PDECat y JxCAT airean sus trapos sucios ante la juez

La pugna entre PDECat y Junts per Catalunya no solo se mantiene, sino que se recrudece. La vista previa por las medidas cautelares pedidas por la formación heredera de CDC contra el partido de Carles Puigdemont ha sido escenario del cruce de reproches entre ambas partes, cuyo origen está en la demanda por la apropiación de la marca electoral que PDECat atribuye a JxCat.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona ha celebrado la vista, después de que PDECat haya solicitado, a la espera de la sentencia definitiva, que JxCat suspenda sus actos de partido. Además de los abogados de ambas formaciones, también ha intervenido el letrado que representa a los militantes que constituyeron el nuevo partido, que son codemandados.

Politización

Así, mientras la abogada de PDECat, Eulàlia Bartomeu, ha acusado a Junts de arrebatar el capital político de la nueva CDC y arrogarse como propios cargos públicos que no son suyos, el letrado de JxCat, Agustí Carles, ha reprochado a la letrada que politice la vista cuando la discusión se basa, según la demanda de 50 folios presentada, en un defecto de forma en la constitución del nuevo partido. El abogado de los militantes codemandados se ha referido al “intento de solucionar por la vía judicial lo que no se ha podido solucionar por vía política, algo que está a la orden del día”.

David Bonvehí (i), presidente del PDECat, y Carles Puigdemont, líder de JxCat (d) / EFE

En su intervención, el abogado Agustí Carles ha invocado un defecto formal por falta de capacidad procesal en la presentación de la demanda, ya que a su juicio y según los estatutos de PDECat, es el Consell Nacional la debe legitimarla y no la ejecutiva. Ha advertido de que la suspensión de los actos de JxCat que reclaman los demandantes “vulneraría el derecho de participación, pues bloquearía un partido que ya tiene 4.110 afiliados, que pagan 120 euros de cuota al año, por lo que el daño económico a quienes no pueden ejercer sus derechos políticos ascendería a 493.200 euros”.

"Un presidente instrumental"

“Es un proyecto que coge fuerza. Solo la vía penal puede impedir que un partido funcione. Es un fraude de ley y se provocaría un daño económico irreparable”, ha dicho.

Afirma el letrado que no es aplicable el Código Civil de Cataluña --se trata de una demanda civil--, pues “los partidos políticos tienen una regulación propia, pues está sujeta a la ley de asociaciones y la ley partidos”

La abogada de PDECat cuestiona la formalidad de la asamblea del 27 de junio para constituir JxCat, con la elección de un “presidente instrumental”, Carles Valls. Ha acusado al nuevo partido de pretender apropiarse del capital político, “pues JxCat asegura en un vídeo que tiene 3.000 cargos, cuando en realidad pertenecen a PDECat”. Ha asegurado que la ejecutiva la que está legitimada para presentar la demanda.

La defensa de los militantes codemandados se ha preguntado: “¿Quién determina el capital político o la imagen de un partido? Hemos visto estos días la ruptura de carnés”.

Los inicios del nuevo JxCAT

JxCAT nació en diciembre de 2017 como coalición entre PDECat y CDC. La marca quedó registrada a nombre de la militante Laia Canet, pero a principios de 2020, el entorno de Puigdemont se hizo con las siglas, que en esta ocasión se inscribió a nombre de Carles Valls, Montserrat Morante e Irene Negre.

Carles Valls, que fue elegido presidente provisional, ha comparecido como testigo y ha explicado que recibió una llamada y que no puede precisar cuántas personas formaban parte de la asamblea constitutiva de JxCat. Valls ha dicho que usó una lista de militantes ya establecida, sino que se reactivaron otros nuevos. En una segunda asamblea, ya se redactó una orden del día.

Montserrat Morante, militante de JxCat y que asistió como secretaria de la asamblea constitutiva de junio, a la que asistieron ocho personas, cinco de ellas de PDECat.

Tras las declaraciones de los testigos, el caso ha quedado visto para que la juez decida si acepta las medidas cautelares pedidas.