo del Departamento de Salud”, apostilla esta consejería  en su respuesta a las preguntas formuladas por este medio por correo electrónico.

Al igual que en el caso del ayuntamiento, la Consejería de Salud de la Generalitat eludió responder otras preguntas trasladadas vía email, como por ejemplo si ven compatible un albergue para toxicómanos y una escuela justo delante; si, vistos los problemas de convivencia e higiene que vecinos de Les Corts aseguran haber sufrido con este centro, creen que ello puede entrañar riesgos para la salud de los niños de la escuela Mas Casanovas; y si debería ubicarse en otro lugar. Por su parte, desde el Consorci d’Educació --integrado por el ayuntamiento y el Govern autonómico-- responden que se trata de una iniciativa del consistorio de la cual tienen constancia desde diciembre y en la que no han participado. Y que ahora se colabora con el Distrito para que el equipamiento no tenga impacto en la comunidad educativa.

Carta a la alcaldesa

Familiares de la escuela Mas Casanovas y la AFA enviaron a finales de diciembre una carta a la alcaldesa Ada Colau para exponerle su indignación y desamparo, reclamarle que ubique el albergue en otro lugar y recordarle que en ese colegio público están escolarizados, además, “menores que provienen de situaciones muy difíciles, que necesitan mucha tranquilidad y apoyo, además de niños con capacidades diferentes”, entre otras apreciaciones. A principios de enero, los padres recibieron un breve email desde alcaldía a modo de acuse de recibo, comunicándoles que "próximamente" contactarán con ellos "para darles una respuesta" sobre el albergue frente a la escuela Mas Casanovas. A fecha de hoy, siguen sin tener más noticias.

Otra de las quejas de familiares de alumnos es que, con todo esto, “se esté intentando confrontar a dos colectivos vulnerables”, así como “el discurso de culpa que se nos trata de trasladar" desde determinados responsables municipales y usuarios de redes sociales, según afirma un padre. El perfil de Twitter de la plataforma de familiares Infants Segurs asegura que se les ha llegado a tildar de "aporofóbicos", cuando "desde la Administración no se han molestado en saber cuál es la realidad de nuestras familias. Han intentado darle la vuelta a la tortilla tachándonos de insolidarios, y eso no es cierto".