Escuela de Todos ha denunciado las "presiones" del Govern a profesores y claustros universitarios para blindar la inmersión monolingüe en catalán en las escuelas de la región. La asociación cívica ha rechazado la instrumentalización de docentes y órganos de gobierno y ha recordado que es la Generalitat la responsable de hacer cumplir las sentencias que establecen un mínimo de 25% de clases en castellano.
En una nota, la entidad alerta de votaciones contra las resoluciones judiciales en los claustros. Ello supone una "instrumentalización de los centros educativos" que, cree Escuela de Todos, debería provocar la intervención de la Alta Inspección Educativa. Se impone una investigación porque los manifiestos "políticos" en los gobiernos de los colegios atentan contra la "convivencia" y supone una "práctica deleznable".
Contra las "represalias"
La asociación tilda de "desolador" el acuerdo del Gobierno catalán para blindar la inmersión en una sola lengua. Detecta Escuela de Todos "amenazas de represalias" a los trabajadores públicos que denuncien las irregularidades. En el sentido contrario, afea la agrupación que se "ampare a los desobedientes".
La misma fuente, que ha enviado su queja a las administraciones públicas nacionales y comunitarias, el Síndic de Greuges y El Defensor del Pueblo, subraya que las mociones en defensa de la inmersión aprobadas en los claustros son "ilegales". Estos textos ponen "presiones" sobre los profesionales y suponen la "utilización política de los menores".
"No" al incumplimiento de resoluciones
La queja pública advierte de que las tomas de posición de los claustros vulneran las "resoluciones judiciales" y sitúan a las escuelas fuera de la Constitución. Lo que es más: si los claustros se posicionan contra el 25% de castellano en las aulas, "se está obligando a los trabajadores públicos a pronunciarse públicamente sobre un tema de carácter político".
Ello, pues, atenta contra la "libertad ideológica" de los docentes. El rechazo escolar a las sentencias que corrigen la inmersión va en dirección contraria a la del código deontológico de los enseñantes, considera la entidad.
Uso de menores de edad
En relación a la composición de los claustros, la asociación civil enfatiza que en algunos órganos colegiados participan estudiantes. "Resulta de todo punto inapropiado que [los pronunciamientos] sean debatidos en órganos en los que participan alumnos menores de edad, en algunos casos, como vemos, de no más de 10 años", critica la plataforma.
Se trata de "adoctrinamiento" promovido por las autoridades públicas que "debería ser rechazado de manera directa y contundente".