Junts y PDECat, la batalla final

Ni el espíritu navideño logra que PDECat y Junts per Catalunya (JxCat) aparquen sus diferencias. Ambos partidos afrontan un nuevo año 2022 decisivo, ya que la Justicia debe resolver grandes cuestiones como la apropiación de siglas electorales y la responsabilidad patrimonial ante el caso Palau. Pero la formación liderada por Carles Puigdemont insiste en una épica que, según sus antiguos compañeros de partido, es falsa, pues niega sus orígenes convergentes. La cuenta atrás hacia las elecciones municipales avanza y PDECat mantiene todavía un poder municipal.

Una de las principales pugnas que los herederos de CDC lidiarán en 2022 tendrá como escenario los juzgados. El 15 de marzo está previsto que se celebre el juicio por la apropiación de la marca electoral que PDECat atribuye a JxCat.

Así, mientras que el partido presidido por David Bonvehí acusa a Junts de arrebatar su capital político y arrogarse como propios cargos públicos que no son suyos, JxCat reprocha a sus antiguos compañeros de partido que politice la causa con una demanda --de 50 folios—cuando, en su opinión, todo se debe a un defecto de forma en la constitución del nuevo partido.

En respuesta a una vista preliminar celebrada en septiembre de 2020 –el proceso ha registrado varios retrasos--, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez enviaron una carta a los alcaldes de PDECat con la intención de convencerles de que se cambiaran de partido. Lo hicieron tirando de chantaje emocional, esto es, recordando “el exilio” y la cárcel, pues Sànchez todavía estaba encarcelado por el 1-O.

“Nos atrevemos a pedirte desde Waterloo y Lledoners, y como cargo electo que eres, que nos ayudes a hacer más vivo, más fuerte y más eficaz el proyecto de Junts para que Junts te ayude también a ti a gobernar mejor y a representar con más fuerzas a tus vecinos, vecinas y a tu localidad en el conjunto del país. Sois muchas las personas que en las pasadas elecciones municipales decidisteis implicaros en los diferentes proyectos municipales y nos habéis reclamado –y con razón— la ordenación de nuestro espacio político. Este momento ha llegado y te invitamos a ser partícipe”, indicaba la misiva.

Los alcaldes de PDECat

PDECat tiene cerca de 200 alcaldes y, hasta ahora, ésta ha sido su principal fuerza política. Además de los derechos electorales que mantiene. Pero Junts se niega a reconocer que los recursos, tanto humanos como económicos, de los que dispuso cuando debutó en las urnas el 21 de diciembre de 2017, procedían del partido del que se escindió. Así se lo ha recordado la consejera nacional de PDECat, Sílvia Mayor, a quien fue uno de los gurús mediáticos de Puigdemont, Jaume Clotet, después de que éste escribiera hace unos días que “el 21 de diciembre de 2017, JxCat fue la fuerza independentista mas votada. Aquella campaña, sin recursos, con un partido nuevo y con todo en contra, fue la campaña de nuestra vida. Gracias a todos los que la hicieron posible”. La reflexión coincidía con el cuarto aniversario de esa reunión –en la imagen aparecen Jordi Puigneró, Damià Calvet, Albert Batet y Elsa Artadi--, que Clotet describe, a juicio de PDECat, con falsedades.

“Convergentes de toda la vida haciendo ver que no saben de donde vienen y añadiendo épica al proyecto de Junts que es todo marketing”, aseguran desde PDECat.

Subvenciones

El Boletín Oficial del Parlament publicado el 7 de julio de 2020 daba cuenta de la información contable relativa a las subvenciones de 2018 a los grupos y subgrupos de la cámara, así como de la coalición entre CDC y PDECat de la que surgió JxCat. Así, de los 4,5 millones recibidos, JxCat abonó a Convergència 2,3 millones, mientras que PDECat sólo recibió 944.480 euros.

Pero la situación de este partido es muy delicada. Tras aplicar un tercer ERE y la marcha de Àngels Chacón --su cabeza de lista en las autonómicas del 14F donde no obtuvieron representación— para liderar una confluencia catalanista, PDECat está pendiente de que la Audiencia de Barcelona resuelva sobre la petición de la fundación privada Orfeó Català-Palau de la Música para que tanto esta formación como Junts per Catalunya, en calidad de herederos de Convergència, devuelvan el importe de las comisiones ilegales pagadas por el caso Palau por valor de 6,6 millones. Los embargos ordenados hasta el momento no cubren esta cantidad.