El muro del Govern contra el 25% de castellano, denunciado a la justicia

El blindaje del Govern a los profesores y claustros que hagan caso omiso de las sentencias que promueven la enseñanza bilingüe en Cataluña ha terminado ante la justicia. Convivencia Cívica Catalana y Hablamos español han recurrido el acuerdo del Ejecutivo catalán que arropa a los profesores y claustros que desobedezcan el mandato judicial para educar en las dos lenguas en la región. 

Intervención fr Pere Aragonès, discurso fr Sant Esteve (26/12/2021) / PARLAMENT DE CATALUÑA

En una nota pública, las dos entidades han anunciado hoy que han interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra un pacto que contempla el uso de todos los medios jurídicos que la Generalitat tenga "a su alcance" para preservar la inmersión monolingüe en las escuelas catalanas. 

"Incumplimiento de sentencias"

Las agrupaciones denunciantes alertan de que el citado pacto fomenta el "incumplimiento de las sentencias" tanto del Tribunal Supremo como del propio TSJC sobre la enseñanza en Cataluña. 

Lo que es más, Convivencia y Hablamos español creen que la toma de posición del bipartito "ampara conductas manifiestamente ilegales". Supone, asimismo, una "amenaza a las entidades que defienden el bilingüismo, utilizando la Administración autonómica para fines particulares de ERC". Con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), la Administración autonómica se aleja de "la imparcialidad que se exige a la Administración pública en un Estado de derecho", tal y como alertan ambas organizaciones de defensa del bilingüismo en su recurso. 

"Ataque al Estado"

A este respecto, las dos plataformas tildan de "gravísimo" que la Administración autonómica utilice recursos públicos para "amenazar" a las entidades que defienden "los derechos de los castellanohablantes con acciones de todo tipo". El acuerdo de Govern, subrayan, contempla "pagar la defensa de aquellos que decidan incumplir sentencias firmes". Con ello, consideran que se perpetra "un grave ataque contra el Estado de derecho". 

En este escenario, las dos entidades inciden en que se debe declarar la "nulidad" del acuerdo. El recurso al TSJC, avanzan, es un "paso previo" a exigir responsabilidades de los gobernantes en Cataluña si se destinara "dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que defendemos los derechos de los castellanohablantes en Cataluña".