Entidades constitucionalistas llevarán al Govern al Tribunal de Cuentas por su acuerdo contra el 25%

Las entidades constitucionalistas Convivencia Cívica Catalana y Hablamos español han recurrido el acuerdo del Govern que blinda a los profesores y claustros que desobedezcan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un mínimo del 25% de las clases en castellano. El presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, considera que es "ilegal" el hecho de poner servicios de asesoramiento y defensa jurídica a profesores y otras personas que se sientan "atacados" y que "sufran ataques ilegítimos por defender el uso del catalán", según explicó la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja. Por ello, como ha sabido Crónica Global tampoco descartan llevar este asunto al Tribunal de Cuentas para que "todo el dinero que se haya gastado el Govern lo tengan que devolver como personas físicas". 

Escolano critica que el Ejecutivo "esté usando, una vez más, dinero público para un uso particular", como es "pagar la defensa de funcionarios que van a incumplir la sentencia" del TSJC, lo cual es "un delito". En declaraciones a este medio, vaticina que el recurso tendrá recorrido porque existen antecedentes. 

"Vulneración a la neutralidad política"

"El Govern está usando la administración para hacer un posicionamiento político", lo cual "vulnera la neutralidad política". Desde Convivencia Cívica lo ven comparable a que se cuelgue una pancarta en la fachada de la Generalitat, ya que se están usando "medios públicos para un uso partidista" como es defender a los profesores que incumplan la ley. 

El TSJC podría tardar unos ocho o nueve meses en manifestar si declara nulo el pacto del consell executiu, según explican desde las entidades. Mientras tanto, el acuerdo sigue vigente. Por ello, desde Hablamos Español aseguran que no van a "pasar por alto ninguna acción de este tipo" y estarán pendientes de si "algún docente o alguna dirección de algún centro va más allá de lo legalmente permitido". 

Aviso al Govern

"Vamos a buscar todos los resquicios legales", advierte su presidenta, Gloria Lago, quien asegura que "no habrá nadie de la Generalitat que pueda ser acusado de prevaricación que se quede sin su denuncia". 

Las dos entidades creen que es "muy grave" que desde la administración se "amenace" a quienes defienden los derechos de los castellanohablantes. "No pueden usar recursos públicos para atacar a los que defendemos la cooficialidad lingüística", avisa Lago.